Por Alfons Luna
Londres/AFP
El jefe de los servicios de inteligencia de Ruanda, Emmanuel Karenzi Karake, fue detenido en Londres a petición de España por la muerte de varios españoles en su país, informaron este martes las autoridades británicas.
La detención causó indignación en el país africano, que culpó de ella a la arrogancia europea y a una maniobra de quienes niegan el genocidio de 1994.
Karake no pertenecía al gobierno hutu acusado del genocidio de tutsis, sino al movimiento rebelde que lo derrocó, pero a éste se le atribuyen también abusos contra civiles.
«Fuimos informados por la policía londinense el 20 de junio de que habían detenido al general Emmanuel Karenzi Karake, jefe de los servicios de inteligencia y de seguridad de Ruanda, en virtud de una orden de detención europea emitida por las autoridades en España», declaró un portavoz del Foreign Office.
«Karake fue detenido por agentes de la unidad de extradición de la policía londinense en el aeropuerto de Heathrow hacia las 09H45 del sábado 20 de junio», indicó un portavoz de Scotland Yard.
Aunque este portavoz dijo que las autoridades españolas lo quieren «por su conexión con crímenes de guerra contra civiles», al parecer los cargos se limitarían a actos de terrorismo vinculados a la muerte de españoles.
En el momento en que se emitió el auto de procesamiento contra Karake, en 2008, España tenía jurisdicción universal que le permitía juzgar a responsables de crímenes contra la humanidad allí donde estuvieran.
La jurisdicción universal fue limitada por el actual gobierno y, según dijo una fuente judicial española a la AFP, Karake es ahora buscado solamente «por lo que le ocurrió a varias víctimas españolas».
El general ruandés, de 54 años, compareció ante un tribunal de Londres el sábado por la tarde y volverá a ser presentado ante el juez el jueves.
El arresto llega siete años después de que la Audiencia Nacional, la principal instancia penal española, lanzara un proceso judicial contra 40 militares ruandeses acusados de genocidio y crímenes de guerra.
El Foreign Office no quiso comentar el arresto pero indicó que existe una «relación profunda y antigua» entre el Reino Unido y Ruanda.
‘Solidaridad europea contra África’
El caso está a cargo del juez español de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y presenta similitudes con la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998.
Pinochet pasó dos años en Londres entre recursos y contrarrecursos y al final no fue enviado a España por razones humanitarias.
La ministra de Relaciones Exteriores ruandesa reaccionó en Twitter calificando de «locura» el arresto.
«La solidaridad europea para humillar a los africanos es inaceptable. Es un escándalo detener a un dirigente ruandés basándose en la locura de los pro-genocidas», escribió Louise Mushikiwabo.
Tras la noticia de la detención, el ministro de Justicia ruandés, Busingye Johnston, anuló una visita a España.
Karake, que fue entre 2008 y 2009 el número dos de la Minuad, la misión de paz ONU-Unión africana desplegada en Darfur, en el oeste de Sudán, entró en el radar de la justicia española junto a 39 otras personas por su supuesta responsabilidad en las matanzas de civiles del Ejército Patriótico Ruandés (APR), brazo armado del Frente Patriótico Ruandés (FPR), el partido dominante actualmente, del presidente Paul Kagame.
El FPR fue un movimiento rebelde que tomó el poder en Ruanda en julio de 1994 poniendo fin al genocidio iniciado unos meses antes, en abril, por el régimen extremista hutu que costó la vida a 800.000 personas, fundamentalmente tutsis.
Tres testigos incómodos
El auto de procesamiento de 2008 -que, como se ha dicho anteriormente, ha quedado reducido por la renuncia de España a la jurisdicción universal- decía que Karake «conocería y aprobaría la matanza de población civil desde 1994 a 1997 en las localidades de Ruhengeri, Gisenyi y Cyangugu, entre las que se encuentra la muerte de tres españoles de (la oenegé) Médicos del Mundo»
Estos tres cooperantes españoles, una mujer, Flors Sirera, y dos hombres, Manuel Madrazo y Luis Valtueña, fueron asesinados en enero de 1997.
Según la prensa española, los tres ayudaron a los supervivientes de una matanza de hutus de la que acusaron al Frente Patriótico Ruandés.
Los dirigentes de la zona habrían ordenado su muerte para acabar con testigos incómodos. Los tres fueron asesinados a tiros en su residencia.