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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
David Morales, El jefe de Justicia Transicional de Cristosal, manifestó que el juicio en contra de los principales responsables de la masacre del Mozote carece de transparencia. «Entonces, el juicio del Mozote en este momento no es transparente. No podemos las partes siquiera saber qué está ocurriendo», dijo Morales en una entrevista con YSUCA.
Morales explicó que el proceso de investigación de los responsables de la masacre de El Mozote inició en 1990, y que después el Estado cerró el caso por un tiempo; posteriormente lo archivó, debido a la aplicación de la Ley de Amnistía; fue hasta 2016 que se reabrió el caso. Asimismo, afirmó que el máximo responsable es el ex ministro de defensa Guillermo García y los militares que dirigían el Batallón Atlacatl, de los cuales aseguró que tres de los máximos responsables fallecieron desde que se reabrió el caso en 2016.
“En este momento hay 13 imputados vivos que representan la cadena de mando, es decir, la principal estructura de mandos militares que llevó adelante la masacre. Han fallecido 131 víctimas, familiares y sobrevivientes desde que se colocó la denuncia original. Entonces, los retrasos, la dilación es muy grave en este caso del Mozote”, agregó.
Morales denunció, además, que a pesar de que ya han transcurrido 11 años desde la sentencia de 2012 que ordenaba obligaciones que el Estado salvadoreño debía cumplir con las víctimas, aún el Estado no se hace responsable. “La representación de las víctimas había solicitado esa audiencia de revisión hace varios meses. Han pasado 11 años desde la sentencia y en ella se ordenaron varias obligaciones que el Estado debía cumplir, empezando por la justicia y luego medidas de reparación. Pero ahora estamos en incumplimiento. Vemos que la justicia está siendo bloqueada nuevamente para llevar a término el proceso penal contra 13 militares que consideramos los máximos responsables de esta masacre”, declaró Morales.
Morales aseguró que las organizaciones defensoras de las víctimas solicitaron detenciones principalmente de Guillermo García por ser el máximo responsable. Después de meses de retraso en la solicitud para la orden de detención que presentaron en febrero de 2023, esta se les rechazó en diciembre del año pasado, mismo mes en el que la Jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo, ordenó la detención de ex políticos por supuesta responsabilidad en la aprobación de la Ley de Amnistía. Morales consideró que las órdenes de detención de ex políticos se hicieron para retrasar el verdadero proceso, además de que no se le notificó a la acusación particular.
“A partir de esta orden de detención contra Rubén Zamora y otros ex políticos, todas las decisiones y diligencias relacionadas con ese aspecto no se nos han notificado a la acusación particular. Es un proceso sin transparencia, de difícil acceso, se están violando garantías de las partes, porque las partes tenemos derecho a conocer las decisiones del tribunal “, dijo.
Por otro lado, mencionó que existieron constantes bloqueos del presidente Nayib Bukele, diputados oficialistas y el ministro René Merino Monroy, que impidieron las órdenes del juez Jorge Guzmán, que en el 2021 estaba por llevar a su proceso final el caso y que repentinamente fue destituido del cargo.
“Estábamos a punto de ir a la etapa final del proceso, y vino esta consumación del golpe de Estado al poder judicial, que el actual gobierno impulsó usando su mayoría oficialista en la Asamblea, y uno de los tribunales afectados fue el que llevaba el caso de El Mozote y el juez Guzmán que estaba por llevar el caso a su etapa final, fue destituido inconstitucionalmente. Obviamente, me parece que hay un propósito político dentro de este golpe al judicial”, afirmó.
Asimismo, Morales denunció que hay un permanente bloqueo al expediente judicial, además de que a la acusación particular no se le permitió acceso al expediente físico, el criterio que según Morales se comenzó a aplicar hace unos meses es de entregar copias virtuales y no físicas. “No hay una reserva dictada, en un proceso que es interés de víctimas directas, sino que de la sociedad entera, las copias digitales tardan meses en entregarse”, declaró.
Finalmente, Morales afirmó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene desde 2021 una supervisión reforzada desde que fue destituido inconstitucionalmente el juez Jorge Guzmán”, y que las organizaciones que representan a las víctimas informaron de todas las irregularidades a la Corte IDH. Esto ocurrió hasta la audiencia privada realizada el 12 de marzo, donde los representantes de las víctimas pudieron expresar los incumplimientos del Estado en relación con la sentencia de 2012 y la violación al proceso por parte de la jueza de instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo.
