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Bruselas / AFP
Toni Cerdà
¿Qué tienen en común el ex presidente brasileño Lula da Silva y al independentista catalán Carles Puigdemont? Sus abogados lo tienen claro: ambos son víctimas del ‘lawfare’, el recurso a procedimientos judiciales para perseguir oponentes, un tema que se invitó este miércoles a la Eurocámara.
En América Latina, Luiz Inácio Lula de Silva denuncia ‘lawfare’ en su contra y contra su Partido de los Trabajadores, así como los ex presidentes del Ecuador Rafael Correa, y del Perú Ollanta Humala, entre otros.
El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró la víspera que esta práctica «se instaló en Argentina» en «los últimos años». Su vicepresidenta y ex presidenta, Cristina Kirchner, denuncia también una «guerra jurídica» en su contra.
Pero, ¿qué es el ‘lawfare’? «Son las formas sutiles, modernas, del siglo XXI que reemplazan a los golpes militares», resume Humala, interviniendo desde Perú en un acto organizado por la izquierda radical y los ecologistas en la Eurocámara en Bruselas.
La Fundación del Español Urgente (Fundéu) describe esta práctica como «el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública o inhabilitación de un adversario político».
«El juez es el instrumento. Siempre hay un hombre invisible detrás (…) que usa todo tipo de disfraces: lucha contra el terrorismo, contra la corrupción, contra la sedición», explica el presidente de Honduras de 2006 a 2009, Manuel Zelaya.
Zelaya fue derrocado en julio de 2009 por el ejército con el apoyo del Congreso y del poder judicial tras virar a la izquierda y alinearse con los países bolivarianos del ALBA, liderada por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez.
Para el ex presidente hondureño, aquellos que constituyeron «la alternativa bolivariana para las Américas» sufrieron el «ataque directo» del «Plan Cóndor número 2 para América Latina promovido por la derecha más reaccionaria y conservadora».
– «Uso estratégico de las leyes» –
El caso de Lula da Silva suele ponerse como ejemplo del ‘lawfare’, máxime cuando el juez anticorrupción Sergio Moro, que lo condenó en 2017 en el marco de Lava Jato, se convirtió en el ministro de Justicia del actual presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Para su abogada Valeska Teixeira, que denuncia el «uso estratégico de las leyes» contra rivales, precisa así que una de las partes de esa estrategia consiste en la elección de la corte «más ventajosa para atacar a un enemigo».
Usar y controlar los medios de comunicación, la detención arbitraria, la reinterpretación de la ley, la falta de un juicio justo o las penas desproporcionadas son otras de las características, explica el letrado Andreu Van den Eynde, en la Eurocámara.
Van den Eynde defiende al político catalán Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión en España por el intento de secesión de 2017. Para los independentistas, el ‘lawfare’ «es un tema también europeo», en palabras de su líder Carles Puigdemont.
El ex presidente regional catalán, que como eurodiputado presidió el acto, se marchó en 2017 a Bélgica para esquivar las acciones judiciales en España. Para sus detractores, es un prófugo de la justicia. Para sus partidarios, busca justicia en Europa.
La justicia española ha fracasado hasta el momento en obtener su entrega. La primera solicitud la retiró, la segunda también después que Alemania aceptara su extradición pero no por el delito más grave y ahora Bélgica tiene suspendida la tercera.
«Hemos demostrado en tiempo real que estábamos ante el ‘lawfare'», asegura su abogado Gonzalo Boye, para quien «mientras se estaba encarcelando a políticos en España», en Bruselas, se les «estaba mandando a su casa por los mismos hechos».
La lucha contra esta práctica necesita «fuerza, valentía y creatividad», asegura Christophe Marchand, abogado de políticos catalanes, pero también del ex presidente ecuatoriano Correa e incluso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
En el caso de Correa, residente en Bélgica y que denuncia una persecución del gobierno de su sucesor Lenin Moreno mediante procesos judiciales para impedir su regreso político, sus abogados lograron frenar las solicitudes de extradición enviadas a la Interpol.
«La lucha no ha terminado (…) Al final del día, queremos que los jueces nacionales vuelvan a la realidad», agrega Marchand, en referencia a las acciones a nivel internacional para contrarrestar, en su opinión, el ‘lawfare’.
