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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Para el próximo 15 de agosto a las 8:30 a.m. fue establecida la audiencia de Evelyn Hernández, alargando más el proceso judicial de la joven criminalizada tras sufrir un parto extrahospitalario el 6 de abril de 2016.
“Yo no se qué es lo que la Fiscalía gana con prolongar este tipo de procesos, y mostrar esta mano tan dura y empeñarse en tener en condena a estas mujeres. Realmente ¿cuál es el peligro que estas mujeres representan para la sociedad?”, manifestó Bertha Deleón, una de las abogadas defensoras de Evelyn.
La joven quien afirmó haber sido violada, manifestó que nunca supo que estaba embarazada hasta el 6 de abril de 2016, cuando comenzó a sentir fuertes dolores de vientre y dio a luz en su propia casa a un bebé que “nació muerto”.
El 15 de febrero de 2019 después de pasar 33 meses en Cárcel de Mujeres, el Tribunal decretó libertad provisional para la mujer de 21 años, al no comprobarse la intención de matar a su hijo.
Según la abogada defensora, las pruebas arrojan que el recién nacido falleció por neumonía aspirativa y que encontraron meconio en los bronquios, lo cual es considerado como una de las causas naturales por las que puede fallecer un neonato.
“Muchas de ellas tienen partos intempestivos; es decir, se genera un desgarre serio y sangramiento, pierden la conciencia y luego se desmayan (…) le están reprochando que una vez parió, tuvo que rescatar al bebé y porque no hizo eso murió. Obviamente creemos que eso es algo desesperado de la Fiscalía. Como no tiene pruebas de forma directa o indirecta para construir la intención, entonces quieren ver cómo lo atan. Al final, siempre está siendo un análisis sesgado de la información que hay en el proceso”, expuso en una entrevista radial.
De acuerdo con la jurista, la mayoría de acusaciones por partos extrahospitalarios son contra mujeres de zonas rurales, con poca educación, poco acceso a información y en su mayoría no tienen una unidad médica cerca ni los recursos económicos para desplazarse. El acompañamiento de la familia es algo de lo que también carecen algunas de las juzgadas.
“Ese es el contexto que las personas no alcanzan a entender, que las mujeres están tan vulneradas que sus propios grupos familiares son los que les están causando daños, tiene autoestima baja; al final, por eso es importante abrir espacios de diálogo para que las personas piensen más allá de lo simple”, dijo. Deleón expuso que no es solo en las cárceles donde son discriminadas estas mujeres; todo inicia desde los hospitales donde son criminalizadas, sin primero averiguar si fue un aborto natural o provocado.
“En los hospitales públicos los testigos de cargo son los propios médicos, y comienzan los interrogatorios como que fueran fiscales. Creo que eso es una violación a todos los derechos de las mujeres. Quienes son las mujeres señaladas, yo nunca he visto un caso en los que el personal de salud que denuncie sea del ginecológico del Hospital de la Mujer (…) y no creo que a esos centros no haya llegado una mujer desangrándose, por haber tenido un aborto espontáneo o una complicación obstétrica; simplemente como pagan se respetan los derechos de las pacientes”, dijo.
La abogada también expuso el trato diferente que reciben las personas en condición de pobreza en el sistema de justicia. “Hombres y mujeres en condición de pobreza, y de clase media para arriba son tratados de forma diferente por el sistema; y estas mujeres todavía la tienen peor, son mujeres, están en condición de pobreza, muchas veces no tiene representación legal de calidad; entonces se suman muchas cosas como para que sus casos no sean resueltos con prontitud”, puntualizó.
Agregó que en su mayoría estos casos se dan más por prejuicios y estereotipos arraigados en la sociedad. “Siempre la carga o responsabilidad va para la mujer. Nadie piensa: probablemente esta niña fue violada por su padrastro o algún familiar, y en el caso que se descubre que hay una violación detrás, siempre se cuestiona por qué no denunció, por qué calló; siempre la mujer se lleva la peor parte”, puntualizó.
El caso de Evelyn no es el único aún hay más mujeres que son encarceladas “injustamente”; según sus defensores, una realidad que en su mayoría viven solo las mujeres pobres de El Salvador, uno de los pocos países de América Latina que tienen una penalización absoluta del aborto.
Según revisiones en juzgados de inscripción realizadas por el estudio “Del hospital a la cárcel” de enero de 2000 al 2014, 147 mujeres fueron procesadas por aborto y por homicidio agravado.
