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Por Leonel Herrera*
Santa Marta es una comunidad histórica, repoblada por exiliados y ex combatientes de la guerra civil, que se levantó de las cenizas para convertirse en un ejemplo de organización y desarrollo social en El Salvador. Su apuesta por la educación, la salud, los servicios básicos, la agroecología, la conservación de su memoria histórica, entre otras cosas, la hacen una comunidad rural atípica en el entorno empobrecido y ultra conservador del departamento de Cabañas.
A inicios del conflicto armado Santa Marta y comunidades aledañas fueron víctimas de varias masacres cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares (masacres del Río Lempa, Santa Cruz, Peña Blanca…) que las obligaron a huir masivamente (unas 8,000 personas) hacia Honduras y establecerse en campamentos de refugiados apoyados por Naciones Unidas y ONGs internacionales. Entre 1987 y 1992 retornaron al país a refundar su comunidad, en un lugar en ruinas, devastado por la guerra. Ahí se levantaron como ave Fénix.
Para gestionar cooperación solidaria y coordinar su proyecto de desarrollo integral, la comunidad Santa Marta creó la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) en marzo de 1993. Con fondos donados por iglesias y agencias de cooperación de Canadá, Estados Unidos, Austria, Alemania, España y otros países, ADES ha realizado cientos de proyectos de educación, salud, agua potable, saneamiento, infraestructura básica, talleres vocacionales, micro créditos productivos, etc.
Desde sus inicios, ADES no limitó sus proyectos a Santa Marta, sino que se expandió a otras comunidades de Cabañas y de otros departamentos, sobre todo Cuscatlán, Chalatenango y San Vicente. Actualmente incide a nivel nacional a través de espacios como la Mesa frente a la Minería, el Foro de la Salud y la Alianza contra la Privatización del Agua. ADES también integra espacios internacionales de organizaciones y movimientos sociales, entre éstas la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN) y la Red Latinoamericana de Mujeres.
Cuando Pacific Rim y otras corporaciones transnacionales intentaron explotar proyectos mineros en Cabañas y otros lugares de la zona norte, Santa Marta y ADES tuvieron un rol clave para librar al país de los graves daños que esta nociva industria habría causado en el agua, el medioambiente, la salud, la agricultura y la continuidad de la vida misma, dada la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y el deterioro ambiental del país, sobre todo de los recursos hídricos.
Santa Marta y ADES informaron sobre los graves peligros de los proyectos mineros, organizaron la resistencia en el territorio, realizaron estudios de impacto de la explotación minera, promovieron una articulación nacional de organizaciones contra la minería, buscaron aliados internacionales y aportaron significativamente a la construcción del amplio consenso nacional anti minero que condujo a la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017.
ADES y sus aliados internacionales, especialmente en Estados Unidos y Canadá, también incidieron en el fallo favorable para el Estado salvadoreño dado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), ante la demanda de Pacific Rim/Oceana Gold que exigía al país una “indemnización” de 250 millones de dólares por haberle negado el permiso de explotación de la mina El Dorado, en el municipio de San Isidro.
Como alternativa a la minería de metales, Santa Marta y ADES han impulsado la agroecología, la economía solidaria y la organización comunitaria para la gestión de iniciativas productivas sostenibles, promoviendo siempre los derechos humanos y empoderando a las comunidades. Por eso, esta comunidad y su asociación son un “mal ejemplo” que merece ser castigado, lo saben principalmente quienes quieren reactivar los proyectos mineros sin importarles los terribles daños que eso provocaría y a pesar de que están prohibidos por ley.
Lo sabe la Fiscalía General de la República que acusa sin pruebas reales a tres líderes de Santa Marta y a dos representantes de ADES de cometer un asesinato durante la guerra civil. Las capturas del 11 de enero se dieron justo cuando los detenidos -especialmente el director ejecutivo de ADES, Antonio Pacheco- empezaron a alertar sobre la nueva amenaza de la minería, a reactivar la resistencia comunitaria y a dialogar con diversos actores para reconstruir el consenso nacional anti minero.
Lo sabe también el Juzgado de Paz de Victoria que los envió a prisión preventiva el pasado 19 de enero y lo sabe el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque que la semana pasada denegó la petición de medidas sustitutivas a la detención provisional. Este indolente tribunal ratificó la prisión, a pesar de la delicada situación de salud de algunos de los detenidos que padecen enfermedades crónicas y aun cuando no existe el riesgo de fuga que infundada y alevosamente alega Fiscalía, siendo éste el único caso sobre delitos de la guerra donde los acusados están encarcelados.
Lo saben también los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que permiten un proceso legal tan arbitrario e injusto. Lo saben también la procuradora para la defensa de los Derechos Humanos que todavía no se pronuncia y el propio presidente Nayib Bukele que permanece en silencio frente a este abuso contra los líderes comunitarios y ante los señalamientos de que su gobierno busca reactivar la minería de metales. Todos saben que el “mal ejemplo” de Santa Marta y ADES debe ser castigado.
Ojalá que el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional no lo permitan.
*Periodista y activista social.
