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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Nuestra preocupación es porque esta ley (recursos hídricos) no fue discutida, solamente aprobada sin diálogo e ignorando las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, que aportamos al derecho humano y sustentabilidad”, expresó Guillermo Navarro, integrante de Cáritas El Salvador.
Diversos colectivos sociales, religiosos y comunidades que se aglutinan en el Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA), demandaron del presidente Nayib Bukele hacer “observaciones” sobre varios artículos de la recién aprobada Ley de Recursos Hídricos, en específico de elementos con visos privatizadores que vulnerará directamente a la mayoría de población de escasos recursos.
“Como producto de este proceso atropellado que su producto final es una ley privatizadora que atenta contra los intereses de las comunidades y también, es una ley que no está en coherencia con el mandato de Naciones Unidas que motivó al relator especial de la ONU, a mandar recomendaciones concretas al Estado salvadoreño sobre el derecho al agua y también fue ignorado”, afirmó Navarro.
Luego que la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 21 de diciembre la Ley de Recursos Hídricos, con la mayoría de la bancada oficial Nuevas Ideas y sus partidos aliados, Navarro consideró que ahora le tocaba realizar un papel “de justicia social” al presidente Nayib Bukele, observando un grupo de artículos que considera el MCA, violatorio al derecho humano al agua, la salud y la vida de la población.
“Debe pensar en los intereses de la población, no en los intereses de las empresas que solo buscan usufructuar el recurso hídrico, y que haga uso constitucional de vetar esa ley o que la observe para enmendar esa normativa aprobada por la Asamblea Legislativa, es lo que esperamos como MCA”, señaló.
“De la Asamblea Legislativa sabemos cual es su enfoque, una ley hecha a medida de los intereses empresariales. Y no podemos decir que las organizaciones, las iglesias y comunidades se ahogan en un vaso de agua -como dijo el presidente del legislativo- (Ernesto Castro), porque si hay algo importante para la sustentabilidad de nuestro país es el agua”, sostuvo Navarro.
La crisis hídrica en El Salvador no es un comentario aislado. Navarro, señaló que de los 590 ríos del territorio nacional el 80% está contaminado actualmente. Que el río Lempa, que se considera el principal abastecedor de millón y medio de habitantes del Gran San Salvador, su caudal de uso está “agonizando”. Y debido a mega proyectos urbanísticos y de explotación del recurso hídrico existen conflictos sociales entre las comunidades frente a grandes intereses empresariales por el agua.
Sobre las valoraciones que como MCA tienen, la Hermana Belinda Hernández, de la Confederación de Religiosos y Religiosas de El Salvador (CONFRES), señaló que distante a la “narrativa oficial” de la comisión Ad hoc y demás partidos sobre la Ley de Recursos Hídricos, esta no cumple los estándares de equidad y acceso a este bien público.
Sobre el comportamiento de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN, Hernández señaló que era innegable el enfoque empresarial que rebasó el derecho humano al agua desde la formulación de varios artículos.
Hernández explicó que el artículo 71 de la ley establece en las autorizaciones dos niveles en materia de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. El primero, cuando el volumen sea igual o mayor a 365 mil metros cúbicos por año. Mientras el nivel dos, cuando el caudal solicitado sea menor a los 365 mil metros cúbicos por año. Ambos van a requerir de medidores para determinar el consumo de agua.
Y sobre las autorizaciones, las de nivel 1 serán otorgadas por un plazo de vigencia de hasta 15 años, mientras las autorizaciones del nivel 2 tendrán un plazo de vigencia de hasta 5 años. Y ambas autorizaciones solo podrán ser renovadas previo estudio técnico y ordenado por la ASA, que las condiciones del acuífero no han cambiado.
“Al favorecer a sectores empresariales tales como, caña de azúcar, constructoras, empresas que envasan agua o bebidas carbonatadas y no carbonatadas y la agroindustria, lo que ha hecho la Asamblea Legislativa al aprobar esta normativa es crear innumerables conflictos comunitarios”, afirmó.
“Al priorizar el uso y explotación de megaproyectos ante el derecho humano al agua de la población lo estamos viendo en el caso de las comunidades de la Hacienda La Labor en Ahuachapán, el conflicto social en Valle El Ángel en San Salvador y otros”, acotó Hernández.
La ausencia de contenidos dirigidos a restaurar las cuencas hidrográficas, rescatar de la contaminación la diversidad de los ecosistemas y minimizar la vulnerabilidad ambiental, consideró Hernández, estarían en un camino de “no retorno” con el recurso hídrico nacional y por tanto, la vida de millones de salvadoreños.
Marina Estrada, vicepresidenta de Enlaces de Consumidores de El Salvador, que integra al MCA, consideró “estratégico” este momento para el presidente Nayib Bukele, quien puede vetar u observar el contenido de la ley de Recursos Hídricos, en función de justicia y equidad social.
“Queremos que observe todos aquellos aspectos que plantean un enfoque privatizador, específicamente el artículo 71, que se refiere a los tiempos y cantidades de uso y explotación del agua. Y que excluya las Áreas Protegidas dentro del uso de explotación del agua”, manifestó.
“Que se establezcan también la exigencia de Estudios de Impacto Ambiental, como requisito indispensable de cualquier solicitud de uso y explotación del agua. Y que se incorpore en la ley, mecanismos activos y decisorios de participación ciudadana, preponderantemente de las comunidades”, indicó Estrada.
Asimismo, recomendó que se integre en el contenido de la Ley de Recursos Hídricos, un “régimen especial” sobre la gestión comunitaria del agua, la exoneración de cualquier tipo de cánones e incluir un enfoque de cuido y protección del agua en todo el país.
