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México/AFP
Al cumplirse siete meses de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, ask sus familias batallan por mantener la presión sobre el gobierno para que los encuentre a pesar de que el apoyo social en las calles se ha desinflado.
El brutal ataque de policías corruptos de Iguala (Guerrero, stuff sur) y narcotraficantes contra los jóvenes la noche del 26 de septiembre estremeció dentro y fuera de México y generó una ola de protestas sin precedentes contra las atrocidades cometidas en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico.
Pero mientras la desesperación de los padres y su desconfianza hacia el gobierno ha ido aumentando con el paso de los meses, here el crimen perdió espacios en la prensa y la participación cayó en las marchas.
El domingo, los familiares -que también han llevado sus protestas a Estados Unidos y Europa- convocaron en la capital a una jornada artística y cultural llamada «Voces por Ayotzinapa», en la que participaron apenas un centenar de personas y hubo pronunciamientos de defensores de derechos humanos e intervenciones de música, danza y poesía.
La idea era «informar a los ciudadanos que el movimiento de los padres de familia continúa en la lucha, continúa con la exigencia de que se haga justicia, que se esclarezcan los hechos y, sobre todo, que presenten con vida a los 43 estudiantes», dijo a la AFP Melitón Ortega, tío de uno de los chicos.
Entre los participantes en el acto estaba Daniel Cobos, un estudiante de sociología de 26 años, que reconocía su tristeza por la poca concurrencia al acto.
«La indignación todavía se siente, no se está manifestando tanto porque el gobierno ha pretendido cerrar el caso en un intento de dar la sensación de que ya no hay nada más que hacer. Eso impacta en la sociedad y es justo por lo que nosotros no debemos tirar la toalla, por lo que debemos estar acá», señaló el joven.
Para el analista político José Antonio Crespo, del prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), «es natural que un movimiento con esa intensidad, conforme va pasando el tiempo, se vaya agotando, debilitando».
«Tuvo su momento álgido y la gente se empieza a cansar, empiezan a tener otras cosas (que atender), salen otros temas» de violencia, explica el analista a la AFP.
Sin embargo, en Chilpancingo, la capital de Guerrero, donde las protestas se han mantenido con más fuerza y virulencia, varias decenas de manifestantes marcharon este domingo para exigir justicia para los 43 estudiantes y acabaron atacando con piedras y cócteles molotov la sede del Congreso estatal y quemando varias camionetas frente al edificio.
Distanciados del gobierno
Los familiares de estos jóvenes, que se formaban para ser maestros rurales, siguen sin creer en la investigación oficial de la fiscalía, que concluyó que fueron entregados por la policía de Iguala a narcotraficantes y que éstos los incineraron en un basurero cercano y arrojaron las cenizas a un río.
Los sicarios del cártel Guerreros Unidos habrían masacrado a los estudiantes por pensar que entre ellos había infiltrados de un grupo rival, dijo la dependencia.
El entonces fiscal general, Jesús Murillo Karam, aseguró que ésta es la «verdad histórica» del crimen, sustentada en los testimonios del centenar de detenidos y pruebas recogidas en el terreno.
Sin embargo, sólo se ha podido determinar científicamente la muerte de uno de los 43 estudiantes, identificado entre los escasos restos humanos hallados en la zona, por lo que Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideraron precipitadas las conclusiones del fiscal.
Los padres acusan al gobierno, con el que han roto el diálogo, de querer dar carpetazo al caso e intentar que quede en el olvido.
Logros del movimiento
Pese al desgaste, la lucha de las familias ha logrado varias metas.
Una de ellas fue el acuerdo alcanzado con el gobierno para que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajaran a México y estén investigando el crimen y la propia actuación de la fiscalía.
Además, las familias convirtieron las desapariciones en un parteaguas para el gobierno de Peña Nieto (2012-2018), que por primera vez empezó a recibir fuertes críticas nacional e internacionalmente, señala la investigadora Layda Negrete, coproductora del multipremiado documental «Presunto culpable», que exhibió los graves problemas de justicia en México.
El crimen de Ayotzinapa «fue como la gota que derramó el vaso de mucho descontento, impunidad, corrupción, abusos, de participación directa de fuerzas de gobierno de algún nivel que tienen vínculos con el crimen organizado», cree Negrete.
«Hubo un costo político para el gobierno en términos de imagen, de credibilidad», coincide Crespo.
