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Por David Santa Cruz
Huitzuco/Londres/AFP
Cuando hace dos años secuestraron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, un testigo relató que cuando ya no cabían en las patrullas de la ciudad de Iguala escuchó: «No importa, ahorita vienen los de Huitzuco», en referencia a los policías de ese poblado.
En diversas investigaciones se involucra a la fuerza pública de ese poblado del estado de Guerrero (sur) como posible participante en la desaparición forzada de los estudiantes que sacudió a México y dio mayor relevancia a las más de 28.000 personas desaparecidas desde diciembre de 2006 en todo el país, en el marco de la campaña contra las drogas.
El subprocurador de Derechos Humanos de la Fiscalía General, Eber Betanzos, adelantó a AFP que las investigaciones se han extendido «a elementos de policías que están en municipios cercanos» a la zona del secuestro.
Los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, cuando se apoderaban de autobuses para sus movilizaciones y fueron atacados por policías de esa localidad, quienes los habrían entregado al cártel de los Guerreros Unidos.
La fiscalía declaró que los jóvenes habrían sido asesinados por los criminales y después incinerados en el basurero de la vecina comunidad de Cocula, para luego arrojar sus cenizas a un río, posiblemente porque los confundieron con miembros de un cártel rival.
Pero esa conclusión fue rechazada por un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró que no es científicamente posible que los estudiantes fueran incinerados en el basurero.
30 agentes interrogados
Mas de cien personas, incluso miembros de los Guerreros Unidos, el alcalde de Iguala, su esposa y varios policías de la misma ciudad y de Cocula, fueron detenidos.
Un informe de los expertos de la CIDH cita un conductor de uno de los autobuses tomados por los estudiantes diciendo que escuchó a un policía de Iguala decir a otro que «vienen los de Huitzuco» porque sus patrullas ya estaban llenas.
Sin embargo, el alcalde de Huitzuco, José Luis Ávila López, duda que los policías de su entidad hayan participado en el suceso, pues según explicó a la AFP existen otros municipios más cercanos a Iguala.
Ávila López tomó el poder en octubre de 2015 y asegura que a pesar de ser diputado estatal de Huitzuco en 2014, él estuvo «al margen» de los hechos. No obstante, dice haber realizado los «ajustes pertinentes» al asumir como alcalde, como por ejemplo mandar a declarar ante la fiscalía a 30 elementos de la policía a su cargo.
«No nos han dado ningún resultado positivo de que ciertamente hayan participado», aseguró el funcionario, quien refiere que un número indeterminado de ellos ya fueron dados de baja por no cumplir la nueva certificación que se exige a los policías municipales.
«De 90 elementos que había hoy solamente tenemos 50, porque los otros 40 no pasaron los exámenes», asegura Luis Ávila.
Por su parte, Eber Betanzos asegura que la fiscalía sigue una línea de trabajó para determinar de dónde eran los policías y «precisar los grados de participación que pudieron tener estas otras corporaciones municipales dentro de los lamentables hechos».
¿Dónde están?
La semana pasada el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se congratuló a través de su representante en México, Jan Jarab, que la fiscalía general investigue nuevas hipótesis sobre el destino de los 43.
Una fuente del gobierno federal dijo bajo anonimato que investigadores iniciarán nuevas búsquedas en octubre en un centenar de lugares, algunos en los municipios de Huitzuco y Apipilulco, utilizando tecnología LIDAR, que con un haz de láser permite obtener fotografías térmicas de las capas de tierra.
La fiscalía ya ha buscado en el llamado Pozo Meléndez, situado cerca de la carretera de Iguala-Taxco, que es una grieta de cientos de metros de profundidad, usada desde épocas de la Revolución Mexicana (1910) para deshacerse de cadáveres, según la leyenda de lugareños.
Igual fama tiene el pozo de una mina de mercurio abandonada llamado Tiro General, cerca de Huitzuco. De acuerdo con Luis Ávila, la fiscalía también exploró la zona pero ignora los resultados. Para él los cuerpos de los estudiantes pueden estar enterrados parte en Cocula y parte cerca de Iguala.
Los familiares de los 43 son más optimistas y creen que pueden seguir con vida: «no se los llevaron para matarlos porque a los que mataron los dejaron ahí, incluso hubo uno que estaba herido y lo bajaron», explica Maria Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes.
Ella, como otras madres, asegura que hasta no tener pruebas científicas de que su hijo Giovanni Galindo está muerto seguirá esperándolo o buscando la manera de arrebatárselo a quienes se lo llevaron.
Mientras los padres buscan a los 43 estudiantes, su calvario ha inspirado otros en Guerrero a buscar fosas clandestinas.
«Los héroes de esta historia son los papás de los 43, a nosotros nos desaparecieron un familiar pero nunca lo buscamos por miedo, por amenazas, por todo lo que sucede después de un desaparecido. Ellos nos han enseñado a buscar algo que desapareció», dice Mario Vergara Hernández, quien forma parte de un colectivo que agrupa a cerca de 500 personas que buscan a sus familiares.
Sillas vacías en Londres por los 43
Cuarenta y tres sillas con las fotos de los estudiantes desaparecidos en el sur de México país hace ahora dos años fueron colocadas este lunes ante la embajada mexicana en Londres para reclamar justicia.
El acto de la organización de derechos humanos Aministía Internacional denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha puesto obstáculos a la investigación para que se esclarezca la suerte de estos 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (sur), que estudiaban para ser profesores en las escuelas primarias más pobres del país.
Un pequeño grupo de activistas de la organización portaban pancartas con el lema «¡Encuéntralos!».
«Colocamos estas sillas vacías ante la embajada en protesta silenciosa contra su incapacidad para encontrar a los estudiantes», dijo a la AFP Tilly Lavenas, que participó en el acto.
Erika Guevara Rosas, responsable de América en Amnistía Internacional, dijo en un comunicado que «la tragedia de Ayotzinapa ha puesto al descubierto como la administración de Peña Nieto no se detiene ante nada para encubrir las violaciones de los derechos humanos que ocurren ante su mirada en México».
«Las autoridades en Mexico han hecho todo lo posible para obstruir la justicia y proteger su imagen», añadió Guevara.
Según Amnistía Internacional, más de 28.000 personas desaparecieron en México desde 2006, cuando el gobierno lanzó su gran ofensiva contra el narcotráfico.
