José M. Tojeira

El mundo de los ancianos casi no ha sido tocado en el debate político pre-electoral. Solamente el FMLN ha dicho algunas cosas sobre elevar la pensión mínima y tratar de generalizar una pensión compensatoria. Sin embargo, el tema es crucial para el futuro de El Salvador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha editado recientemente un libro estudiando la problemática de la tercera edad en nuestro sub-continente. Los datos, cálculos y proyecciones en este aspecto para El Salvador son impresionantes y, ciertamente, parecen ignorados por los políticos. Ya sabíamos todos, por otros estudios de la misma fuente, que en El Salvador solamente el 20 % de los mayores de sesenta años tienen pensión. Y que además es inequitativa en lo que respecta al trabajo de las mujeres. Pues, en efecto, “la pensión promedio de los hombres es un 39 % mayor que la de las mujeres”. Y por si esto fuera poco, “entre las personas mayores de 65 años, el 19.7 % de los hombres reciben pensión, mientras que solo el 13.8 % de las mujeres de la misma edad reciben ese beneficio”. Pero ahora, el nuevo estudio de CEPAL nos ofrece unos datos que son indispensables para cualquier proyección de futuro.

En el año 2015 teníamos en El Salvador 703,000 personas mayores de sesenta años. La proyección para el año 2060, es decir, para dentro de 40 años, es que tendremos en esa época la cantidad de 1,921,000 personas mayores de 60 años. Es decir, casi dos millones, y casi triplicando la cantidad actual. Hoy podemos decir que somos cinco millones y medio de habitantes manteniendo, además de a los jóvenes, a 700,000 ancianos. Pero dentro de cuarenta años habrá en El Salvador una población aproximada de 8 millones de habitantes, manteniendo a casi dos millones de ancianos. ¿Es esto posible con el sistema actual de pensiones? ¿Lograremos cubrir a toda la población de esa edad con el ridículo y fracasado sistema de pensiones que funciona hoy en El Salvador? Como faltan 40 años, ¿podemos darnos el lujo de no hablar del tema y dejar la discusión para dentro de unos cuantos años? Es cierto que muchos no estaremos en ese momento. Pero los problemas graves o se visualizan, analizan y responden pronto, o cada vez serán más graves. Si nuestro sistema actual de pensiones hoy es injusto, diseñado para minorías y, en ese sentido, un verdadero fracaso social, ¿podremos enfrentar el problema que se nos viene?. Una pregunta sencilla que nos podemos hacer, entre otras muchas, es la siguiente: Un alto porcentaje de los ancianos actuales (mínimo un 30 %) no tienen agua potable ni para saneamiento dentro de la casa. El chorro o el manantial no está cerca. Y para un anciano, tanto caminar como cargar con agua supone un esfuerzo, a veces difícil. Si ni siquiera garantizamos el agua adecuada para nuestros ancianos, ¿garantizaremos la pensión?

Los problemas sociales tienen siempre solución si se saben enfrentar con inteligencia. Pero con tasas de crecimiento del 2 % anual y con un reparto del crecimiento que beneficia mucho más a las minorías pudientes que a los pobres, no hay manera de arreglar el problema de las pensiones. Como tampoco llegaremos a tener un sistema de salud pública único, de igual trato para todos y de calidad. Y mucho menos un sistema de educación que nos permita salir del subdesarrollo. La despreocupación por los cambios poblacionales que va a experimentar El Salvador en los próximos años es escandalosa. El hecho de que no entren en los cálculos políticos ni en los discursos electorales, es una señal más de la irresponsabilidad política imperante. Pasar en cincuenta años, aproximadamente, de contar con un diez por ciento de personas en tercera edad, a tener un 25 % de la población en dicho grupo etario, es un cambio muy radical y que exige reflexión, estudio y preparación con nuevas normativas y con transformaciones políticas. Eso si no queremos que los problemas actuales pervivan y se multipliquen en el futuro.

El Estado salvadoreño ratificó el 18 de abril del año recién pasado, 2018, en la sede de la OEA, en Washington, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En ella se obliga El Salvador a garantizar medicinas a los ancianos y a asegurar un ingreso que posibilite una vida digna (artículos 16 y 17 de la convención). Bien por el Estado salvadoreño. Pero ahora es necesario poner los medios para cumplir el compromiso. Y hablar del tema.

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