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El diputado del partido Nueva Ideas, Jorge Castro, escribió recientemente en su cuenta de Twitter: “Ellos simplemente son herramientas nefastas “de reacción” que usan los grupos de poder que tenían a nuestro querido El Salvador SECUESTRADO. Estamos en guerra contra todos ellos y todo lo que quiera destruir la esperanza para nuestro país. Seamos unidos contra ellos”, y al final coloca los logos del periódico El Faro, el de Gato Encerrado y de la reconocida organización de la sociedad civil defensora de los Derechos Humanos Cristosal.
Queda claro, entonces, que la declaración de guerra es contra esos dos medios de comunicación y contra la ONG, lo cual es reprochable, condenable. Lo que el diputado Castro no entiende, producto de la borrachera de poder en la que ha caído el oficialismo en El Salvador, es que está atacando abiertamente la libertad de prensa y expresión, y con ello está violando tratados internacionales de defensores de la libertad de expresión y, por tanto, de prensa.
El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, que rigen los derechos de libertad de expresión en todas las naciones del mundo, dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, lo anterior, ha sido violentado impunemente el diputado oficialista Jorge Castro.
La Declaración de los Derechos Humanos dice “no ser molestado”, pero el diputado Castro va más allá, pues dice “Estamos en guerra contra todos ellos…”. Pero ¿qué significa declarar la guerra? una de las dos acepciones del diccionario es: “Lucha o disputa continuada entre personas, que puede dar lugar a actos violentos”.
O sea, bajo este concepto, el diputado Castro está anunciando que mantendrá una lucha continuada contra Gato Encerrado, El Faro y Cristosal, incluso, podría utilizar “actos violentos”. O, si lo relacionamos con la “guerra contra las pandillas” podríamos inferir que el diputado Castro está diciendo que podría encarcelar al personal de esos dos medios de comunicación y los de Cristosal.
Es de tener claro que el trabajo de los medios de comunicación es solo informar aquello que descubren, producto de sus investigaciones y que el poder político, o mejor dicho el actual gobierno, ha intentado ocultar. En el caso de El Faro, por ejemplo, ha puesto en evidencia, con contundentes pruebas, el pacto que el gobierno del presidente Nayib Bukele mantuvo con las pandillas y que se rompió a finales de marzo del presente año. El Faro y otros medios han puesto en evidencia actos de corrupción de este gobierno, como lo sucedido en el área de salud, Agricultura y otras instancias de gobierno.
El Faro y otros medios de comunicación han hecho eco de las denuncias de la ciudadanía sobre los atropellos que este Gobierno ha cometido contra la población civil, primero durante el encierro domiciliar por la pandemia, y luego por la puesta en vigencia del Estado de Excepción.
Los medios de comunicación en general, exceptuando los del oficialismo, han hecho eco de la protestas de las organizaciones del prolongado Estado de Excepción, porque está instaurando un estado violador de los derechos humanos y, con ello, nuevamente la impunidad. Un ejemplo claro y reciente de esto fue la captura de ocho adolescentes en la Canoa, jurisdicción de Jiquilisco, del departamento de Usulután, quienes, durante las 24 horas de detención arbitraria, fueron torturados.
Seguramente, el diputado quiere no solo advertir lo que le pasará a la prensa crítica en El Salvador para que guarde silencio, es decir, que se practique la autocensura, sino, además, llamar a sus fanáticos a atacar a la prensa libre, lo cual es grave.
El diputado Castro debe tener presente que la prensa libre no será callada, que ni la amenaza, ni la cárcel detendrán el ejercicio periodístico libre y liberador.
