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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Hemos iniciado una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dado que en El Salvador se han agotado las instancias donde podemos acudir para exigir justicia”, afirmó Héctor Rodríguez, representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) que integran la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL). Rodríguez agregó que “El país atraviesa una grave crisis de pérdida de derechos humanos y laborales”.
Sobre la demanda, Rodríguez señaló, que la petición tiene por objeto la restitución de sus derechos laborales ante la falta de respuesta de las instancias nacionales y aplicar justicia ante las “graves transgresiones” contra los trabajadores y trabajadoras despedidas desde junio de 2019, en la administración del presidente Nayib Bukele, que ha afectado no solo la estabilidad laboral, sino también el goce de una vida plena y digna de los despedidos por vías arbitrarias e ilegales.
El 2 de junio de 2019 a 24 horas de haber asumido la presidencia, la administración Bukele suprimió cinco secretarías de la presidencia de la república y dejó cesante a más de 800 personas mediante un procedimiento irregular y sin una compensación justa por los años de trabajo de los y las trabajadoras, denunciaron los miembros de la MPJL.
“Haciendo una reseña breve la Sala de lo Constitucional, que recibió anteriormente un aproximado de 200 demandas de amparo de trabajadores y trabajadoras despedidas arbitrariamente, resolvió a través de medidas cautelares un estimado de 50 o 60 amparos y hubo reinstalados provisionalmente en sus puestos de trabajo”, relató.
“Y cuando llega la nueva Sala de lo Constitucional -impuesta- no resolvió sobre esta mora de estos casos (200) que existen desde el 2019, sino que resolvió de los trabajadores que teníamos medidas cautelares y la Sala estuvo a favor de la presidencia, emitiendo resoluciones que afirmaban que no se violentó ningún derecho”, explicó Rodríguez.
Sobre este giro de la Sala de Constitucional y sus sentencias, Rodríguez denunció a dos magistrados, son ellos: José Ángel Pérez y Luis Javier Suárez, considerando que fueron “jueces y parte” en estos casos de demanda de amparo de los y las trabajadoras despedidas de forma arbitraria, y que no cumplen con la Ley del Servicio Civil.
“El abogado José Ángel Pérez actuó como apoderado general y representando la presidencia de la república en los procesos de amparo que promovimos. Y no cumplió con su obligación de tramitar la excusa o abstención respectiva, y aunque no concurrió con su voto, pero debió excusarse”, afirmó.
“Y el abogado Luis Javier Suárez fue designado de manera ilegal por la Asamblea Legislativa y concurrió con su voto en las sentencias de amparo estimatorias cuando sabemos que dicho abogado fue nombrado de forma irregular por (el presidente) Nayib Bukele como comisionado presidencial ante el IAIP, y no es ni representa a los periodistas”, acotó Rodríguez.
La MPJL calificó de una “política agresiva” la disolución de algunas instituciones como el : FONAES, DIGESTYC , ISDEM, FISDL, FROPROLYD y el INPEP, que eleva la tensión en cuanto a la estabilidad laboral de miles de trabajadores públicos y municipales, y que pese a la lucha por hacer prevalecer sus derechos consideran que la única respuesta ha sido la represión y los despedidos. Igualmente los despidos en las municipalidades y la Asamblea Legislativa ha generado una crisis permanente para sus trabajadores y trabajadoras, como la cesantía de 3 mil 838 personas en 25 alcaldías gobernadas por el partido oficial Nuevas Ideas y 2 mil 550 empleados de la Asamblea Legislativa.
“Por eso hemos acudido de forma colectiva para presentar una demanda ante la CIDH. Estamos solicitando que la admitan y que pase luego a la Corte IDH para hacer prevalecer nuestros derechos. Sabemos que esta lucha es larga y por eso llamamos a compañeros y compañeras a unirse”, dijo.
“Este mensaje es para otros trabajadores y trabajadoras a unirse, para que se unan y luchen por nuestros derechos laborales. Sabemos que tenemos un sistema de justicia coptado, y solo queda agotar las instancias nacionales, y luego pondremos su denuncia ante la CIDH. Únanse a la Mesa Permanente por la Justicia Laboral con sus respectivas demandas”, sugirió Rodríguez.
Mientras, Ovidio Hernández, líder sindical de SITRASOYA, que integra la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, reiteró que se está denunciando a nivel general las diferentes violaciones a derechos constitucionales, laborales y convenios OIT , estos últimos ratificados por el gobierno y como tal, leyes de la república.
“Existe una política de despedidos masivos. Escuchamos del diputado Christian Guevara que hablaba de -quitar grasa- y es suprimir a más de 100 mil trabajadores a nivel gubernamental, atropellando los derechos de los y las trabajadoras”, agregó.
“Igualmente, es la misma práctica en las alcaldías municipales, con esa política -diría yo-, inhumana y mucho más, cuando hablan de reducir municipios, eso quiere decir que la alcaldía pierde su identidad natural como personas jurídicas y perdemos derechos a la estabilidad laboral los empleados”, sostuvo Hernández.
Ante esta situación, Hernández hizo un llamado a la clase trabajadora de las diferentes instancias de gobierno, municipales y autónomas, a poner mayor atención a estas medidas que elevan la precariedad de los empleos que impactará de lleno a las poblaciones vulnerables del país.
“Al igual, que el gobierno central que tiene una política de eliminación de instituciones de gobierno, los gobiernos locales continúan despidiendo arbitrariamente a la gente y criminalizando el movimiento sindical”, reiteró.
“Esta política la van a seguir aplicando, así como el caso de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) que ha sido militarizada, y vemos con preocupación, como miembros de la MPJL, el uso desmedido de la fuerza que está haciendo este gobierno y su falta de diálogo”, subrayó Hernández.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) reiteró el llamado al gobierno del presidente Nayib Bukele a respetar los derechos laborales y humanos de la población y “abstenerse de interferir en las funciones de otros órganos del Estado”, garantizando los derechos de la población.
Mientras, al sistema de justicia, le exigieron que cese de criminalizar los liderazgos sindicales al someterlos a procesos judiciales por exigir sus derechos laborales. Y a la Policía Nacional Civil , a cumplir con la Constitución de la república y actuar para prevenir la violación de los derechos de la ciudadanía.
