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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Este es un Día de la Madre Tierra, con hambre, corrupción y destrucción de la naturaleza. En donde un millón de personas aproximadamente estarán en inseguridad alimentaria”, dijo Maydheé Recinos, de la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales que integra la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
En el Día Internacional de la Madre Tierra, designado por una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2009, alienta a los Estados miembro a trabajar por el planeta y los ecosistemas, claves para la supervivencia de la humanidad.
En ese marco que las organizaciones que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria, realizaron un pronunciamiento público ante lo que consideran una situación crítica sobre el manejo de la agricultura y medio ambiente nacional.
“La FAO y el PMA han señalado que en El Salvador, se espera que alrededor de un millón de personas enfrenten una alta inseguridad alimentaria aguda entre marzo a mayo del presente año. Que incluye a 121,000 personas en situación de Emergencia Alimenticia en donde los mayormente afectados serán pobladores que dependen de actividades del sector agrícola y ganadero; quienes trabajan en el sector informal o propietarios de pequeñas empresas o iniciativas económicas”, explicó Recinos.
En cuanto al tema de la “corrupción”, Recinos enfatizó los señalamientos que realizará la Corte de Cuentas de la República (CCR), al exministro y ahora viceministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Pablo Anliker, sobre la compra de alimentos durante la cuarentena declarada por el presidente Nayib Bukele, en el marco de la Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19), el año pasado.
“Son doce hallazgos en la compra de alimentos durante la pandemia como: productos sin registro sanitario, sin detalle nutricional, compras a sobreprecio; menos producto recibido que el comprado; pagos no relacionados con la emergencia (consultorías y compra de insecticidas, fungicidas y foliares); así como 37 procesos de compra no publicadas, empresas que no demostraron autorización de ventas de alimentos y maquilado de paquetes, utilizando personal militar para ello”, manifestó Recinos.
Como Mesa por la Soberanía Alimentaria lamentaron que pese a un año de la pandemia y los estragos en la agricultura nacional, aún el Gobierno no esté trabajando en una estrategia o plan público para enfrentar la crisis alimentaria luego del impacto del COVID-19 y Cambio Climático, a través de una consulta con la población campesina.
“Lo que sucedió aquí es que incrementaron la importación de alimentos, en detrimento de los productores y productoras nacionales. Importaciones que subieron en un 32.7 %, desde México en tan solo un año. Más de 61 millones que el año 2019 y bajo contratos opacos a empresas altamente cuestionadas. Y por el contrario, hasta ahora solamente se cuenta con u vídeo y una presentación de láminas en power point, de un Plan Maestro de Rescate Agropecuario, en donde no hay elementos básicos”, sostuvo.
En cuanto a las demandas al órgano Ejecutivo y Legislativo, Luis González, del equipo técnico de la UNES, reiteró al Gobierno del presidente Bukele respetar la institucionalidad, canales y vías oficiales en la administración de la Cosa Pública. Como el MAG, que al ceñirse al marco jurídico de la Ley de Acceso a la Información Pública, debería permitir la fiscalización social sobre el manejo de fondos públicos.
“Al Ejecutivo, le exigimos que cumpla de inmediato con los requerimientos de la Corte de Cuentas de la República y se someta a una auditoría integral de la gestión de exministro Anliker. Y que el nuevo ministro David Josué Martínez rectifique en su gestión los errores cometidos por su antecesor, permitiendo sin objeciones cualquier investigación judicial sobre las compras en el marco de la emergencia del COVID-19”, dijo.
Y demandaron la implementación a la brevedad posible de la Política Nacional para el Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas. Y cumplir con el mandato al artículo 105 de la Constitución de la República, que refiere el límite de la tenencia de la tierra en 245 hectáreas en manos privadas no cooperativas.
“Al órgano Legislativo, le exigimos ratificar de inmediato la reforma constitucional que garantiza el Derecho Humano al Agua y el Derecho Humano a la Alimentación. A la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, a continuar con la discusión de la propuesta de Ley General de Aguas y cumplir los puntos no negociables: declararlo bien público, garantizar el derecho al agua y saneamiento; una gestión pública con participación efectiva de la sociedad; gestión sustentable de las cuencas hidrográficas y un régimen económico justo y equitativo”, reafirmó González.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria expresó en otros temas continuar discutiendo la propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional, con la participación plena del movimiento social. Y aprobar la prohibición total del riego aéreo de agrotóxicos. La prohibición total de 11 tóxicos, pendientes desde el 2013, y legislar para reducir el cultivo de caña de azúcar y la quema de la misma.
“Al sistema Judicial, les exigimos el fortalecimiento de los juzgados ambientales y el cumplimiento con los mandatos específicos para la protección del medio ambiente y claro el cumplimiento de los mandatos constitucionales”, puntualizó.
