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Redacción Nacionales
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“Lamentamos toda esta situación porque evidencia que estamos frente a un régimen autoritario disfrazado de democracia. Y quiere hacer notar a toda la población que son acciones y decisiones legales, cuando realmente son inconstitucionales”, dijo Loyda Robles, abogada de FESPAD, e integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD).
En el Pronunciamiento de la Mesa DDD, también expresaron su preocupación por lo que consideran un “grave deterioro de la seguridad jurídica”, al que se acumula una concentración de poder del oficialismo, alejada de la realidad social de la población.
“Hemos observado desde el inicio del mandato del presidente Nayib Bukele, un intento de Golpe de Estado con la anterior Asamblea Legislativa (11 de febrero), hemos visto reiteradas acciones en detrimento de la democracia”, agregó.
“Y como han sido los últimos sucesos en donde se obliga a una cantidad de jueces a jubilarse del ejercicio de la Judicatura, transgrediendo la independencia Judicial. Y el fin de semana, lo último que hemos conocido en la resolución de la Sala de lo Constitucional, que favorece la reelección inmediata del presidente Nayib Bukele”, acotó Robles.
Asimismo, llamaron la atención sobre las “crecientes denuncias”, en contra de las fuerzas de seguridad (PNC y FAES), por abusos de autoridad cometidos en agresiones físicas y verbales contra periodistas, medios de comunicación. Y el ataque constante de funcionarios púbicos de todo nivel contra la sociedad civil organizada.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD) nació en el año 2018, con una propuesta desde las organizaciones de la sociedad civil, para formular un marco jurídico que reconozca, garantice y proteja la labor de las personas que defienden o promueven derechos y libertades en diversos ámbitos y contextos de la vida nacional.
Alejandra Burgos, activista de la Colectiva Feminista, que integra la Mesa DDD, afirmó que desde hace 3 años presentaron ante la Asamblea Legislativa, el anteproyecto de ley para normar este ejercicio de defensa de derechos individuales o colectivos que le pertenece a la ciudadanía.
Dicho ante proyecto lleva el título: “Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos para la Promoción y Garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos”, el cual fue trabajado por la sociedad civil organizada, con la asesoría y estándares de organismos internacionales expertos en materia de derechos humanos.
“Es una ley actualizada en el último trimestre del año 2020, con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, y estamos aquí porque creemos en el reconocimiento para las personas defensoras de derechos humanos, periodistas o cualquier persona que ejerce su derecho pleno para defender sus derechos”, agregó Burgos.
Sobre la propuesta de ley, aclaró que no está enfocada para un grupo determinado de personas, como han esgrimido algunos políticos; ni tampoco para generar privilegios a estas personas.
“Y justamente es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas que se está vulnerando el derecho a defender derechos y libertades. Desde junio de 2019, asistimos a una regresión de los años setenta donde decir o disentir es altamente cuestionado y hemos visto como sociedad civil organizada, porque no somos oposición, esta situación de violencia a quienes defendemos derechos humanos”. “Hemos visto la violencia contra periodistas o medios de comunicación; lo que sucede con los jueces y juezas y toda la sociedad tienen derecho a decir lo que está mal, como la madre de Mario Gómez, una mujer que defendió como las Madres de Abril de Nicaragua; las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina y las COMADRES de El Salvador, en los últimos 30 años, el derecho que todos y todas tenemos al goce pleno de la libertad de expresión”, sostuvo Burgos.
Como Mesa DDD reiteraron el compromiso de trabajar en pro de la defensa de los derechos humanos y la protección de quienes lo defienden e instaron a la Asamblea Legislativa a proteger y garantizar el ejercicio pleno del derecho a defender derecho garantizándoles la normativa necesaria y el mecanismo ideal para su funcionamiento.
Amalia López, del liderazgo social del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás e integrante de la Mesa DDD, reafirmó en su petición al presidente de la república, Nayib Bukele, su Consejo de Ministros, la Asamblea Legislativa y otros actores con influencia, el cese de estigmatizar o criminalizar el trabajo de las personas defensoras.
“Es preocupante el poco interés -inclusive- el respeto que debe guardarse al Estado de Derecho. Desde febrero 2020, en el momento que el presidente Bukele, entró a orar al curul del expresidente de la Asamblea Legislativa (Mario Ponce), dejó claro el estilo de gobierno que estaba por imponer en El Salvador”, dijo.
“Y ahora, mucho más preocupante -sin duda- con las voces disidentes, como lo que ocurrió la semana anterior con Mario Gómez, quien informaba sobre el impacto negativo del Bitcoin, y se le criminalizó y persiguió, sin utilizar los procedimientos legales adecuados. La población civil que creemos en la democracia, que creemos en los derechos humanos, es necesario actuar frente a este tipo de situaciones por defender a derechos humanos, esa persecución de disidentes al discurso oficial, es a todas luces condenable”, dijo López.
Ante esta situación que ha terminado generando un “contexto hostil” a personas defensoras de derechos humanos, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, llamaron a la Comunidad Internacional y organismos de derechos humanos internacionales a estar pendientes del desarrollo de este tipo de abusos desde el poder del Estado contra la población. “Vamos a seguir insistiendo en una Ley por el Derecho a Defender Derechos porque es justamente un compromiso que el Estado salvadoreño ha asumido desde años atrás. Cuando disentimos del discurso de Gobierno, no queremos ser vistos como enemigos por los poderes que ahora nos gobiernan, lo que está mal debe denunciarse”, dijo.
“No es democracia, sino no podemos ejercer ciudadanía plena. Si hubiera democracia, no habría 400 personas a diario tratando de salir del país; no veríamos a la gente enfrentándose a una serie de vulneraciones diariamente.
La gente no está feliz, no está viviendo un paraíso. La población está viviendo con angustia y ve un Estado cada vez más autoritario y militarista, y eso es volver a los años setenta, y es lo que no queremos”, puntualizó Alejandra Burgos.
