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@guevara_tuiter
Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
A lo largo de dos meses se ha venido discutiendo públicamente la necesidad de país, search fortalecer su capacidad financiera para hacer frente a las necesidades de inversión pública en seguridad, cialis sale salud, mind educación y muchos otros campos. Las voces más escuchadas y los razonamientos más expuestos informativamente han sido las de quienes rechazan de tajo la aprobación de reformas fiscales, es cierto que a diferencia de otros tiempos, algunas expresiones de apoyo a la reforma han tenido un espacio en el debate, este no puede ser eterno, el país necesita hechos más que elucubraciones de quienes se oponen y predicen todo tipo de catástrofes si se llegará a aumentar el nivel de tributación en el país y acercarnos al promedio latinoamericano.
Quienes se oponen cuestionan el gasto público e indirectamente proponen recortarlo. ¿Qué significaría esto? Quitar subsidios, recortar empleos, debilitar los programas sociales que apoyan a personas y familias con menores niveles de ingreso. El estado necesita mayores ingresos para mantener y ampliar la inversión pública, ello sólo es posible, alcanzando niveles mayores de ingreso y haciéndolo sin sacrificar a las mayorías. Lo más seguro es que si la propuesta de reforma estuviera orientada a que la paguen los más necesitados, el discurso de quienes se oponen a la reforma sería otro, hablarían de la hora del sacrificio.
Pero las propuestas de reforma fiscal presentadas por el órgano ejecutivo a la Asamblea Legislativa son proyectos orientados a que, quienes tengan mayor capacidad contributiva paguen unos centavos más. Es pues, una reforma de naturaleza progresiva que no castiga el salario de las mayorías ni la actividad productiva. Pagarían 0.25 por ciento las transferencias arriba de 750 dólares, pagarían al año uno por ciento anual quienes tengan inmuebles que sobrepasen los 350 mil dólares, lo mismo que los inmuebles destinados al ocio como los ranchos de playa o de montaña, pagarían el impuesto sobre la renta los propietarios de imprenta que ahora tienen por ley una excepción de pago y se reformaría el código tributario para evitar que algunos negocios que facturan electrónicamente y no estén conectados a supervisión de Hacienda se apropien del IVA.
También la reforma al Código Tributario quitaría las prohibiciones existentes para publicar los nombres de evasores de cualquier tamaño. A la par se precisa, regular el delito fiscal.
¿Porqué negarse a dar este paso adelante en materia de justicia tributaria y fortalecimiento de las finanzas públicas? El poder de quienes saben que pagarían tales tributos no puede ser superior al de la mayoría que será beneficiada. Además quien honra su deber con la sociedad para garantizar que el Estado cumpla con su deber de redistribuir la riqueza creada, deben sentirse satisfechos de que su país avance, que dé pasos adelante en sus indicadores de desarrollo social y productivo.
Es hora de actuar, las fracciones legislativas debemos valorar y sopesar la mejor manera de responder a las necesidades de nuestro pueblo, son personas del pueblo las que van a los hospitales, a las escuelas; las que más requerimos del servicio eficiente de médicos, maestros, policías y de tantos otros servicios que deben ser soportados con los fondos públicos. Somos personas del pueblo las que en esencia pagamos las deudas heredadas y para eso es que sirven y deben seguir sirviendo los recursos financieros del Estado salvadoreño.
El Presidente Salvador Sánchez Cerén nos lo recuerda en cada visita a una comunidad, o a una institución de servicios, de manera gráfica recuerda, que es en función de la gente que debe estar una proporción mayor de recursos de las que hoy se disponen. La mejor repuesta que puede darse al país es llevarlo a niveles menos precarios para el servicio y consolidar los avances que vamos logrando en la prevención de enfermedades, de violencia o de catástrofes. La mejor respuesta al país, la respuesta más responsable es pues, aprobar las reformas solicitadas y poder dar la cara a la gente que recibe y necesita servicios, en vez de comportarse como aquellos que no votan ni por la aprobación presupuestaria, vale decir, por la legalidad de sus propios salarios, pero se llenan la boca doce horas al día criticando sin aportar soluciones a los problemas de país.
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