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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
Tres reconocidos abogados criticaron la decisión de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de prohibir al Ejecutivo negociar $900 millones en bonos, sildenafil y cuyo bloqueo afectaría el financiamiento de programas para la seguridad pública, search educación y fortalecimiento empresarial, entre otros. “Me agarra de sorpresa esta resolución… creo que hay que decir algo muy claro: Este país no es un laboratorio jurídico, el día en que te encuentres en una disyuntiva entre el derecho y la justicia, decídete por la justicia”, manifestó el abogado Nelson García. El jurista añadió que la estabilidad del país está por encima de toda interpretación de un formalismo legal. “Muy inconstitucional podría ser, pero la base de esto tiene los intereses nacionales. Significa que esos 900 millones tienen una justificación en materia de seguridad, va para salud; es decir, si alguien alegara la inconstitucionalidad porque esos dineros van a ser utilizados en asesores, en viajes, en despilfarros, yo estaría de acuerdo en que la inmediatez de evitar eso que está empobreciendo al país, que es la falta de austeridad, tuviera una respuesta de esta naturaleza”, sostuvo.
García se mostró en desacuerdo que por un “tecnicismo”, que primero habría que analizar si es valedero, se le impida al Estado poder iniciar gestiones para colocar los 900 millones de dólares, tanto en el mercado local como internacional.
El abogado puso en duda la validez del argumento planteado por los magistrados Belarmino Jaime, Edwar Sydney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo González, de que el voto de un diputado suplente de la Asamblea Legislativa puede ilegalizar el proceso de aprobación para negociar $900 millones en bonos . “Aquí los diputados, supuestamente deben de ser sustituidos en su ausencia por alguien directamente (su suplente), pero no sucede así, ahí está el historial en la Asamblea Legislativa de eso, llega de suplente el que está a la mano”, explicó.
El jurista dejó entrever que este bloqueo al Ejecutivo, implementado por cuatro magistrados de la Sala, podría tener ramificaciones políticas que interesen a un partido específico. “Ahora que es inconstitucional vamos a negociar ¿y qué vamos a negociar, los intereses del país o los intereses de un partido que necesita estar en una junta directiva o estar ganando en la negociación?
García dijo que a pesar de que aparentemente se sustituyó de una manera poco clara a la entonces diputada de GANA, Sandra Salgado, para aprobar los $900 millones en la legislatura anterior, pareciera que ahora lo que se buscaría con esta decisión es empujar a una práctica similar. “A mí no me da mucha satisfacción que todo esto que está planificado en inversión se venga abajo para que caigamos en lo que ha viciado al país que son esas negociaciones interlegislativas”, añadió.
Por su parte, el ex magistrado Omar Pastor, citando artículos de la Constitución de la República manifestó que el procedimiento mediante el cual la Asamblea Legislativa recurre a un diputado suplente para aprobar leyes y otras normativas es constitucional.
“Porque votó uno que no era el suplente de la señora Salgado no vamos a decir que esto es inconstitucional”, dijo Pastor, quien en seguida se remitió al artículo 131 de la Constitución el cual establece: “corresponde a la Asamblea Legislativa llamar a los diputados suplentes”.
“No dice la Asamblea llamará al suplente de, es cualquier suplente”, explicó el abogado, quien remitió además al artículo 128 de la Carta Magna, el cual habla de los “diputados en ejercicio” y no de diputados propietarios o suplentes.
Pastor afirmó que lo que sí establece la Constitución es que los préstamos deben tener su destino bien claro. “Si es para suplir necesidades del pueblo, perfectamente está votado en la Asamblea el contrato (de bonos), dijo. El abogado Héctor Hernández Turcios, ex decano de la Facultad de Derecho, de la Universidad de El Salvador, manifestó que más allá de que la exdiputada de GANA no quiso votar por los 900 millones y que fue sustituida por un diputado suplente, dijo que si el préstamo es necesario para bien del país este debe ser utilizado “porque el país está en una situación que no se puede dar el lujo de pararse y ni siquiera de tener tropiezos para ese tipo de rubros” como educación, salud y seguridad.
Turcios afirmó que solo en caso de que los fondos sean para gastos superfluos como viajes u otras prebendas y no para inversión, tendría razón estos bloqueos. “Este es un momento crítico, indudablemente para el Gobierno, pero también al mismo tiempo es un momento para ir depurando y para decir: esto lo necesitamos para esto y no desgracien la vida institucional del país”, afirmó.
