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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Mesa de Protección a Periodistas presentó el balance de la situación de la prensa en el contexto del tercer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, quien desde que asumió la Presidencia, en junio de 2019 “ha impulsado una narrativa de amenaza constante, de ataques directos en redes sociales, estigmatización, seguimientos y vigilancia en las zonas residenciales contra los periodistas”.
Los datos registrados por el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reporta un incremento de denuncias en los últimos años. En 2019 hubo 77 denuncias; en 2020, 125; en 2021, 220. Entre los principales agresores están funcionarios, la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada (FAES). Inclusive algunos de ellos han tenido que salir del país por la aparente persecución estatal. En las últimas semanas hasta 9 periodistas salvadoreños han salido preventivamente del país, “nos hemos convertido en un país que expulsa a sus periodistas”, destacó el titular de la APES.
El presidente la APES, Cesar Fagoaga, planteó que este el último año de Gestión ha sido “más perjudicial” que los dos anteriores, “este tercer año de gobierno será clave para entender la represión futura contra la prensa, el periodismo es lo único que el régimen aún no controla, pero hay una urgencia por controlarlo”.
“El periodismo mostró solo este último año que el Plan Control Territorial fue un fraude, que funcionarios se beneficiaron económicamente vendiendo comida destinados para los afectados por la pandemia, que durante la pandemia no murieron 4 mil personas como nos ha pretendido engañar el ministro (de Salud), Francisco Alabi y el Minsal, sino al menos 17 mil personas de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, que la Corte Suprema de Justicia trabajó como un despacho legal a favor de la no extradición de pandilleros a Estados Unidos, que el Gobierno al igual que los anteriores tiene manchadas las sangres al pactar con criminales”, enlistó Fagoaba.
Loyda Robles, directora de Fortalecimiento a la Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, planteó que, durante los 3 años de Gobierno, han notado una serie de retrocesos y violaciones al derecho de libertad de prensa y al derecho a la libertad de expresión, a través de reformas a la legislación salvadoreña, por ejemplo, al Código Penal, a la ley de proscripción de pandillas, “estas reformas van en detrimento de la labor periodística”.
Al respecto, el presidente de la APES, dijo que las reformas llevan a los periodistas a la “autocensura”, ya que tienen el temor de publicar contenido relacionado a pandillas. “Estas reformas llevan a la autocensura, muchos periodistas temen publicar algo relacionado a pandillas porque no saben cuáles son los alcances (de las reformas) no saben si esto va a derivar en capturas y eso es muy perjudicial”, destacó Cesar Fagoaga.
Justamente la autocensura se vio reflejada luego de la publicación de El Faro, donde se informó sobre un pacto entre las pandillas y el Gobierno. La mayoría de los medios no lo retomaron.
“Yo mismo me di cuenta que hubo medios que no quisieron retomarla porque no sabían cuáles eran los alcances (de las reformas), es de lo más peligroso. Cuando la prensa se calla, ganan los autoritarios y los antidemocráticos”, enfatizó Fagoaga.
También, Loyda Robles destacó que han notado retrocesos en la legislación existente, como, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública, “hemos visto que desde su aprobación venía en una buena aplicación, pero con la entrada de este gobierno se ha tenido serios retrocesos en razón de acceso a la información no solo a periodistas, sino que a toda la población”.
Periodistas también han tenido hackeos de sus teléfonos celulares, a través del programa “Pegasus”, software que solo se vende a gobiernos, “eso refleja que es este Gobierno el que ha estado realizando esa figura de hackeo”, destacó Robles.
“Ha sido una gestión que se ha caracterizado por obstruir al periodismo, se ha visto cómo en algunas coberturas de manera arbitraria los funcionarios deciden quienes sí y quienes no, pueden entrar a dar cobertura periodística a algunos eventos que son impulsados por las instituciones del Estado”, agregó Robles.
La Mesa de Protección a Periodistas recalcó que “el autoritarismo choca frontalmente con el papel de control del poder que ejerce el periodismo y de ser la garantía del derecho a la información que tiene la ciudadanía”.
Según concluyeron las organizaciones acuerpadas en la Mesa “la prensa libre e independiente es fundamental para ejercer la denuncia de los abusos de poder, de la corrupción, de los caprichos de los gobernantes que se saltan la ley”.
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