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José M. Tojeira
Jorge Velado decía el 16 de Febrero que el Arzobispo de San Salvador “no puede hablar de temas que no conoce técnicamente”. Y se refería especialmente a unas declaraciones de Mons Escobar en las que éste decía, tadalafil entre otras cosas, que las aseguradoras de pensiones se han beneficiado más que los cotizantes del actual sistema. Dado que es el representante más autorizado de uno de los principales partidos políticos del país, es importante comentar sus declaraciones. Y es importante porque en ellas hay al mismo tiempo una serie de contradicciones que desprestigian no sólo a la persona, sino también a su partido. Al final, este tipo de declaraciones que desautorizan al que piensa distinto son excesivamente características de la dinámica política salvadoreña actual, y tienden con frecuencia a hacer caer a las personas que así se pronuncian en una falta de ética seria. Quien desautoriza, en vez de reflexionar sobre las opiniones ajenas, no sólo atentan contra la verdad, sino que finalmente acaban perdiendo toda credibilidad. Porque el poder de la verdad termina,aunque a veces lentamente, imponiéndose.
Es evidente que cualquier ciudadano tiene derecho a expresar su opinión en este país. Negar ese derecho es absurdo. E insistir en que para opinar hay que tener conocimiento técnico de los asuntos es todavía más ridículo. La mayoría de quienes responde a las encuestas de opinión carecen de conocimiento técnico de la realidad y no por ello se menosprecian las encuestas. Especialmente cuando ofrecen buenas perspectivas. Muchos de los miembros de ARENA cuando hablan del caso jesuitas no conocen técnicamente lo que pasó y cómo fue juzgado el caso. El propio Jorge Velado cuando ha hablado del tema da la impresión de no conocer en absoluto la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo un nuevo juicio, que todavía está pendiente y que obliga por tratado internacional a poner los mejores esfuerzos del Estado para su cumplimiento. Esta ignorancia técnica se repite a cada rato en muchos de los miembros de todos los partidos políticos. Una muestra clara han sido las opiniones del actual vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, cuando ha hablado sobre el mismo tema del caso jesuitas.
Y no es sólo ese caso. Acostumbrados muchos de los políticos a hablar con el hígado más que con la cabeza, repiten con frecuencia verdaderos absurdos, tanto racional como técnicamente. Pero más que hacer un recorrido de estos absurdos que con frecuencia resaltan tanto las redes sociales como los medios, es indispensable insistir en la dimensión ética de este tipo de charlatanería política. Lo que nuestro arzobispo ha dicho, insistiendo en que las administradoras de pensiones se han beneficiado económicamente más que los usuarios y beneficiarios de las mismas es simple y sencillamente cierto. El monto de las pensiones ha tendido a reducirse con el uso del nuevo sistema y la aseguradoras han hecho un buen negocio. Y no sólo es cierto sino el arzobispo está mencionando un problema ético. Que alguien se aproveche de la necesidad básica de la gente es un problema real y social. Se podrá cuestionar alguna de las ideas del arzobispo, porque todos tenemos derecho a tener opinión diversa, pero descalificar absolutamente bajo un supuesto desconocimiento técnico algo que es técnica y objetivamente cierto, no tiene otro nombre sino el de falta de ética. Y más cuando esta afirmación viene precedida por otra frase que dice”no creo que el arzobispo tenga la información”. Un hombre que no sabe si el que piensa distinto tiene o no información, se atreve a decir que quien no piensa como él no tiene conocimiento técnico. Sin duda algo atrevida esa forma de expresarse. Contra los hechos no hay argumentación posible, decía un viejo adagio latino. Y el hecho de que las pensiones se han reducido en comparación de las del anterior sistema de reparto es más que evidente.
El sistema de pensiones en El Salvador, además, ni es perfecto ni es justo. Y se puede sin lugar a dudas mejorar en todos los aspectos, incluyendo personas que están injustamente excluidas del mismo, y tratando de mejorar ese derecho a la ancianidad digna para todos que está garantizada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por supuesto se debe garantizar que el Estado no use los fondos de pensiones como caja chica. Pero asegurar el derecho de todos los trabajadores a pensión es indispensable. Y en un país en el que desde los tiempos del gobierno de ARENA se dan cifras aproximadas de un 7% de desempleo, la lógica nos dice que aproximadamente el 90% de las personas de tercera edad debían tener pensión. Pero en la tercera edad actual no se llega al 25% de pensionados. Algo falla en un país que es incapaz de reconocer el derecho a pensión de campesinos, de madres de familia dedicadas a sacar adelante un buen número de hijos cargando con el trabajo del hogar, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, etc.
Las reformas estructurales en este campo deben partir de una mucho mayor inclusión de las personas tanto en formas adecuadas de cotización como de afiliación a un sistema que no sea en la práctica excluyente como el actual. Cerrarse en absoluto a un sistema de reparto es bastante absurdo. Como lo sería cerrarse en absoluto a un sistema de ahorro. Pero entre nosotros, donde pesa más la ambición del predominio político que el bien común, lo que parece importar a los políticos es la descalificación absoluta del que piense distinto.
En la sociedad civil pensamos de diferente manera. Pero resulta terriblemente difícil hacer entrar en razón a los políticos, tan dispuestos a descalificar a cualquiera que no piense como ellos, y tan soberbiamente convencidos de que están en posesión absoluta de la verdad. Afortunadamente hay muestras en la población, e incluso entre los políticos, que nos hacen tener esperanza. La gente quiere acuerdos básicos que nos liberen de la corrupción, la pobreza, la desigualdad, tanto salarial como en los campos de la educación y la salud. Y por supuesto en el campo de las pensiones.
