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Gloria Silvia Orellana
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“El populismo punitivo se vende bien en los sitios electorales, pero tiene costos a corto y largo plazo, costos que de inmediato pagan miles de familias que en su mayoría son familias pobres”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de CRISTOSAL.
CRISTOSAL presentó el Sexto Informe “El Silencio no es Opción”: Investigación sobre las Prácticas de Torturas, Muerte y Justicia Fallida en el Régimen de Excepción.
Sobre el informe, Bullock reiteró que era la sexta entrega de una “investigación abierta” que iniciaron luego de ser decretado el Estado de Excepción en marzo de 2022, y por razones justamente de “opacidad del Estado salvadoreño”, para brindar información sobre la aplicación, resultados o su levantamiento.
“Es importante resaltar que los resultados de esta investigación no implican cifras absolutas de víctimas, más bien son muestras de patrones significativos que aluden a la magnitud de las violaciones de los derechos humanos perpetrados por el Estado en contra de la población durante los dos primeros años del régimen de excepción”, argumentó.
CRISTOSAL es una organización de derechos humanos, cuenta con tres sedes: El Salvador, Guatemala y Honduras, desde las cuales realizan monitoreo e investigaciones sociales, que suman 24 años de trabajo en apoyo a las las víctimas de violencia a sus derechos humanos y la violencia generalizada.
Dentro de este marco, Bullock agregó que se aplicó una metodología de investigación interdisciplinaria con aportes de expertos en derecho penal, medicina legal, analistas de datos, investigadores de campo, investigadores forenses, y cumpliendo con el enfoque de derechos humanos y estándares internacionales de investigación sobre violaciones de derechos humanos. “Durante este tiempo CRISTOSAL ha recogido 478 testimonios de entrevistas a profundidad, en donde los testimonios deducen el costo humano del régimen de excepción, miles de familias desintegradas y sus proyectos de vida destruidos, docenas de miles de niños y niñas en abandono de protección y al menos 176 niños, niñas y adolescentes en orfandad”, señaló.
“Producto de la detención arbitraria de casi 80 mil salvadoreños y salvadoreñas, que hemos complementado con los informes anteriores, queda demostrado que la práctica de tortura, tratos crueles y degradantes a personas en detención bajo el régimen de excepción se ha convertido en política de Estado”, reiteró Bullock.
El director de CRISTOSAL afirmó que era una política que ha producido al menos 265 muertes de personas en detención, las que han sido verificadas por datos recopilados de su organización. Y que a esta “cifra negra” incluyó la muerte de 4 bebés y recién nacidos, que serían las víctimas más jóvenes del régimen de excepción.
“En el 4to capítulo, está un análisis jurídico sobre los 1,178 casos de personas procesadas bajo el régimen de excepción. Y este último capítulo provoca indignación,- al darnos cuenta-, que el sufrimiento humano a gran escala propiciado por el Estado, es causado por decisiones deliberadas del Ejecutivo y Legislativo, con la complicidad del sistema de justicia”, alegó.
“Jueces y juezas han renunciado a su rol de pesos y contrapesos, frente al abuso del poder y como garantes del derecho. Se han convertido en un sistema de justicia que se limita a aplicar las normas de excepción en autómatico con el fin de aplicar un castigo sin pruebas, en procesos judiciales ausentes de fundamentos jurídicos”, reafirmó Bullock.
Y con esta realidad que lleva ya dos años de vigencia, el director de CRISTOSAL consideró que esta medida más que una respuesta a una “situación de emergencia”, al transformarla en “permanente y generalizada”, violentaba los derechos fundamentales de toda una población.
“Ahora, el régimen de excepción es un pilar de un régimen político inconstitucional, cuya forma de gobernar es sin controles, sin políticas públicas y poner amenazas represivas omnipresentes, que sólo recuerda a las épocas más oscuras del pasado”, dijo.
“Es como si para todo problema estructural de país, el gobernante identifica un nuevo enemigo interno y declara que no es digno de derechos y ordena un castigo excepcional sin garantías de un debido proceso. El populismo punitivo se vende bien en los sitios electorales pero tiene costos de corto y largo plazo y de inmediato lo pagan familias en su mayoría pobres”, sostuvo Bullock.
Mujeres, niñez y adolescencia mayormente afectados con el régimen
Zayra Navas, Jefa de la Unidad de Estado de Derecho y Seguridad de CRISTOSAL, afirmó que el tema especial que destacaba el sexto informe era la situación de vulnerabilidad permanente y represión de las autoridades a las mujeres, niñas y adolescentes en las comunidades de mayor pobreza en el territorio nacional.
“Sabemos que todos los salvadoreños tenemos el derecho a la seguridad, por supuesto que eso queremos y vivir en paz. Pero esto no se alcanza con la violación de los derechos humanos de las personas más pobres como está ocurriendo con el régimen de excepción”, reafirmó.
Sobre el tema de la tortura del informe, están resumidas de la base de datos de los cinco informes previos a este, en donde dan cuenta que las muertes y la justicia fallida que el Estado de Excepción está generando en El Salvador es obvia y no se puede negar.
“Nuestra investigación, como ya se explicó, tiene un enfoque de derechos humanos, y la diferencia con los otros informes es que recoge pruebas de lo que hemos venido diciendo previamente sobre las torturas, muertes, abusos de autoridad, de las víctimas silenciosas que comúnmente son las mujeres, niñas, adolescentes, niños y las personas adultas mayores”, enumeró.
Sobre el “costo humano” de esta política del régimen de excepción, indican que en una muestra de 110 entrevistas y el análisis de 7 mil 742 casos de mujeres detenidas bajo esta medida establecen “factores estructurales de disciminación y violencia” dirigido a las mujeres.
Y que entre el 27 de marzo de 2022 y abril de 2024, CRISTOSAL recibió 3 mil 643 denuncias por “abusos o violaciones de derechos” que involucrán a 3 mil 789 personas. Y el hecho más denunciado es la detención arbitraria (96.6%), al que sigue el allanamiento de morada (25.7%) y los malos tratos (9.9%) por parte de las fuerzas de seguridad.
“Este informe consta de los 3 enfoques esenciales: cualitativos, cuantitativos y de campo, por supuesto, recogimos 478 testimonios, significa 2 o 3 horas sentadas con la gente, conversando con ellas y ellos, que compartieron su dolor. Con lo que hemos podido elaborar una base de datos”, acotó.
“Estos testimonios obtenidos nos dan lecciones muy claras, la primera es que hay miles de inocentes que han sido capturadas o capturados bajo el régimen de excepción, y no es cierto que la mayoría de personas detenidas sean pandilleros o pandilleras. Y cientos de personas han muerto en las bartolinas por torturas, tratos crueles, inhumano y degradantes como alimentación, insalubridad y falta de atención médica”, refirió Navas.
Justicia fallida en los procesos judiciales
“Esta investigación estuvo enfocada también en los procesos judiciales y las actuaciones del sistema de justicia”, apuntó, David Morales, de la unidad de Derecho Estratégico de CRISTOSAL, al mencionar el accionar de la Fiscalía General de la República y sus agentes auxiliares como la Policía Nacional Civil (PNC).
“Tras 2 años de vigencia del régimen, CRISTOSAL, ha podido reconstruir los casos 1, 178 personas que han sido procesadas ante los tribunales y que fueron detenidas bajo el régimen de excepción. En donde el perfil de estas personas (81%) son hombres y mujeres (19%), son adultos mayores de 18 años en donde el 86% son jóvenes entre 18 a 41 años”, informó.
“Los voceros del gobierno pretenden justificar las detenciones del régimen, más de 80 mil personas, diciendo que están en manos de jueces y juezas, que ventilan los casos por investigaciones de la Fiscalía -en teoría-, pero no hay acceso a datos públicos, y uno de los principios de los juicios penales, es que sean públicos, pero no son por restricciones arbitrarias de autoridades”, argumentó Morales.
En este contexto, del funcionamiento del aparato estatal, Morales refirió el comportamiento de la Fiscalía, que ha venido utilizando la imputación de “agrupaciones ilícitas” (art. 345/Código Penal), que es ejercida sin “fundamentos fácticos” y menos el cumplimento de estándares legales y jurisprudenciales.
El fiscal ha presentado todos sus casos ante los Tribunales contra el Crimen Organizado, “CRISTOSAL ha podido verificar, mediante la sistematización y análisis de casos, que los requerimientos fiscales que reciben el nombre de -solicitudes-ante esa jurisdicción son generalmente admitidos aunque adolescan de graves vicios”, acotó Morales. En su mensaje final Noah Bullock expresó, “La paz y prosperidad de la nación no se construye sobre una base de tanto sufrimiento humano, tanta violación, tortura y muerte. En este tema las elecciones del pasado son contundentes, la política de violación a derechos humanos y la represión del Estado -como dijo- Monseñor Romero : sólo pueden ser capaces de producir la paz del cementerio”.
“La muerte que siembra las semillas germinará en futuros hijos de violencia y conflicto. Y con la presentación de este informe hacemos un llamado al gobierno de El Salvador a reconocer sus errores, a trabajar para garantizar justicia a las víctimas y cesar los ataques a las personas defensoras de derechos humanos. Nosotros no somos los enemigos”, puntualizó el director de CRISTOSAL.
