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SAN SALVADOR/Sputnik
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ratificó el pedido de renuncia a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, tras fracasar un encuentro entre ambos para coordinar políticas del Gobierno.
“La solicitud de renuncia es pública y notoria, es de dominio público, ella [Porras] la conoce, está colocada sobre la mesa, es ella quien decide si la acepta o no”, ratificó Arévalo en rueda de prensa posterior a una reunión de su Gabinete de Gobierno, en la que estuvo brevemente la fiscal general.
Ante la insistencia de reporteros locales, Arévalo recalcó que el pedido de renuncia está vigente, y consideró que la funcionaria acudió a la referida reunión sin ánimo de participar, y ante la posibilidad de “un debate innecesario” se le invitó a retirarse. Porras aseguró previamente en redes sociales que se retiró de la reunión porque por mandato constitucional y legal tiene prohibido participar como titular del Ministerio Público en una junta del Gabinete de Ministros.
“Dejé constancia, antes de retirarme, sobre esta situación, ya que la ley es clara que la participación de un ente estatal autónomo, como el Ministerio Público, solo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial, como lo manda la Ley del Organismo Ejecutivo”, afirmó la fiscal.
Al respecto, Arévalo negó que los argumentos de Porras aplicaran, y adelantó que se analizarán las acciones a tomar por el presunto incumplimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
“La reunión no fue para pedirle la renuncia [a Porras]. La reunión fue para llevar a cabo los alcances que están establecidos en la ley de promover la coordinación de las políticas necesarias. Esta es una función que le corresponde a las juntas de gabinetes, que está establecido en distintos artículos de la Constitución, la necesidad de hacer esta coordinación”, explicó el mandatario.
Porras advirtió la semana pasada que no renunciará a su cargo, como le solicitó Arévalo y reclamaron en las calles diversos sectores de la sociedad guatemalteca, que la consideran una herramienta del llamado Pacto de Corruptos (grupo de políticos y empresarios acusados de cooptar al Estado).
El Ministerio Público llevó adelante varias investigaciones contra el Movimiento Semilla, partido con el que Arévalo ganó las presidenciales, en una presunta guerra jurídica que comenzó en junio pasado, tras el inesperado avance del ahora jefe de Estado a la segunda ronda electoral.
