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Heinz Dieterich 25.1.2023
1. Tres Obstáculos a la Reelección de Bukele
El presidente Nayib Bukele, quién gobierna a El Salvador desde su triunfo electoral sobre los anquilosados partidos políticos tradicionales Arena (derecha oligárquica) y FMLN (socialdemocracia corrompida post-guerrillera) en el año 2019, mediante una especie de democracia burguesa tribal, cuyo anillo de poder interno es formado por sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef, tiene ganas de reelegirse en la elección presidencial y legislativa del 4 de febrero de 2024.
El deseo del jefe del clan tropieza, sin embargo, con tres obstáculos: 1. La constitución de El Salvador no permite la reelección inmediata del presidente. 2. El milagro económico del tropical voodoo economics vía Bitcoin (el chivo wallet) no se ha producido. 3. Hay una significativa conciencia y resistencia de movimientos populares al creciente autoritarismo del modelo burgués tribal, que se acerca cada vez más al tradicional modus operandi de los regímenes verticales dinásticos centroamericanos.
La respuesta del clan Bukele a esos retos de reelección ilegal es el intento de instalar un régimen de facto represivo.
2. La Constitución
Como era de esperarse, la habitual genuflexión de los jueces ante el poder, que es algo como un reflejo congénito imposible de erradicar en esa profesión, ayudó con superar el pequeño inconveniente de la prohibición constitucional de la reelección. Habiendo ganado el carismático millenial, proveniente del FMLN, las elecciones de 2019 con el 53 por ciento de los votos, la Asamblea Legislativa resultó con una mayoría oficialista bajo su control. Esa mayoría destituyó en mayo de 2021 a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los reemplazó con una Sala a conveniencia del Ejecutivo, que sentenció en mayo del 2021, que Bukele podía inscribirse como candidato a la Presidencia porque la decisión sobre si el presidente siga en su cargo “recae en los electores”. También puso un nuevo fiscal general “hecho a la medida” del Ejecutivo.
Problema resuelto.
3. Economía Precaria-dependiente
Más difícil de resolver es el problema de la economía que tiene el siguiente perfil.
Según datos de Oxfam, en el año de 2015 había 160 multimillonarios en el país. Su fortuna conjunta alcanzaba los 21.000 millones de dólares, equivalente al 87% del Producto Interno Bruto nacional. Un rango perfectamente centroamericano, porque en la región “las 1.075 mayores fortunas poseen una riqueza de 142.000 millones de dólares, equivalente al 80% de la producción de la región”. La otra cara de la moneda es representada por la mitad de los 43 millones de habitantes de la región que tienen “ingresos menores de un dólar al día y sufren altos índices de subnutrición.” Y la dependencia de la economía estadunidense es dramática. En 2021, las remesas enviadas a las familias representaron “más del 25% del PIB” (FMI).
El sistema fiscal es brutalmente clasista. Según la misma fuente, se calcula que en el país se pierden anualmente 1.200 millones de dólares “vía elusión fiscal”. Esta suma “supone 60 veces la inversión en infraestructura para escuelas o 10 veces la inversión en infraestructuras sanitarias”. La carga tributaria apenas llega al 15% del PIB y el “sistema impositivo es altamente regresivo”, pues el 65% de los ingresos provienen de impuestos indirectos (IVA) que penalizan el consumo de bienes y servicios y el 35 restante de impuestos directos.
4. “Situación fiscal insostenible”
La previsión de las tasas de crecimiento a mediano plazo no son halagüeñas y, según el FMI, se reducirán a aproximadamente un 2% a medida que se retiren las políticas de estímulo en Estados Unidos. Esto sería una “tasa inferior al promedio histórico, a causa de los costos de endeudamiento público elevados”. Esa deuda pública está aumentando y alcanza ya el 85 por ciento del PIB (2021). En consecuencia, “La situación fiscal es insostenible: no deja espacio para la inversión privada y restringe los recursos para el gasto social y en infraestructura, lo cual es un obstáculo para el crecimiento. A fin de aumentar las tasas de crecimiento a largo plazo, se necesita más inversión privada” (énfasis, H.D.).
En esta formulación, y el fracaso del milagro Bitcoin, se encuentra la clave para la decisión del clan Bukele, de reprimir a cualquier costa las fuerzas y sectores que podrían poner en peligro la permanencia del Clan en el poder, debido al estancamiento económico.
5. Bitcoin: el Milagro de Bukele que no se produjó
Tratando de repetir online el milagro bíblico de la multiplicación de los panes y peces de Jesús, Bukele lanzó la quimera del Bitcoin –el chivo wallet– como cuna y emblema del milagro económico que su gobierno iba a producir. Para los no-economistas aclaramos rápidamente la irresponsabilidad de esos voodoo economics (Bush) del millenial Bukele.
Las monedas del siglo 21 serán todas digitales. Es decir, simples números. Pero, hay las sanas y las tóxicas. Las sanas son los Central Bank Digital Currencies, CBDC o moneda corriente digital, es decir, un fiat money regulado y garantizado por el Estado. Las tóxicas son criptomonedas como Bitcoin, que son simples creaciones especulativas del capitalismo de casino, sin ningún control legal o político estatal. Son inventos ponzoñosos, idóneos para intereses oscuros del capitalismo financiero, más no para una política sana de un Estado.
Bukele promocionó esos “criptoactivos” como detonantes del resurgimiento económico post-covid de El Salvador, y convirtió el Bitcoin en moneda legal en septiembre de 2021 (Ley Bitcoin), invirtiendo partes de las finanzas nacionales. No se sabe con exactitud el monto de esas inversiones, porque toda la implementación del milagro económico de Bukele, que iba a convertir a El Salvador en un hub mundial de esos criptoactivos, ha estado lleno de opacidad y discrecionalidad presidencial, iluminada sólo por algunos tuits del Jefe. Una estimación razonada indica que las compras estatales de (2.381) bitcoins superan la suma de 100 millones de dólares.
Con todo, el milagro bíblico de los panes y peces no se repitió en el Siglo 21, porque las hyped up expectativas del clan presidencial y su equipo de promoción gringa no se materializaron. El Bitcoin no ha logrado desplazar a la moneda real fuerte de El Salvador, el dólar estadunidense; tampoco ha detonado el crecimiento económico nacional, ni ha conseguido la confianza de la mayoría de la población. Conforme a datos del Banco Central, solo el 2% (sic) de las remesas se hacen a través de bitcoin.
Con la bancarrota de la segunda plataforma de compra-venta más grande de criptomonedas del mundo, FTX, en noviembre pasado y su delincuencial jefe Sam Bankman-Fried arrestado –bancarrota, que ha dejado a sus 50 acreedores más grandes una deuda de casi 3,1 mil millones de dólares (sic)– la credibilidad del Bitcoin y del mercado de divisas digitales se ha debilitado aún más. Para el pequeño país de El Salvador, se estima que la pérdida para las finanzas públicas salvadoreñas hasta ahora “ronda los 70 millones de dólares”, según Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
6. La Represión como Estratagema de Reelección ilegal
Ante este escenario problemático de reelección Bukele decidió reactivar la fuente económica más cercana: vender el país a las transnacionales mineras. Creó una nueva Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y negocia con corporaciones y gobiernos extranjeros.
Sin embargo, había un “pequeño” problema: la minería metálica está prohibida por ley en el país desde el año 2017, debido a la respectiva lucha exitosa de ambientalistas y organizadores comunitarios de las bases populares, que demostraron mundialmente que esa minería destruía las cuencas hidrológicas del país.
En resumen, para resolver “la situación fiscal insostenible” y garantizar su reelección, el clan Bukele necesita cancelar dicha ley, neutralizar a los luchadores sociales que la habían logrado e intimidar a cualquier resistencia de las comunidades respectivaa. Por esa razón, mandó sus policías y militares a la 1.30 de la noche, el 11 de enero, al departamento de Cabañas, para capturar a seis exguerrilleros del FMLN, que después de los acuerdos de paz (1992) y la construcción de la democracia habían participado pacíficamente en el desarrollo de las comunidades y la defensa de sus intereses.
7. Bukele, el Justiciero
Presentación de los seis exguerrilleros del FMLN capturados por supuestamente haber participado en la privación de libertad y asesinato de María Inés Alvarenga en 1989. Foto/Twitter de FGR
El pretexto para la detención de los exguerrilleros ambientalistas Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, el actual director y fundador de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), Teodoro Antonio Pacheco, y el abogado de la misma institución Saúl Agustín Rivas Ortega de la comunidad Santa Marta, que fue el corazón de la resistencia a la minería, fue la época de la guerra civil y supuestos crímenes relacionados con el secuestro y asesinato de María Inés Alvarenga Leiva en 1989. También fue capturado el exdiputado del FMLN, Fidel Dolores Recinos Alas, quien había sido asesor del Ministerio de Seguridad en el primer Gobierno del FMLN (2014-2019).
Mientras Bukele negocia con las mineras, toda la operación está siendo ejecutada bajo el régimen de excepción instalado por su gobierno el 27 de marzo del 2022, que ha cancelado muchos derechos civiles sustantivos de todo Estado de derecho y de democracia, y ha sido condenado por instituciones de la ONU por la violación masiva de los derechos humanos de personas inocentes.
8. El Falso Justiciero Bukele
La supuesta búsqueda de justicia de Bukele en la guerra civil obviamente no es más que una cortina de humo y pura demagogia como en el caso del Bitcoin. Y nadie en la comunidad internacional medianamente informado sobre su intento de impedir “the peaceful transfer of power” en 2024, ratificado para el hemisferio el 9 de enero por Biden, López Obrador y Trudeau, en la Cumbre de Norteamérica, le puede creer esa travestía y perversión de la justicia en El Salvador.
El diario inglés The Guardian recuerda, que el ejército salvadoreño está acusado de “decenas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Santa Marta, la comunidad donde viven y trabajan los cinco defensores detenidos, pero nadie ha enfrentado la justicia”.
A su vez, el Instituto de Estudios Políticos (IPS), con sede en Washington, dijo que la decisión del gobierno de arrestar a los cinco hombres mientras “bloquea la justicia en casos de alto perfil como la masacre de El Mozote plantea dudas sobre si la verdadera motivación es intentar silenciar a estos defensores del agua”.
Así es. En la masacre del Rio Sumpul, el 13 de mayo de 1980, las Fuerzas Armadas del Salvador y sus escuadrones de la muerte asesinaron a más de 600 personas, muchas de ellas mujeres y niños, sin que ninguno de los responsables haya sido puesto ante la justicia. Y lo mismo sucede con la matanza de El Mozote, el 11 de diciembre de 1981, en la cual el Batallón Atlácatl, formado en la Escuela de las Américas del ejército estadunidense en Panamá, 1980, asesinó a más de 1000 personas (¡!). Inclusive, el año pasado, cuando la justicia iba a sentenciar a los responsables, el mismo régimen de Bukele removió al juez con pretextos ridículos y puso una jueza oficialista en su lugar, para bloquear el juicio.
9. Hacia la Dictadura tribal
En Noviembre del 2019, Bukele expulsó al personal diplomático de Venezuela refiriéndose a las violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro, expuestos en el informe de Michelle Bachelet (ONU). En esa ocasión Bukele tuiteó que El Salvador “apoyará votaciones libres, supervisadas por la comunidad internacional y que garanticen la voluntad del pueblo hermano de Venezuela”.
Demagogia pura. Su intento de establecer un régimen de facto, violentando la Constitución del país, estableciendo un régimen de excepción y encarcelando a los luchadores del pueblo, mientras haya impunidad para los verdaderos criminales del país, debe llamar la atención de los gobiernos progresistas de América Latina, encabezados por México y Brasil, y de la comunidad salvadoreña en la diáspora, que financia más del 26 por ciento de la riqueza nacional (PIB).
La Comunidad Internacional debe impedir que sabotée “the peaceful transfer of power” en 2024, absteniéndose de ser candidato a la presidencia, y que libere de inmediato a los luchadores ambientalistas, “falsos positivos” de su proyecto dictatorial.
