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El presidente, Nayib Bukele, anunció el domingo pasado que a partir de ese momento desaparecían cinco secretarías, pero que crearía dos, sin especificar qué pasaría con los empleados afectados, que suman más de 380.
Las secretarías suprimidas son las de Inclusión Social, Técnica de la Presidencia, Transparencia y Anticorrupción, Vulnerabilidad y de Gobernación. Mientras que crearía las secretarías de Comercio y la de Innovación.
Tras el anuncio, el presidente Bukele dijo que los empleados de Ciudad Mujer, programa que depende de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), pasarían al ministerio de Desarrollo Local, pero no habló del total de los 389 trabajadores de esas secretarías.
El lunes se conoció que personal de Recursos Humanos de Casa Presidencial, había entregado a los trabajadores de la ex Secretaría de Gobernabilidad las hojas de renuncia en las que les expresaban que ya no se hicieran presentes a ese lugar.
Estos son despidos, sin haber hecho los procesos que la ley demanda, lo más grave es que sin las respectivas indemnizaciones.
Ayer, el turno y la angustia fue para el más de centenar de trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), quienes fueron citados por Casa Presidencial a las 7:30 a.m., para entregarles “sus hojas de renuncia o despido”.
Tuvieron a los empleados en zozobra hasta después del mediodía, sin que nadie llegara a aclarar la situación. A la hora de escribir este editorial, el personal de CAPRES con los empleados tenían una reunión a puerta cerrada.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), sobre el proceder del presidente Bukele, expresa en un comunicado: “si bien el nuevo Gobierno puede y debe adecuar la organización institucional con el propósito de lograr sus objetivos; estos procesos no pasan solo por una decisión ministerial ni por reformas a un reglamento interno, y mucho menos por el arbitrio de un funcionario. Estos procesos se deben hacer respetando principios básicos, como el debido proceso y la legalidad emanada de la Constitución de la República, tratados internacionales, leyes secundarias y Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que garantizan la estabilidad laboral; además, que tomen en cuenta los derechos adquiridos por las personas trabajadoras”.
Por lo anterior, desde este espacio, se le solicita al presidente de la República respetar la estabilidad laboral de los 389 empleados de las secretarías suprimidas.
