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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Conforme a la Constitución de la República, el Consejo de Ministros debe presentar a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto del año 2017 a más tardar el 30 de septiembre. Su elaboración es un ciclo que inicia en mayo de cada año, y debe ser discutido y aprobado un mes antes del fin de año, para dar seguridad a las instituciones, y que estas puedan planificar su ejecución. Como parte de la elaboración del presupuesto, cada Institución conoce los techos para el presupuesto de gastos, y a eso se debe que aunque no ha sido presentado el proyecto, se sabe ya que deja fuera cualquier incremento salarial, incluso los derivadas de la aplicación de escalafones como el de salud; siendo este el primer impacto del bloqueo sistemático a los ingresos fiscales que provocan las sentencias de la Sala de lo Constitucional y la negativa de Arena de aprobar créditos o emisión de bonos.
El Presidente Salvador Sánchez Cerén ha creado mecanismos de diálogo en la búsqueda de Acuerdos que permitan resolver uno de los efectos coyunturales de ese bloqueo, especialmente el que impidió utilizar 900 millones de dólares autorizados por la Asamblea Legislativa en abril de 2015; pero en la medida que el tiempo transcurre, va despejándose la interrogante sobre si la derecha representada en la Asamblea por el Partido Arena, será capaz de dar un paso que el país necesita, y la respuesta hasta hoy es negativa; mientras, los plazos de pago se vencen, lo que sin duda llevará a que el Órgano Ejecutivo deba optar por otras soluciones que igualmente requerirán aprobación legislativa, de al menos una mayoría simple, lo cual también llevará tiempo.
En la actualidad impactan además el arrastre de los déficit fiscales, que en junio de 2009 era de 5.7% y se vino reduciendo al punto que en 2015 fue de 3.3%; el incremento en los costos de mantener un sistema privatizado de pensiones; el pago de la deuda heredada que llega a representar el 24% del presupuesto y los altos índices de evasión fiscal y robo del IVA por empresarios irresponsables, según algunas estimaciones realizadas por terceros, sobrepasa los mil millones de dólares. En menor proporción, pero igualmente importante, es registrar que hay deudas con el Estado en la fase de cobro judicial que la Fiscalía General de la República debe realizar y que superan los 120 millones de dólares.
Los analistas de derecha eclipsan esta base objetiva en sus juicios sobre la situación fiscal, por simple interés político, creyendo que a más dificultades llevarán agua a su molino, ellos explican todo con el cliché del gasto superfluo. En esta ocasión nos referiremos a algunos de los gastos efectivamente incrementados que revelan la falsedad de esos argumentos.
Las transferencias al Fondo de Desarrollo Municipal FODES que inició en el año 2000, con 600 mil dólares y que en el 2009, era de 223 millones de dólares, este año alcanzó los 351 millones de dólares, es decir, el 8% de los ingresos tributarios netos van a las 262 municipalidades. En su conjunto los programas sociales que en el año 2008 eran de apenas 48.2 millones de dólares, son ahora de 181 millones de dólares; esto se explica porque los pocos que existían tenían una bajísima cobertura y otros eran inexistentes. El de Comunidades Solidarias era en el 2009, de 19.7 millones y hoy es de 44.7 millones, para poner un ejemplo.
La amortización de la deuda de pensiones, que en el 2008 era apenas de 15 millones, en el 2016 es de 88.2 millones, esto sin contar el pago de eurobononos que entre 2001 y 2005 sirvieron para pagar las pensiones, ni la deuda adquirida con el Fideicomiso de Operaciones Previsionales que en el año 2017 sobrepasará los 400 millones de dólares.
Instituciones como el Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República FGR, y la Policía Nacional Civil han visto incrementados sus presupuestos de manera acelerada. El menor de ellos, el de la FGR, paso de 29.1 millones en 2008 a 48.9 millones en 2016, esto sin contar otras asignaciones que le han efectuado, tales como las asignaciones de nivelación, los 100 nuevos fiscales, las captaciones de los 14 millones de los barriles incautados, ni el crédito de 40 millones para la construcción de su edificio central.
Un examen punto a punto permitiría identificar y explicar una verdad aceptada por todos los que analizan comparativamente la situación fiscal del país: “Hay insuficiencia de ingresos”. A efecto de nivelar esa conclusión es igualmente cierto que evitar el gasto de cualquier suma que desentone con la probidad o la racionalidad de las remuneraciones de los estratos que tengan más ingreso es importante, pero la solución está en lo primero, deben pagar más quienes tienen más.
