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El Ministerio de Hacienda ha presentado el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el próximo año fiscal, y en este es necesario destacar que la mayor parte está destinada al área social, es decir, educación, salud y seguridad.
Este presupuesto tiene otros aspectos importantes, y por ello, debería tener la mayor atención de los diputados de las distintas corrientes ideológicas o políticas, pues, dado que por ser un presupuesto que lo van a ejecutar dos gobiernos, el del Presidente Salvador Sánchez Cerén, y el del próximo quinquenio, por quien resulte ganador en las elecciones del 3 de febrero de 2019, no debería tener ningún retraso, como ha ocurrido en los tres últimos años, lo que ha afectado la ejecución del mismo o las inversiones públicas.
Además, contempla una partida especial para el pago de cerca de un mil millones de dólares como parte de la deuda adquirida en los gobiernos de ARENA, pero que corresponde cancelarlas a finales de 2019.
Es decir, se debe garantizar que El Salvador no caiga nuevamente en el impago, como ya sucedió una vez, cuyas consecuencias aún las siguen pagando el tarjetahabiente, o así como a las finanzas públicas que le encajaron 50 millones de dólares por los préstamos adquiridos.
Aprobar el presupuesto a tiempo enviará señales positivas a los inversionistas y acreedores desde el exterior, así como a las calificadoras de riesgo. Las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa deben enviar señales que lo más importante son los problemas de país, y no los de los distintos grupos políticos.
Esperemos también que la campaña electoral presidencial en la que estamos próximos a entrar, sirva también como factor de presión para que los diputados voten a tiempo por el presupuesto, de lo contrario, que el ciudadano sea quien castigue las mezquindades políticas el 3 de febrero en las urnas.
