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El proyecto de presupuesto 2017, planteado por el Ministerio de Hacienda asciende a US$ 4,957.8 millones, un incremento de US$ 97 millones en comparación al presupuesto votado en el año 2016, en términos porcentuales representa un 2% más de fondos, estimándose sobre un 17.8% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) esperado de 2017, en este punto se prevé un incremento poco significativo del PIB de 2017 a US$ 27,842.2 millones, esto es apenas un aumento de US$ 481 millones en términos absolutos y 1.76% en términos porcentuales.
Esta base de estimación del PIB de 2017, nos hace afirmar que el país se encuentra en un ciclo de lento crecimiento, recesión y estancamiento, y dejan sin efecto las estimaciones hechas de crecimiento esperado de 2017 que oscilan entre el 2.3% y 2.7%.
En cuanto al proyecto de presupuesto 2017, las estimaciones de ingresos giran sobre la base de lo proyectado de los ingresos corrientes, es decir, sobre los ingresos tributarios provenientes de las familias y empresas, representando un valor absoluto respecto a los ingresos totales del Gobierno, el 89.1%.
El problema de financiamiento del Estado continúa siendo una dificultad, así podemos ver cómo los ingresos corrientes disminuyen, al igual que los ingresos de capital y el financiamiento, estas disminuciones están compensadas por el incremento en las contribuciones especiales, fundamentalmente la que concierne al FOVIAL, el cual pasaría de 0.20 ctvs. a 0.47 ctvs. Por cada dólar de consumo en combustible, el Fisco tendrá un ingreso de 112.2 millones en estas contribuciones especiales; mientras que los ingresos totales escasamente se incrementarán $97.0 millones. Conociendo los problemas de liquidez e insolvencia que está viviendo el Estado ya al mes de octubre del presente año, sin duda los problemas presupuestarios del año 2017 serán mayores a los experimentados actualmente. Esto aún con la aprobación de los $1200 millones de dólares que buscan aprobar, para tener de nuevo una holgura financiera a partir de las nuevas emisiones de Letes en el próximo año.
Por lo anterior, sostenemos que el problema financiero del Estado si bien es de liquidez en este momento, es un problema de insolvencia por problemas de fondo en la estructura de los ingresos y los dificultades relacionadas con la corrupción fiscal por el lado de la evasión, los problemas de elusión (que no hay esfuerzos por revisarla de forma de reducir este gasto fiscal perverso), así como por el problema del servicio de la deuda multilateral y bilateral, de los eurobonos y la deuda previsional. Esto además por el inconveniente de la dolarización que año con año profundiza la trampa de la deuda. El presupuesto presentado desde el punto de vista de los ingresos es de una perspectiva de la economía, de carácter oscuro.
El papel del Estado en la Demanda Interna
Si se analiza el conjunto de la economía, el Estado es el agente individual más grande que existe en esta área, no hay otra unidad económica, llámese hogar o empresa que tenga, por si sola, la incidencia que tiene el Estado en cuanto al impulso de la economía por el lado de la demanda, el cual en el próximo año tendrá una ejecución presupuestaria como ya se vio de casi 5 mil millones de dólares. Lo anterior, hace necesario saber en qué gasta el presupuesto el Gobierno, para determinar cuándo va de manera directa al estímulo, ya sea por el lado del gasto de los hogares o de la inversión, y cuánto se va en enfrentar los compromisos financieros del Estado, los cuales no impulsan la demanda. Según las proyecciones del FMI para el próximo año el Estado tendría un servicio de la deuda de $1,744 millones entre intereses, pago de principal y deuda previsional, si a esto le restamos la proyección de desembolsos de $377 millones, el balance neto por los compromisos financieros sería de $1,407 millones que tienen que salir del presupuesto. Por otra parte, el mismo FMI proyecta unos requerimientos de financiamiento del Gobierno central, de $2,101 millones de dólares para el año 2017.
Dentro de los impactos directos para hacer crecer la demanda interna, está el pago de salarios, el cual significa $1,785.7 millones de dólares, pero que con relación al año pasado sólo presenta un incremento de $45.3 millones de dólares, o sea, un incremento marginal; el otro gasto que impacta la demanda son los gastos en Bienes y Servicios que ascienden a $370.9 millones, rubro que experimenta una reducción de $79.3 millones. Si comparamos estos gastos hay una reducción neta en estos que impulsan o desestimulan la demanda de $34 millones, es decir que tenemos un presupuesto que en términos de impulsar la demanda, demuestra el carácter recesivo del gasto.
A los gastos anteriores que impactan la demanda, debemos agregar aquellos que el Estado financia por medio de la partida Gastos de Capital, que se estiman en $751.6 millones, orientadas a las Transferencias de Capital con un monto de $458.3 millones, compuestos por el Financiamiento a los Gobiernos Municipales con $343.7 millones, que son gastos para proyectos municipales y un 5% para apoyo al financiamiento. Es importante resaltar que parte importante de este presupuesto se va en pago del servicio de la deuda de los municipios que no es despreciable. Además en esta partida se encuentran los programas de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado, pero que tienen un monto marginal de apenas $37.0 millones, igual está el Bono de Gratuidad de la Educación Media $20.9 millones, el Presupuesto Escolar $25.0 millones, entre otros.
En cuanto a la inversión directa en infraestructura esta apenas será de $182.6 millones, una inversión bajísima; esta se complementa con la inversión a partir de préstamos y donaciones, pero que como ya vimos en las proyecciones del FMI los desembolsos de préstamos programados para el año 2017 mínimamente serían de $377 millones de dólares.
Como ya se analizó en las proyecciones del FMI los gastos por servicio de la deuda para el 2017 se estimaron en $1,784 millones; esto contrasta con lo mencionado en el presupuesto en cuanto a Gastos Financieros y Otros que el Gobierno tiene presupuestados en $669 millones de dólares. Recordando que el FMI igual estima que los requerimientos de financiamiento del Gobierno para el próximo año serían de $2,101 millones.
Resumiendo, el gasto del presupuesto es de carácter recesivo, cuando vemos que el gasto total apenas se incrementaría $97 millones, que escasamente representa una tercera parte del 1% del PIB proyectado. Analizando el gasto, vemos que el gasto corriente mínimamente crecería $55 millones de dólares y el gasto en capital $26.5 millones, o sea que el estímulo adicional a la demanda por parte del Estado para el próximo año apenas sumaría $81.5 millones, lo que representa una tercera parte 1% del PIB estimado para el próximo año. Está claro, por el lado del estímulo a la demanda, que el presupuesto del año 2017 no tiene ningún peso en las posibilidades de crecimiento de la economía, más cuando a este presupuesto de gasto se le agrega el problema del gasto en el servicio de la deuda, que forma parte de este gasto global.
Ahora se analizará brevemente cómo el presupuesto del año 2017 no cumple sus compromisos con el Gasto orientado al Desarrollo Social. En el cuadro siguiente podemos ver que este gasto se reduce en $129 millones, destacando que el gasto en Educación y Salud virtualmente se mantiene estancado, o sea que en términos reales, la capacidad de atender estas necesidades se reduce la capacidad de gasto como resultado de la inflación del próximo año. Lo anterior quiere decir que la reducción de $129 millones del gasto de desarrollo social, todavía sería mayor a $129 millones de dólares, por ejemplo, si la inflación fuera del 3%, la reducción total del gastos en términos reales será de 134 millones de dólares, es decir que se dará menor atención a este gasto estratégico, pero si cubriremos el gasto más fuerte del Estado que es el servicio de la deuda.
Para ver un poco más en detalle este problema del gasto social, analizaremos dos cuadros más: el Gasto en Programas Sociales y el Gasto en Subsidios.
En cuanto al gasto en programas sociales, en términos monetarios se mantiene estancado entre el año 2015 y el año 2017, aunque relacionando el año, en el 2015 y el 2017 estos programas se reducen en $15.5 millones de dólares. Hay dos programas que se ven reducidos fuertemente, el Programa de Ciudad Mujer que entre el año 2016 y el 2017 se reduce en 10.7 millones y el programa de Agricultura Familiar que igual entre el año 2015 y 2017 se reducen en 7 millones de dólares. Este último de por sí ya es bajo y su peso está en el subsidio que se le da en semillas y abono a los campesinos pobres.
Por último, analizamos el tema de los subsidios que en artículos anteriores hemos abordado a fondo, y por eso ahora lo haremos brevemente, a partir del presupuesto del año 2017. Primero decir que estos subsidios entre el año 2013 y el año 2017 han sido reducidos en un 72% pasando de 356.4 millones a $158, en el periodo mencionado. Ya hemos argumentado por qué consideramos que esta disminución en los subsidios es una medida neoliberal equivocada desde el punto de vista social y desde el punto de visto de incentivar la demanda interna para buscar un mayor crecimiento económico, a partir de una mayor demanda de los hogares pobres y medios, que son los que más capacidad tienen de impactar la demanda por su precariedad en sus niveles de consumos.
Por otra parte, como se ha demostrado estos sectores no son un problema para la finanzas públicas, sino es bajo una visión neoliberal, siendo la deuda y el servicio de su deuda el factor principal, como puede verse en el cuadro siguiente, destacando que el servicio de deuda reflejado en el cuadro está subestimado, si lo comparamos con los datos del FMI ya mencionado, que totaliza un servicio para el 2017 de $1,784 millones. Por otro lado, hemos demostrado que los hogares son los que pagan el 75% de los impuestos, por lo cual en realidad ellos no reciben subsidio, sino que una pequeña devolución de los más de $3,000 millones de dólares que pagan de impuestos.
La conclusión final es que tenemos un presupuesto recesivo al igual que la política de gasto, un deterioro de los servicios sociales y, por lo tanto, una política presupuestaria y fiscal que está muy lejos de ser la que el país necesita, y podemos decir que estas no van con la obligación que la Constitución le manda al Estado, que es proteger los intereses de la población y buscar el desarrollo económico y social del país, donde la persona debe ser la prioridad.
