José M. Tojeira
La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, publicó en un informe del mes de Abril de este año una serie de datos sobre la desigualdad en nuestros países latinoamericanos. Va recorriendo diversos aspectos en los que la desigualdad se ceba. En el ingreso la desigualdad es grande entre quienes reciben más y quienes reciben menor ingreso, entre las zonas urbanas y el mundo rural y entre los hombres y las mujeres. Lo mismo pasa en el campo de las pensiones, de los jóvenes, de la educación, de la salud, de internet y del agua y el saneamiento.
En todos estos aspectos la desigualdad afecta más a las mujeres y al sector rural. Aunque la desigualdad es grande entre quienes tienen más y quienes tienen menos, el informe refleja cómo esa misma desigualdad se agrava en el mundo de las mujeres respecto a los hombres y en el campesinado respecto a los trabajadores urbanos. Hace años se llevó a cabo en América Latina una encuesta sobre aversión a la desigualdad. Y resultó que en Centroamérica, exceptuando Costa Rica, era donde había menos aversión a la desigualdad. En otras palabras, que en nuestros países, con desigualdades tan sangrantes, con facilidad se aceptaba e incluso se naturalizaba la desigualdad.
El problema es que la desigualdad, en la medida que es alta y no combatida, frena el desarrollo social e incluso económico. La desigualdad entre países invita a la migración. La desigualdad interna genera diferencias de clases sociales, olvido de la solidaridad y del bien común y falta de empatía ante los problemas de los empobrecidos. Más allá de la gravedad de los problemas que causaban las maras, llama la atención el poco impacto que tiene ente nosotros el dolor y el sufrimiento que ha causado el régimen de excepción a mucha gente, con sus detenciones indiscriminadas, a veces incluso determinadas por llamadas telefónicas anónimas.
La indiferencia de los ricos y poderosos ante el sufrimiento de los pobres se traslada con demasiada facilidad a las mayorías. Y no vale la disculpa del miedo, porque si muchos hubiéramos expresado nuestra aversión a las injusticias cometidas, hace tiempo que se hubiera levantado el régimen de excepción. Pero la solidaridad, salvo honrosas excepciones, no parece la virtud fundamental del país, al menos en estos momentos. Y por eso mismo es responsabilidad de todas las instituciones que hablan de solidaridad, el multiplicar no solo los mensajes abstractos sobre la misma, sino concretar la solidaridad en denuncias de todo aquello que produce dolor injusto a las personas, tantas veces y de tantas formas diversas obligados a sufrir graves desigualdades.
Los estudios sociológicos nos dicen que El Salvador está envejeciendo. En los próximos 30 años la población mayor de 60 años se duplicará: Un crecimiento de este sector etario mucho más rápido que el crecimiento de la población en general. Y aunque hay quejas sobre un sistema de pensiones que, en la actualidad, solo cubre aproximadamente a un 20% de las personas mayores de 60 años, no hay señales de que haya un esfuerzo serio de las instituciones y cuerpos políticos por pensar en el problema relativamente próximo de tener un millón y medio de salvadoreños adultos mayores sin pensión.
La reducción drástica de la desigualdad es una responsabilidad grave. Tanto en el tema de las pensiones, como del ingreso monetario, de la vivienda y de las redes de protección social. Porque si no comenzamos ya a hacerlo, el futuro será cada vez más dramático y triste. Subir solamente el IVA, un impuesto regresivo y poco solidario, no será solución sino atraso. Es necesario pensar el conjunto del país y buscar soluciones en las que aporten más al desarrollo quienes tienen más. Acrecentar la solidaridad, insistir en ella, hacerla parte de nuestra cultura, es una labor de todos los días y no solo en los momentos de desastre.