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José M. Tojeira
Acaba de celebrarse el Congreso Nacional de Educación Superior 2022. El tema central fue la importancia de la salud mental para el aprendizaje, centrándose especialmente en el estudiante universitario. El tema es importante y por supuesto digno de estudio y reflexión para las Universidades e Instituciones de Educación Superior. Sin embargo el problema educativo, incluido el universitario, va mucho más allá de esta temática. El Informe de la Comisión Económica Para América Latina, CEPAL, titulado “Panorama Social de América Latina y el Caribe: la transformación de la educación como base para el desarrollo”, recién publicado en este mes de Noviembre, no deja dudas al respecto.
La pobreza, rondando en nuestro país a un tercio de la población, y la baja calidad de la educación secundaria se unen para crear el problema más grave para el acceso a la Universidad. Sobre todo porque ambas situaciones, unidas a la alta vulnerabilidad de un importante sector de la población no pobre, impiden el acceso de aproximadamente el 75% de la población al libre desarrollo de las propias capacidades. A todo esto se une el hecho de que mientras la pobreza en general afecta al 30% de la población, el porcentaje de pobres entre los menores de 18 años sube al 40% de ese grupo etario. Las mujeres, además, sufren la pobreza en mayor proporción que los hombres.
La Educación Superior, dado los instrumentos de reflexión e investigación que tienen, debería involucrarse mucho más en la lucha contra la pobreza de lo que hasta el momento está haciendo. La salud psicológica de los jóvenes es importante, pero la restricción social al acceso a la educación universitaria es un problema muy grave.
La pobreza además está fuertemente vinculada al bajo nivel educativo. Mientras entre las personas de 25 años que no han terminado la educación primaria la pobreza asciende al 37%, entre los que no han terminado la educación secundaria es del 16%. Y si tienen algún año de universidad la pobreza desciende al 5%. El análisis del bajo rendimiento educativo repite la misma vinculación con la pobreza. En efecto, mientras el bajo rendimiento educativo afecta solamente al 15% de la cuarta parte de mayores ingresos de El Salvador, en la cuarta parte más pobre alcanza el 63%.
Universalizar la educación secundaria y duplicar el acceso a la Universidad supondría una reducción drástica de la pobreza. Pero para lograrlo hay que la educación primaria y secundaria y combatir también otra serie de privaciones. El Informe que mencionamos, además de reseñar mayor pobreza entre los jóvenes, establece también que el 68% de los jóvenes menores de 18 años viven en situación hacinamiento. Evidentemente esa realidad dificulta el aprendizaje.
El informe constata el efecto que en la educación ha tenido la pandemia de covid. América Latina tuvo mucho más tiempo de cierre de las escuelas que el promedio mundial. El Salvador mantuvo en un cierre total las escuelas durante 46 semanas. Y en cierre parcial otras 42. Aunque se implementaron clases virtuales, los expertos insisten en las limitaciones de la enseñanza remota para los niños. El bajón educativo golpeará a toda una generación. El acceso a internet, por otra parte, reproduce la desigualdad según el ingreso.
Mientras la quinta parte de los hogares con mayores ingresos a nivel nacional, tienen conectividad en un 70 % de sus casas, en la quinta parte de los hogares con menor ingreso la conectividad se reduce al 10% de los hogares. El bajo rendimiento en los estudios repite la desigualdad en el ingreso. La proporción de estudiantes de sexto grado en el nivel de más bajo desempeño en matemáticas oscila entre un 29% dentro del quintil de mayores ingresos, y un 77% en el quintil de menores ingresos.
No todo es negativo en nuestro sistema educativo, pero de una lectura seria del documento que estamos citando se deduce que tenemos serios problemas, al igual que otros países de América Latina. El informe de CEPAL insiste tanto en la educación de la primera infancia como en la universalización y mejora del bachillerato, y pide que las universidades se conviertan en el eje de una política de inclusión, creatividad y desarrollo sostenible. En ese sentido, el análisis de la realidad, la propuesta de soluciones o caminos posible de solución para los problemas sociales y el desarrollo del pensamiento y sentido crítico, deben ser el camino de toda universidad que fiel a sí misma, desee aportar novedad y mejoría a la realidad salvadoreña.
Formar profesionales , si solo favorece a un reducido número de personas y aumenta la desigualdad entre formados y no formados en un país, sirve de muy poco. Al Estado le corresponde favorecer la inclusión de los jóvenes en los estudios universitarios, y a las universidades volcarse al análisis y propuesta del mejoramiento de nuestra realidad. Sin esto, cualquier otra actividad puede convertirse en pura verborrea narcisista. Las Universidades, si quieren ser fieles a su vocación fundacional, no pueden considerarse instituciones de élite, dedicadas a prolongar un elitismo reducido, sin conciencia social y sin desarrollo humano solidario.
