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Lic. Juan Antonio Méndez Munguía
Especialista Social del SITRAMSS
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La población ahora tiene un sistema de transporte moderno, capsule ask que le brinda seguridad y rapidez, seek sin contaminar el medio ambiente.
La demanda de inconstitucionalidad admitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra del SITRAMSS ha venido a acentuar el apoyo de la población a su nuevo sistema de transporte moderno.
El 78% de la población que vive en el Área Metropolitana de San Salvador usa el transporte público y solo de la cuenca oriente del AMSS (municipios de Ilopango, San Martín y Soyapango) se trasladan 430 mil usuarios diariamente a realizar actividades principales como trabajo, comercio y estudios, entre otras.
Una resolución de inconstitucionalidad de parte de la Sala sería ir en contra de los 1,4 millones de usuarios del transporte público que se movilizan todos los días para realizar las tareas antes mencionadas, pues el SITRAMSS es el nuevo sistema de transporte para los salvadoreños que se está desarrollando paulatinamente y ha iniciado en el Gran San Salvador.
Pero la demanda es generada por un grupo de empresarios que quieren seguir dando un servicio pésimo, con unidades en mal estado, con mala atención al usuario, creando el desorden y el irrespeto a las leyes, provocando accidentes con fuertes daños a la sociedad, generando inseguridad y paros de transporte afectando a la población salvadoreña, en fin, son parte de un sistema caótico y obsoleto promovido por la falta de políticas de los gobiernos de anteriores que no hicieron nada, a pesar que desde 1995 se realizaron sendos estudios sobre tráfico que ya vislumbraban el problema del crecimiento del parque vehicular y de la obsolescencia del transporte público, lo cual llevó a los expertos en transporte a recomendar la implantación de un sistema de transporte masivo para el AMSS y no se hizo nada.
Desde el momento en que se tomó de decisión de darle una respuesta al problema del transporte público en el país, desarrollando un sistema llamado BRT (Bus Rapid Transit) se iniciaron los ataques por parte de la derecha política y económica; retraso de permisos en las alcaldías, poniendo a sus grupos de choque a protestar por la construcción de la infraestructura, los diputados de derecha impulsando una presión orquestada y apoyada por la gran empresa privada, que han llegado al descaro de utilizar el sistema de acceso a la información para obtener documentos y emitir juicios tergiversados de la información que el Gobierno les proporcionó, haciendo creer que este proyecto en su etapa de construcción estaba torcido por la corrupción, lo cual solo quedó en propaganda vacía.
En lo que va del período del Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, la estrategia de ataque se ha sofisticado y se ha vuelto más intensa. Ahora la gran empresa privada, partidos de derecha y sus grupos de choque han llevado esto al plano de lo judicial, creyendo que con el apoyo que tienen de su aliada, la Sala de lo Constitucional, que en varias ocasiones ha puesto en vilo la institucionalidad y la estabilidad del Gobierno, pretendan detener el desarrollo del SITRAMSS.
El pueblo ha empezado a experimentar los beneficios del SITRAMSS con una flota inicial de 37 autobuses que desde mayo están circulando por carriles segregados que según el Ministro de Obras Públicas Gerson Martínez “estos carriles siguen siendo públicos” y lo hace con razón, pues con esa construcción se está beneficiando al 78% de la población del AMSS. Vale remarcar que el Gobierno ha tomado una decisión tomando en cuenta a la mayoría de la población.
Al realizar un recorrido por las redes sociales, entrevistas en televisión, radio y la prensa escrita, la población ha dado su rechazo a la demanda que los empresarios han interpuesto en la Sala de lo Constitucional, porque es un sistema que inicia y está brindando muchos beneficios, que de suspenderse éste, se le haría un gran daño a la población.
La demanda de inconstitucionalidad está sustentada sobre la base que los corredores segregados están concesionados y éstos, según las autoridades, no lo están, por lo que la demanda no tiene fundamento y más parece una acción política que responde a los intereses de los que siempre se han opuesto al bienestar de este país.
