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Mario Rammos
Centro Andino de Estudios Estratégicos CENAE
La primera reacción de muchos fue de perplejidad, ¿y ahora qué?, probablemente en Noruega dijeron, ahora comprendemos lo de Macondo; cómo entender que un pueblo vote en urnas la continuidad de la guerra, era el inicial juicio en medio del asombro, resultaba increíble lo sucedido en el plebiscito. Pero como solemos decir a menudo, la lógica formal no sirve para desentrañar realidades complejas.
En primer lugar empecemos por lo obvio, las FARC llevan con el Estado colombiano una guerra civil de 52 años, lo que inevitablemente polarizó a esa sociedad y esto obligatoriamente se iba a manifestar en el plebiscito. Además se debe incluir los antecedentes que influyeron en el aparecimiento de las insurgencias armadas colombianas, nos referimos por ejemplo, a la primera ola de violencia: 1949-1953; y segunda ola de violencia: 1953-1958, hechos que solo son una parte de la permanente violencia política que ha caracterizado a la historia de Colombia. Entonces no se podía esperar que los odios acumulados por décadas de guerra se borren de un solo baligrafazo, la paz será un proceso largo con diversas dificultades.
En segundo lugar, a pesar de lo expuesto y a pesar del contexto político vigente, en donde se debe destacar que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es impopular; es inmensamente significativo que la mitad de los ciudadanos que acudieron a votar, lo hayan hecho por el SÍ. El triunfo del NO por un margen mínimo, apenas el 0,47% por encima del NO, aproximadamente 59.000 votos, es un triunfo que no le da al uribismo carta abierta para imponer libremente sus intereses. En este marco también se debe resaltar que el 63,3% de los potenciales votantes no acudieron a las urnas, esto no es más que un reflejo de la debilidad histórica que padece la democracia colombiana.
En tercer lugar, hemos escuchado a varios analistas decir que fue un error que el presidente Santos haya pretendido refrendar en las urnas un Acuerdo de Paz que tomó cuatro o seis años concretarlo, cuando él tenía todas las facultades para ponerlo en práctica. Por los antecedentes expuestos es verdad que se corría un riesgo, no había garantía asegurada de una victoria del SÍ, la larga guerra civil que inevitablemente genera polarización, la endeble institucionalidad democrática, el éxito del Centro Democrático de Uribe en focalizar su campaña en que votar NO era un voto de rechazo a las FARC, además de usar las típicas muletillas, como la del castro-chavismo, que la derecha latinoamericana emplea en toda la región, entre otras variables a considerar, como la posibilidad de que un sector de la población votó contra la crisis social y económica que se encarna en la figura del presidente de la República, o el discurso de Timochenko en Cartagena que simplemente “ofreció” un perdón a medias, pueden explicar la derrota del SÍ. A pesar de todo eso, consideramos que la decisión del presidente Santos fue acertada. Considerando la historia y realidad colombiana, una victoria estrecha del SI hubiese significado, no que se acorte el camino hacia la paz, sino probablemente todo lo contrario; las fuerzas del NO eventualmente hubiesen optado una vez más por vías violentas para dificultar la puesta en marcha del Acuerdo de Paz. Ahora por el resultado del plebiscito, el presidente Santos, y sobre todo el Estado colombiano, están obligados a alcanzar una solución que dé mayor legitimidad al proceso de paz, en donde las partes están obligadas a renegociar ciertos aspectos del Acuerdo o colocar un Adéndum que viabilice políticamente el arranque seguro del proceso de paz. En este sentido es sintomático que las fuerzas del NO hayan afirmado que su triunfo en el plebiscito no significa un regreso a la guerra, por lo contrario, insisten en su oposición sobre determinados elementos del Acuerdo firmado con las FARC.
El expresidente Álvaro Uribe fue sorprendentemente claro en ese sentido, frases clave de su discurso, no dejan lugar a dudas:
Compatriotas: El sentimiento de los colombianos que votaron por el Sí, de quienes se abstuvieron y los sentimientos y razones de quienes votamos por el No, tienen un elemento común: todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia.
Pedimos que no haya violencia, que se le de protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión.
Señores de la FARC: contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad.
Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible: la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal, de calidad, como cabeza de la política social.
Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución; justicia, no derogación de las instituciones; pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito; política social sin poner en riesgo la empresa honorable.
La economía del país está en dificultades, que podrían agravarse con los acuerdos, y llegar al punto de que por frenar la confianza de inversión no hubiera los recursos para cumplir lo pactado con la FARC. (…)
Con afecto y solidaridad con nuestros soldados y policías, las Fuerzas Armadas de la democracia, pedimos al Presidente Santos y al Congreso, que se permita un alivio judicial que no constituya impunidad. (…)
Pedimos una reflexión a la Comunidad Internacional, queremos contribuir a un Acuerdo Nacional1 , que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del Sí, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos, pedimos lo mismo al Gobierno, a sus negociadores y a la Comunidad Internacional. (…)
Por otro lado, el presidente Santos ha dado el paso lógico después del resultado, esto es, convocar a una cumbre de partidos con sus líderes para explorar el camino a seguir después del triunfo del NO, ya que todos manifestó, quieren la paz. Además su anuncio de que el cese bilateral del fuego se mantiene, es fundamental. De esta manera, el presidente Santos diluye el limbo en que cayó el proceso de paz después de tan sorprendente resultado. La implementación del Acuerdo de Paz se posterga hasta lograr un Acuerdo Nacional, uno que con seguridad no será perfecto, pero que consiga niveles de satisfacción aceptables por todas las partes. Álvaro Uribe tendrá que mostrar en concreto cuáles son sus desacuerdos y proponer cosas viables que hagan factible que las FARC cedan, lo que seguramente harán, pues la opción sería volver a la confrontación.
En cuarto lugar, como variable ineludible se hace presente la señora economía, y ésta suele ejercer en última instancia la presión decisiva. Uribe hizo alusión en su discurso a las dificultades por las que atraviesa el país, e indudablemente un elemento que contribuye a aquello es la guerra. A contrario de Uribe, el presidente Santos -que recordemos fue cuando ejerció como ministro de Defensa de Uribe, el que le propinó los golpes militares más simbólicos que sufrió las FARC en su historia-, representa a un sector moderno del empresariado colombiano, y éste ve imprescindible acabar con la guerra para su crecimiento económico e inserción en territorios que hasta el momento tienen nula incidencia en el desarrollo del país. Sin duda, este es un factor que inserta fuerte motivación y voluntad política para cerrar un Acuerdo de Paz.
En conclusión, el escenario que se viene es el de la renegociación. Pero hay que recordarle a los uribistas que en una guerra no solo hay una parte violenta, todas las partes enfrentadas ejercen violencia, es lo normal en una guerra, en este sentido, el defecto y también fragilidad de la postura de Uribe, es endilgar toda la violencia y violación de derechos humanos, únicamente a la insurgencia colombiana, cuando la evidencia empírica, demuestra que fueron el Estado colombiano y su instrumento para llevar a cabo el trabajo sucio, el paramilitarismo, los principales responsables por los crímenes de la guerra (‘falsos positivos’, genocidio de la Unión Patriótica, asesinato de defensores de derechos humanos, sindicalistas, dirigentes comunitarios, etcétera), de acuerdo al informe de Memoria Histórica. Este señala que 220.ooo colombianos perdieron la vida entre 1958 y 2013 por causa del conflicto armado.
Paradójicamente, el resultado del plebiscito hace más posible la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que incluya al ELN y lo que queda del EPL, cuestión que se puede lograr con mayor facilidad ya que ahora las condiciones políticas provocadas por el triunfo del NO obligan a los sectores políticos, luego de negociar, a refrendarlo por medio de algún mecanismo democrático. Esto consolidaría el arranque de la paz y haría inviable un nuevo genocidio como el sucedido con los militantes de la Unión Patriótica. Inclusive Uribe al parecer apoyaría la convocatoria a una Asamblea Constituyente como reconciliación política nacional y porque tiene el interés de viabilizar su reelección.
Desde nuestra perspectiva, las FARC ganaron con el resultado en el plebiscito, de terroristas de acuerdo al discurso uribista y pentagoniano, pasaron a ser “Señores de las FARC”, en los hechos Uribe reconoció su beligerancia. La mitad de la población colombiana que votó por el SÍ les inserta como actor político y ya no militar, eso es un logro importante. La lucha política será en el marco de la normativa democrática de Colombia. Las FARC deben comprender que la legitimidad alcanzada por los últimos acontecimientos, es la verdadera segunda oportunidad, ésta no debe desperdiciarse, plantear que en el Acuerdo de Paz hay cosas que no pueden ser tocadas sería un error. Por otro lado, Uribe no debe olvidar que el Acuerdo de Paz fue legitimado por la comunidad internacional, esto le hace al Estado colombiano y no solo al gobierno de Santos, responsable de sortear las dificultades presentadas para arrancar con la construcción de la paz, de lo contrario la imagen del Estado colombiano se vería afectada, lo que tendría repercusiones en su economía. Se debe recordar que la ONU ya había desplegado un operativo de verificación para el desarme.
Las fuerzas del NO y del SÍ deben comprender que el plebiscito no fue la madre de todas las batallas, fue tan solo un paso más en el proceso de la paz. El reñido resultado no da para la declaración de triunfadores o perdedores absolutos. Insistimos, fue una decisión acertada la del presidente Santos de incorporar a los ciudadanos en la aprobación de lo negociado, una guerra tan degradada, que alcanzó un elevado grado de enredo y complejidad, para que la paz sea asumida por toda la población merece la participación de toda la ciudadanía, lo cual le agrega legitimidad al proceso, redunda en el aumento del compromiso entre las partes y facilita enfrentar a los grupos que intentarán emboscar la construcción de la paz, la aparición de esos grupos será inevitable.
Las pretensiones de Uribe
Uribe manipuló y lanzó reiteradas mentiras sobre las implicaciones del Acuerdo, incluso rechazaba el mencionado Acuerdo sin que antes este finiquitado. Los “correctivos” que pretende tienen que ver con la justicia transicional que plantea como principio que a cambio de verdad y reparación no se judicializa inútilmente el proceso de paz, contrario a esto Uribe habla de “justicia institucional”. También se opone a que las FARC obtengan curules fijas y recursos para que puedan funcionar como partido político, lo cual es lógico si se quiere evitar que las FARC se financien de forma ilegal. Adicionalmente es contrario a la distribución de tres millones de hectáreas de tierra ociosa, eje del acuerdo sobre desarrollo rural, tema que merece un amplio análisis y que algo dejamos señalado más abajo.
En contradicción con su pasado político, donde Uribe había liderado iniciativas similares a las que se encuentran plasmados en el Acuerdo, hoy exige “correctivos”. Por ejemplo, promovió que los desmovilizados del M-19 no fueran a la cárcel, estuvo de acuerdo en que se reforme la Constitución para que los guerrilleros puedan ser electos, en su gobierno dio más de un millón de pesos mensuales de hoy para el sostenimiento tanto de guerrilleros como de paramilitares. Es decir, su oposición a secciones clave del Acuerdo es frágil y creemos superables en un proceso de diálogo, si es sincera su voluntad de paz.
Respecto al tema de la justicia transicional, en un artículo que publicamos el 6 de febrero de 2015, expusimos lo siguiente:
Los grandes crímenes que han generado varios conflictos, como el primer genocidio de la modernidad, la de los armenios; y luego las del estalinismo y el nazismo, o guerras como la de Argelia o Vietnam, son de tal magnitud que escapan a la justicia. Por tal razón ¿es posible en los diálogos de paz que se lleva a cabo en La Habana establecer un proceso que haga justicia a las víctimas de todos los crímenes que la larga guerra civil colombiana ha provocado?
Un conflicto de las características del colombiano, es imposible que se resuelva si se lo aborda jurídicamente, la solución es política, por lo que, si alguna fórmula mágica existe, esta se llama, voluntad política.
Con el marco expuesto, queremos evocar a grandes rasgos la experiencia surafricana que si bien, como habíamos señalado, no alcanzó la complejidad del conflicto colombiano, el abordaje asumido hizo posible el fin del apartheid, -un orden que duró aproximadamente 50 años-, y que permitió sentar las bases de una transición y proceso político hacia la reconciliación del pueblo surafricano, proceso de paz halagado por todos los líderes del mundo, pero que pocos se han preocupado por estudiar y mucho menos seguir su ejemplo.
Prácticamente toda la población blanca de Sur África estuvo implicada en el apartheid. Reconocida esta realidad los negociadores se habrán preguntado ¿es posible condenarlos a todos? Si comparamos, algo similar sucede en el conflicto entre Palestina e Israel, toda la sociedad israelí se encuentra implicada en la ocupación de Palestina, si se abordara un proceso de paz desde la perspectiva de la justicia, ¿sería posible una solución a ese conflicto?
¿Qué se hizo en Sur África? Ahí se desechó los enmarañados procesos jurídicos y se buscó establecer una verdad histórica, en donde cada actor aceptó su parte de culpabilidad con el pasado. Se hizo un reconocimiento público a las víctimas del conflicto a través de facilitar y difundir por todos los medios de comunicación las confesiones públicas sin consecuencias legales de los involucrados en hechos criminales a cambio de amnistía. Si cabe el término, esto tuvo un efecto sanador en la sociedad surafricana, la minoría blanca aceptó su responsabilidad con el apartheid, y la mayoría negra emprendió el camino para superar el resentimiento.
Si se abordara el reconocimiento a las víctimas desde una perspectiva jurídica, los involucrados en hechos criminales, simplemente se van a defender a través de argucias o mentiras. En Sur África solo los que confesaban la verdad obtenían la amnistía. Con esta estrategia, no todas las tensiones sociales desaparecen, pero se inicia el largo recorrido de construir un nuevo tejido social. El recuerdo de los horrores del conflicto no desaparece, pero se lo controla a través de establecer un acuerdo social.
La historia cuenta
¿Es difícil emprender la construcción de un pacto social pos conflicto? Camboya nos enseña que no es imposible, el genocidio llevado a cabo por Pol Pot, no ha impedido que esa sociedad, sin ocultar los hechos a través de convertir en museos desgarradores a varios sitios en donde se asesinaba en masa a la población, inicie en su momento una nueva vida.
Sur África escogió la justicia reparadora y no la punitiva. Estableció una verdad histórica, para que esa memoria sirva a una causa justa, la reconciliación nacional. Si las partes se amurallaban en el predominio de sus intereses, esa reconciliación no hubiese llegado. La compensación está en el reconocimiento público de la verdad, no disfrazarla. Se debe comprender que fijar responsabilidades históricas no impide iniciar un proceso en el presente. Los procesos legales solo conocen de culpables e inocentes, pero la historia de los conflictos nos enseña que estos se explican por los múltiples matices del gris, y no bajo la óptica del blanco y negro.
Si algo hemos aprendido de las comisiones de la verdad es que la responsabilidad personal de los protagonistas de los crímenes se suele diluir por la presencia de las “órdenes superiores”. La premisa es que la verdad histórica tiene un valor educativo mayor que unas cuantas sanciones individuales, que por lo general, recaen sobre los más débiles. Una comisión histórica de la verdad, en el caso colombiano, debe colocar a toda la sociedad frente a sus responsabilidades, en vez de concederle chivos expiatorios.
Por las razones expuestas, consideramos que la puesta en marcha de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, juega un rol central en el proceso de paz colombiano, su 7 responsabilidad es gravitante. Como han registrado varios analistas en Colombia, la mayoría de la población colombiana desconoce los orígenes de cinco décadas de violencia política. Sin el reconocimiento de esa realidad es difícil que la sociedad colombiana comprenda las complejidades de su conflicto interno.
Por otro lado, las FARC exigen la formalización de las tierras unida a la formalización laboral, cuestiones elementales en cualquier democracia moderna. El acuerdo plantea la creación de un ‘Fondo de Tierras para la Paz’, partiendo de que en la ruralidad colombiana un porcentaje sustancial de la gran propiedad rural no tiene origen legítimo, la guerra produjo el despojo de tierras de los campesinos. El Estado podría contar con mucha tierra sin tocar a ningún terrateniente. Colombia registra una de las mayores inequidades del mundo en cuanto a desigualdad en la propiedad rural, con un Gini de 0.85 donde 1 quiere decir que toda la tierra es de una sola persona.
Para finalizar, el NO triunfa especialmente en las grandes ciudades con excepción de Bogotá en donde el SÍ superó al NO por un 12% de la votación. Como ya han señalado varios analistas en Colombia, la población urbana dio la espalda al mundo rural, escenario donde realmente se llevó a cabo la guerra. Las ciudades quedaron finalmente vedadas para la insurgencia colombiana, volviendo inviable su método guerrillero para lograr una Colombia incluyente y verdaderamente democrática.
En Cien años de soledad hay un relato donde los fundadores de Macondo, deciden finalmente permitir la presencia de Apolinar Moscote, el Corregidor, cuya primera disposición fue que todas las casas se pinten de azul para celebrar el aniversario de la independencia nacional, cuestión que había disgustado a José Arcadio Buendía, que por tal motivo expulsó al Corregidor de Macondo, quien luego regresó con su mujer y sus hijas. Los hijos mayores de Macondo dispuestos nuevamente a expulsar a Apolinar Moscote, recibieron la oposición de José Arcadio Buendía ¿por qué? Porque “no era cosa de hombres abochornar a otros delante de su familia. Así decidió arreglar la situación por las buenas”.
