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Samuel Amaya
@SamuelAmaya
Diferentes organizaciones de derechos humanos informaron sobre la situación que atraviesa El Salvador bajo un régimen de excepción impuesto por el Gobierno para supuestamente combatir a las pandillas. Esta herramienta estatal ha sido el mecanismo ideal para cometer violaciones a derechos humanos de aquellas personas que viven en zonas marginadas.
Entre los derechos que se ven afectados con el régimen de excepción están: el de asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones, a ser informado de las razones de la detención y se amplía la detención administrativa, pasando de 3 a 15 días.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), contextualizó que la aplicación del régimen de excepción ha sido prorrogada por dos ocasiones, pero esta medida en su inicio fue aprobada sin observar los parámetros jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“El régimen de excepción ha sido instrumentalizado para opacar el fracaso de las acciones impulsadas por el Gobierno, en el marco del Plan Control Territorial. En efecto, la aprobación del régimen de excepción sacó de agenda pública de que cómo era posible un incremento abrupto en los homicidios a pesar de la alegada efectividad del PCT”, dijo Carrillo, pues habrá que recordar que entre el 25 al 27 de marzo hubo un repunte en los homicidios dejando a más de 80 salvadoreños asesinados.
Carrillo habló sobre la ausencia que ha tenido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la propia Sala de lo Constitucional, además del “papel irrelevante” de los jueces de la República en el contexto del régimen de excepción. El representante de FESPAD informó que se han reportado más de 35 mil capturas entre el 27 de marzo y el 27 de mayo, entre esas capturas, múltiples denuncias de detenciones que no tienen alguna vinculación con grupos delictivos.
Las organizaciones que han monitoreado el régimen de excepción registran solo en dos meses 1,123 casos de denuncias de personas que han sido detenidos sin tener una vinculación con hechos delictivos. Con las más de 35 mil capturas, se llega a una población privada de libertad que sobrepasa las 74 mil personas, es decir “el doble de las que había antes del régimen, implicando un hacinamiento de alrededor del 270% en las cárceles”.
De los capturados, más de 23 mil ya pasaron a la detención provisional, es decir, que el mínimo que estas personas pueden permanecer presas será 6 meses y un periodo indefinido como máximo, esto luego de las reformas legales al Código Penal. Además, en lo que va de régimen de excepción van 26 muertos.
Desde que inició el régimen de excepción; FESPAD, Cristosal, Servicio Social Pasionista, Azul Originario y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA activaron mecanismos para recibir denuncias por violaciones a derechos humanos.
Abraham Ábrego, de Cristosal, afirmó que hasta este jueves se registraban 26 muertes violentas que han sido bajo la custodia del Estado. “Desde que una persona es detenida por agentes de autoridad, eso implica una obligación del Estado de responsabilidad de su custodia; por lo tanto, cualquier afectación a su vida es responsabilidad del Estado. En esas 26 muertes hemos identificado casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, víctimas de vapuleo o que no se les ha permitido el ingreso de medicamentos”.
Concretamente, las autoridades han realizado malas prácticas que ha desembocado en las muertes en los centros penitenciarios, en varios casos no se han realizado autopsias a los fallecidos, ya que los catalogan como “muertes por COVID-19”, también existe una falta de investigación e identificación del delito.
El representante de Cristosal dijo que en este régimen de excepción han tenido casos sobre violaciones al derecho de morada por parte de los agentes de seguridad.
“La mayoría de la gente les abre la puerta, aunque tiene el derecho de no dejarlo entrar, la única razón por la que una autoridad puede ingresar a una morada es si hay una orden judicial, sino, debe tener la autorización de la persona en el hogar, pero en los casos la gente por miedo les permite entrar, pero hay casos que las autoridades han entrado por la fuerza”. También, han visto casos que los agentes al entrar a un hogar han destruido mobiliario e incluso hay casos de robo.
Ábrego comentó que algunas de las prácticas hacen recordar a la época del conflicto armado, como por ejemplo, el de la desaparición forzada, “tenemos casos que a estas alturas no se conoce el paradero de la persona, hay familias que desconocen en qué centro penitenciario se encuentra detenido”.
Hugo Romero, de Azul Originario, habló sobre los impactos que tiene en las familias de las personas inocentes detenidas. En los primeros 15 días, una familia gasta entre $120 y $150, que son en su mayoría gastos administrativos. Pero este dinero en el que invierten para darle atención a su familiar detenido no sabe si se les entrega.
Además, sostuvo que las mujeres son las que deben asumir las deudas, alimentación, y gastos en los centros penitenciarios. Y son las que van a estarse afuera de los centros penales para intentar obtener alguna mínima información de su familiar, son las mujeres que hacen fila bajo la lluvia y duermen en un pedazo de cartón o en el lodo.
Las organizaciones de la sociedad civil por su parte han sido señaladas por parte del aparato estatal de “defender a pandilleros”, esta situación es desmentida por las organizaciones quienes aseguran que velan por los derechos de aquellas personas que son detenidas arbitrariamente y que no tienen vínculos con pandillas.
