Luis Arnoldo Colato Hernández, Educador
Aclaramos que el control del sistema continúa en manos del estado.
Sin embargo, el que los detalles del hecho no sean públicos hace difícil estimar qué sucedió, así como cuáles son las probables pérdidas.
Entendamos que el sistema carcelario se encuentra en este momento a tope, con, de acuerdo al régimen, hasta 110,000 detenidos en el marco del estado de excepción sumándose a los que ya estaban recluidos, superando las capacidades reales del sistema, a pesar de lo afirmado oficialmente, y de la nueva infraestructura carcelaria construida.
El denegar información por parte del régimen a los familiares de los detenidos, o traficar con los gastos de estos por parte del aparato carcelario, o el desatender las autoridades carcelarias las órdenes de liberación que los diferentes tribunales han dictado en torno a cientos de detenidos, o el incontestable hecho de haber liberado hasta a 7,000 detenidos, porque su detención se habría practicado con malicia por parte de las autoridades, hacen de cualquier posicionamiento proveniente del sistema carcelario, cuando menos falto de confiabilidad.
Los hechos nos ubican en el interior de la cárcel de Mariona, la mañana del jueves 11 del corriente, cuando aparentemente dos facciones se habrían enfrentado en el interior del reclusorio.
Como el sistema no se pronunció sobre ello, movilizó la fuerza pública, y conociendo las familias los excesos que estos han cometido, incluyendo torturas, golpizas, amenazas y asesinatos de hasta 230 detenidos, las familias se movilizaron también desde las primeras horas de ese día.
Recordemos que el recinto carcelario de Mariona ha sido escenario en el pasado de enfrentamientos en su interior, con los resultados que todos sabemos, y que son los que atemorizan a las familias; añadamos al cóctel el que el recinto ha sido superado en su capacidad de asilo para los detenidos, así como el que existen irrefutables evidencias de que en su interior se han cometido toda suerte de abusos de parte de los carceleros y la fuerza militar destacada, lo que permite calcular el que aquel espacio es una olla de presión a punto.
Siendo entonces que la detención de los delincuentes es una obligación indelegable a la que los diferentes gobiernos renunciaron para favorecer las privatizaciones promovidas desde el final del conflicto armado, abandonando el estado sus obligaciones y entregándose a privados, para que el que “quisiera seguridad pagara por ella”, se promovió así a las pandillas y el mal que ellas suponen.
Por otro lado, entendamos que la amenaza en las calles no ha desaparecido, pues los arreglos bajo la mesa entre el hampa y el actual régimen continúan, a lo que hay que añadir el factor narco, sumándose a la ecuación, degenerando la posibilidad real de un estallido en las cárceles, como ya sucede en Ecuador, porque sencillamente las condiciones generadoras de la violencia son promovidas por el propio estado.
Y es eso, transformar el estado, o al sistema injusto que genera la violencia estructural consuetudinaria, lo que siempre se sigue posponiendo.