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Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez
Sociólogo, Doctor en Ciencias Sociales y Profesor Universitario de la UES
nquintanillagomez@yahoo.com,
Este 24 de marzo de 2025 se cumplieron 45 años del martirio de monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez ahora San Romero de América. Después de 28 años de la firma de los acuerdos de paz el país va en retroceso y se reviven las causas que generaron la guerra en 1980 con violaciones a derechos humanos en el contexto del estado de excepción y reviven aspectos de represión contra la iglesia católica ahora por su posicionamiento contra la minería metálica promovida por el actual presidente de la república.
El 27 de marzo se cumplieron 3 años de estado de excepción para combatir las pandillas con lo cual el gobierno dice que el problema esta resuelto. Sin embargo, el estado de excepción se mantiene ya no como herramienta para combatir la delincuencia, sino como instrumento de persecución política y violación a derechos humanos. Desde luego, algunos ejemplos de violación a derechos humanos son los siguientes: El 1º de mayo de 2021, con la aritmética legislativa a su favor, el grupo parlamentario de Bukele, Nuevas Ideas, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la república y nombró a sus sustitutos aplicando procedimientos contrarios a la Constitución de la República. Además, a partir de la toma de posesión de los magistrados y el fiscal impuestos, se adoptaron una serie de resoluciones en abierta contradicción a la Constitución de la República. Una de las disposiciones más preocupantes es la que permite la reelección del presidente de la República, en forma consecutiva, no obstante, la prohibición expresa establecida en la Constitución y que la jurisprudencia constitucional exige esperar 10 años antes que la persona que ha ocupado el cargo de presidente se postule de nuevo a la reelección. (CEJ y otros , 2022).
La situación de la democracia en El Salvador es preocupante, porque se observa una verdadera tendencia de acciones que muestran un claro patrón en contra de la democracia. A continuación, se presenta una secuencia de acontecimientos que ilustran lo anterior: Imposición del estado de excepción. Se limitan cuatro garantías constitucionales: limitación a la libertad de reunión, posibilidad de interceptar comunicaciones, limitaciones al derecho de defensa, ampliación del plazo de la detención administrativa; aprobación de la “Ley mordaza”. Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados reformaron el Código Penal y la Ley de proscripción de maras y pandillas para que ningún medio de comunicación pueda difundir ningún mensaje creado presuntamente por las pandillas; violación a derechos fundamentales: activistas de la sociedad civil y exfuncionarios de los gobiernos del FMLN; también se persigue y expulsa a los diputados de Nuevas Ideas que expresan su desacuerdo con la dirigencia del partido; Bukele anula los actos alusivos a la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz; presentación de la ley de agentes extranjeros para limitar el trabajo de las OSC y perseguir penalmente a sus representantes; destitución de comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública; reelección del Fiscal Rodolfo Delgado. El mismo funcionario que sustituyó al Fiscal Melara el 1º de mayo cuando la destitución inconstitucional; desnaturalización de la Fuerza Armada y la PNC; entre otras acciones.
En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Minería Metálica, una decisión que generó una fuerte reacción en diversos sectores. La Conferencia Episcopal de El Salvador expresó su firme rechazo, sumándose a las voces de ciudadanos y organizaciones que alertaban sobre los impactos negativos de esta medida. ¿Cómo afectaría la calidad de vida? ¿Por qué preocupa tanto? Aunque la minería puede generar empleos, las condiciones laborales en este sector suelen ser precarias y con bajos salarios. Además, para extraer minerales, muchas veces es necesario destruir grandes áreas de bosques y ecosistemas, lo que impacta negativamente en la agricultura y la pesca, actividades esenciales para muchas comunidades. Es decir, la minería metálica es dañina para la salud de la población.
Desde la aprobación de la ley en 2024, los obispos de El Salvador, en conjunto con otras organizaciones, han recabado más de 150,000 firmas de ciudadanos de distintas creencias y sectores sociales. El martes 18 de marzo, presentaron las firmas ante la Asamblea Legislativa en una manifestación pacífica. Con pancartas que llevaban el lema “Bukele, no hay minería responsable”, captaron la atención de medios nacionales e internacionales. Y en este orden el arzobispo de San Salvador dijo: «No nos mueve el poder político ni económico, ni intereses de grandes capitales dentro o fuera del país. Lo hacemos por el bien común, por las personas más vulnerables. Sabemos que la minería traería un daño irreparable a un país tan pequeño y poblado como El Salvador. Por eso actuamos junto con el pueblo y con todos los que han querido sumarse, sin distinción de religión. Tenemos fe en que seremos escuchados. No sabemos qué ocurrirá, pero confiamos en Dios. Por ello también hemos realizado jornadas de oración y ayuno, y seguiremos adelante.» (Movimiento Laudato Si’, 2025).
Desde luego la postura del gobierno es contraria al papel de la Iglesia Católica en relación a la minería metálica. En este orden, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra la iglesia católica por su “esfuerzo por detener la minería” y la acusó de guardar silencio por los crímenes cometidos por las pandillas, así como por dar “su bendición para negociar” con dichas agrupaciones. (NewsWeeke, 2025). Desde luego, para detener el accionar de las pandillas con el Estado de Excepción durante tres años se ha violado los DH de muchos salvadoreños. En este contexto el Padre Rogelio Pónseele nos da el Adiós después de un accidente de tránsito.
