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Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez
Sociólogo y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal
El 2024 ha sido muy duro para el pueblo salvadoreño a partir de la medicina amarga impartida por el gobierno desde que inicio su primer mandato en 2019 y profundizada en el inicio de su segundo mandato inconstitucional a mediados del 2024. Desde luego, la toma de posesión del segundo mandato fue el punto final de múltiples decisiones jurídicas, que iniciaron con la indebida destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 y el nombramiento en ese cargo de personas vinculadas a la oficina presidencial. Luego, continuó con la emisión de una resolución el 3 de septiembre de 2021 que, dejando de lado múltiples artículos y antecedentes históricos, cambió el significado de la prohibición entendiendo que no prohíbe la reelección presidencial al presidente actual, sino que prohíbe participar en las próximas elecciones presidenciales al último expresidente. Finalmente, las autoridades electorales permitieron la candidatura, y fue electo por la mayoría de los votantes, en elecciones con serios problemas para asegurar la integridad del voto y competencia electoral y quedan serias dudas sobre la separación del ejercicio del cargo en estos últimos seis meses debido a múltiples actos, declaraciones y resoluciones de los funcionarios. (Centro de Estudios Jurídicos, 2024)
Hay que recordar que, en 1935, el ejercicio de la presidencia de Maximiliano Hernández Martínez bajo un segundo mandato, reelección o como se desee llamarle, fue un quebrantamiento a la Constitución vigente. Ahora, sería una situación similar. Esta reflexión no es un asunto de meras discusiones históricas, tal como se ha dicho, sino que afecta la esencia de la autoridad gubernamental y la forma de operar del Gobierno. Estas reglas han sido establecidas procurando el mayor bien para la ciudadanía, y si bien siempre deben adaptarse a la voluntad de la población, se debe seguir el proceso establecido.
También hay que tener en cuenta que desde su llegada a la presidencia el 1° de junio de 2019, Nayib Bukele, ha profundizado su poder político a costa de estrategias que han erosionado el estado democrático y de derecho. A principios del 2021, el oficialismo logró alcanzar la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, lo que le ha permitido aprobar leyes sin negociar con la oposición y renovar en su totalidad a la Sala en lo Constitucional cuyos fallos le habían sido adversos. El impacto de esta medida no tardó en verse, cuando los nuevos jueces habilitaron la reelección presidencial pese a que está expresamente prohibida por la Constitución.
Del primer mandato se pueden destacar las siguientes acciones del presidente: en el año 2020 se han advertido múltiples y sistemáticas acciones para socavar el acceso a la información pública y la autonomía del órgano garante, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); posteriormente en septiembre del mismo año Bukele modificó por decreto el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública aumentando las potestades del presidente en detrimento de las decisiones colegiadas y designó a tres comisionados afines que, tres meses después, votaron a favor de no grabar más las sesiones del cuerpo. Su idea básica es la concentración de poder a como dé lugar.
¿Que ofreció Bukele en esta segunda toma de posesión el 1 de junio del 2024? “Ahora que arreglamos lo más urgente, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía”, dijo Bukele, adelantando la que será la prioridad de su gobierno en los siguientes cinco años. La pregunta es ¿cómo está El Salvador en términos económicos después de 6 meses de mandato de su segundo periodo?, hay mucha inflación, desempleo, pobreza, desigualdad, crisis económica. Sin embargo, el presidente dijo además que no será un camino fácil, advirtió. “En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga”. Finalmente hay que tener en cuenta que la economía sigue estancada, sin reformas estructurales, altamente endeudada y con una gran dependencia de las remesas.
En el acto de toma de posesión el presidente llamó a los presentes en la plaza a levantar la mano y hacer el siguiente juramento: «Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra, cada uno de los pasos, sin quejarnos, pidiendo la sabiduría de Dios para que nuestro país sea bendecido de nuevo con otro milagro y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo». Desde luego, es una acción demagógica que come el cerebro de quienes no piensan u creen en una realidad ficticia. Además, la narrativa actual de Bukele y sus recientes acciones brindan algunas luces sobre su prioridad y estrategia para el segundo término: mejorar la situación económica del país y pasar de la guerra contra las pandillas a la lucha contra la corrupción.
Sino hay transparencia porque no hay rendición de cuentas ni acceso a la información publica el tema de la corrupción seguirá sin combatirse y más bien, tendrá terreno fértil para seguirse desarrollando incluso desde las esferas del gobierno, ese cáncer de la sociedad debe combatirse para tener un mejor país.
Ahora bien, a seis meses de gobierno del segundo mandato el presidente lo que mas ha hecho es prorrogar el régimen de excepción mes a mes desde marzo de 2022 y en ese contexto no solo ha metido presos a los pandilleros, sino, ha violado los derechos humanos de muchos salvadoreños metiéndolos presos sin deber nada o por ser oposición politica, ha hecho muchos despidos de trabajadores dejando sin el sustento diario a muchas familias, la deuda externa sigue creciendo al extremo que la deuda pública llega a $30,000 millones, un 29% de sus 6,5 millones de habitantes son pobres y muchos siguen emigrando a EE UU en busca de trabajo.
