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Por David Alfaro
–Esto no sólo pone en riesgo la frágil estabilidad social, sino que también compromete la seguridad de los salvadoreños al recibir delincuentes de la peor calaña, como los pandilleros del «Tren de Aragua de Venezuela» .–
El acuerdo que se fragua entre Donald Trump y Nayib Bukele para convertir a El Salvador en receptor de migrantes deportados, incluyendo pandilleros y delincuentes de otros países, no es más que otra evidencia del entreguismo y subordinación del régimen salvadoreño a los intereses de Estados Unidos. Esta medida, que amenaza con profundizar los problemas sociales y de seguridad en el país, revela la falta de soberanía y el oportunismo político de Bukele, quien está dispuesto a hipotecar el futuro de la nación por obtener el respaldo de Washington.
En el pasado, acuerdos similares, como el de «tercer país seguro», se impusieron a naciones centroamericanas bajo la presión de la primera administración de Trump. Sin embargo, lo que aquí se vislumbra va más allá de un pacto migratorio: es un acto de sumisión en el que Bukele acepta convertir a El Salvador en un enorme basurero migratorio para complacer a Trump.
Esto no solo pone en riesgo la frágil estabilidad social, sino que también compromete la seguridad de los salvadoreños al recibir delincuentes de la peor calaña, como pandilleros del Tren de Aragua de Venezuela.
La narrativa oficial intentará justificar este acuerdo como un «éxito diplomático» o un compromiso humanitario, pero la realidad es que detrás de ello subyace el interés de Bukele de garantizar el respaldo político de Estados Unidos, especialmente en un contexto de creciente autoritarismo y aislamiento internacional. El costo, como siempre, será pagado por la población salvadoreña, que enfrentará una mayor presión sobre los ya colapsados sistemas de salud, seguridad y empleo.
El Salvador no puede seguir siendo tratado como una colonia al servicio de los intereses extranjeros. La soberanía no puede ser una simple palabra vacía en los discursos oficiales. La comunidad internacional y los sectores críticos del país deben denunciar este pacto indigno, que solo perpetúa la subordinación y el abandono del pueblo salvadoreño frente a las decisiones de un régimen más preocupado por consolidar su poder que por defender los intereses de la nación.
