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El país cuenta ahora con una mejor herramienta para combatir de forma más efectiva las extorsiones, case flagelo que afecta a diversos sectores de la sociedad y ocasiona cuantiosas pérdidas a la economía nacional.
Y es que el presidente Salvador Sánchez Cerén sancionó el Decreto Legislativo N° 953, que contiene la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, propuesta por el gobierno para hacer más eficiente la persecución de este ilícito.
Es de destacar que esta ley contempla el endurecimiento de las penas de cárcel y la aplicación de herramientas judiciales, como la incautación de bienes producto del delito y el bloqueo de las señales
telefónicas en los contornos de los penales.
Esta normativa fue dada a conocer por el presidente Sánchez Cerén el pasado 11 de febrero y presentada ese mismo día a la Asamblea Legislativa por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito
Lara.
Dicha ley fue aprobada, por unanimidad, por la Asamblea Legislativa el pasado 18 de marzo.
La nueva legislación permite a las autoridades perseguir de oficio ese
ilícito, es decir, sin denuncia previa de las víctimas, aunque admite que comunidades u organizaciones civiles o privadas puedan advertir a la Fiscalía o policía de ese flagelo.
También permite que las denuncias o declaraciones de “testigos de referencia” de extorsiones sean valederas ante las autoridades que investiguen los casos, y que los involucrados en ese ilícito sean
encarcelados, mientras se realizan las diligencias.
La nueva legislación, también obliga a las operadoras de telefonía móvil a instalar aparatos de bloqueo para impedir la salida de señales telefónicas de los 19 centros penales que existen en este país, en un intento por impedir el cometimiento de ese ilícito desde las cárceles.
En cuanto a este bloqueo, la Ley da potestad a la oficial Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), para que supervise el cumplimiento de la normativa entre los operadores de telefonía móvil.
En este sentido, advierte con imponer sanciones económicas progresivas
a las compañías telefónicas que incumplan la legislación, hasta los
tres mil salarios mínimos, y con suspender la frecuencia de manera
definitiva, si la violación a la ley es reiterada. Del mismo modo, con la nueva legislación, la Fiscalía General podrá
decomisar bienes económicos e inmuebles de los imputados en el delito
de extorsión. En tanto, esta Ley prevé cárcel de entre 8 y 12 años a funcionarios y empleados del Sistema Penitenciario que participen en la introducción de ilícitos a las cárceles.
El Decreto Legislativo N° 953 sancionado por el mandatario fue publicado en el Diario Oficial N° 56 y ya se encuentra en vigencia.
