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Yaneth Estrada
@caricheop
El Ministerio de Salud (MINSAL) confirmó que del 1 de enero al 31 de octubre de 2019, se registraron 3,539 casos de abortos espontáneos, y del 1 de enero hasta el 31 de octubre se reportaron 423 embarazos ectópicos. El Instituto de Medicina Legal (IML) contabiliza 822 casos de violencia sexual, de enero a abril de 2019. Las personas agresoras en su mayoría son conocidas de las víctimas: novio, padrastro, padre, esposo, excompañero de vida, tío, vecino y otros. Por edad, el 79 % de víctimas son menores de 19 años, y por sexo el 88.3 % (726) son mujeres y el 11.7 % (96) son hombres.
El Salvador es uno de los quince países del mundo que aún mantiene la penalización total del aborto, desde la reforma de 1998 a los artículos 133 hasta 137 del Código Penal (penas de cuatro a doce años); además, la Fiscalía General de la República (FGR) utiliza otras figuras como “homicidio agravado”, artículo 129 de Código Penal, para imponer penas de veinte a cincuenta años de cárcel. Desde entonces, al menos veintisiete mujeres fueron procesadas bajo la acusación de aborto, veintiséis mujeres fueron presas y condenadas entre doce y cuarenta años en ese año; la mayoría ni siquiera había decidido abortar y sufrieron emergencias obstétricas o abortos espontáneos.
Expertos señalaron que en estos casos no se toma en cuenta el derecho a la vida de las mujeres, el acceso a la salud (95 % en la zona rural); sobre todo en mujeres en situación de extrema pobreza (49.3 %), con una taza de analfabetismo del 7.3 %, a lo que se suma que son víctimas de violaciones a sus derechos, abuso sexual, realizan labores domésticas y otras obligaciones que deben ser garantizadas por el Estado. Asimismo, la FGR reporta en 2019 un incremento en las denuncias de violencia de género de tipo física, patrimonial, sexual y la violencia en general; “donde encontramos diversas modalidades en un solo hecho”, acotó Mariana de Ortega, directora nacional de la mujer de la FGR.
Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista explicó que no están de acuerdo con el proceder de la FGR en el tema del aborto, porque está siendo muy severa con las mujeres acusadas de homicidio agravado u homicidio agravado tentativo, y hasta gasta recursos del Estado para perseguir a mujeres declaradas libres. “Esto ya es un ensañamiento judicial”, dijo en referencia al caso de Evelyn Hernández, ya dos veces declarada en libertad y nuevamente acusada por la FGR. Actualmente, son dieciocho mujeres procesadas por homicidio agravado; de ellas, dieciséis enfrentan procesos judiciales encarceladas.
En este sentido, la dirigente feminista, y ante el aumento de casos reportados por el MINSAL este año recomendó a la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek revisar los procedimientos y las acusaciones hacia mujeres que sufren emergencias obstétricas o abortos espontáneos, para que no sean llevadas por la PNC desde hospitales nacionales hacia la cárcel.
Arnau Baulenas, defensor en los casos de Evelyn Hernández (homicidio agravado) e Imelda Cortez (homicidio agravado tentativo) y abogado del IDHUCA aseveró que: “yo no puedo entender cómo una institución como la FGR gasta tanto recurso y tiempo en perseguir a una joven que tuvo un parto extrahospitalario; no se si es con el afán de tener números y poder salir bien en la evaluación de desempeño o si hay cuestiones más profundas, como convicciones de tipo religiosas por parte de las autoridades fiscales, las cuales son muy legítimas pero no deberían operar como criterios para elegir que casos deberían procesar o no. Criterio es si es o no delito; cuando no hay delito no se debería procesar, pero al parece ser esto no se tiene muy claro”.
Baulenas recalcó que “para superar la criminalización del aborto y la persecución de mujeres en situación de pobreza extrema y emergencias obstétricas, se debe tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU hechas en 2018 que fueron despenalizar el aborto, abordar la educación sexual y reproductiva y la utilización de métodos anticonceptivos”.
Asimismo, lamentó que en el 2017 la Asamblea Legislativa no votara por hacer una reforma al Código Penal, al menos en cuatro causales; es decir, cuando el embarazo ponga en riesgo la salud, vida o la integridad de las niñas o mujeres; cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, estupro o trata de personas; o en casos donde la vida extrauterina del feto sea inviable.
En este sentido, Johnny Wright, exdiputado de ARENA y ahora fundador del partido Nuestro Tiempo y quien dio iniciativa de ley para una segunda propuesta para reformar la despenalización del aborto en dos causales en 2017, explicó que “esto fue producto de un trabajo con la Colectiva Feminista que era un mínimo de mínimos para impulsar una discusión, porque la Asamblea ya tenía engavetada la propuesta de Lorena Peña, que no fue por falta de interés de ella, pero no había una correlación de fuerzas en esa legislación”.
“Mi propuesta solo incluía dos causales: complicación obstétrica y de salud, y el caso de una menor de edad que fuera violada; aunque hubo discusión, se llamó al gremio médico, sociedad civil y otros autores para educar a los legisladores, nunca se tuvo un dictamen”, sostuvo Wright.
Cristina Cornejo, diputada del FMLN aseveró que “ni la propuesta de las cuatro causales, ni la de la de dos ha sido incluida en agenda, lo que indica que no hay interés por parte del resto de los grupos parlamentarios”. “Lo que hemos sabido es que no existe el interés por parte de las demás fracciones para entregar una propuesta y avances en el tema de las cuatro o las dos causales para la despenalización del aborto”, agregó Cornejo.
Con la nueva Asamblea Legislativa 2018-2021 se consultó al diputado independiente, Leonardo Bonilla para conocer si este tema sería discutido dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero descartó totalmente que este se encuentre en agenda.
