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Redacción Nacionales
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La agencia de calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó de B- a CCC la nota crediticia de El Salvador, siendo esta, una de las peores notas que ha tenido el país por el alto nivel de endeudamiento, de continuar así, el Estado podría caer en impago, según las estimaciones que la misma calificadora.
Según dijo Ficht Ratings, el incumplimiento de los pagos “es real”, el riesgo es de $800 millones en eurobonos que se vencen en enero del próximo año. La calificadora expresó que existen “mayores riesgos financieros derivados de una mayor dependencia a corto plazo, un pago de eurobonos de $800 millones con vencimiento en enero de 2023, un déficit fiscal aún alto, alcance limitado para financiamiento adicional en el mercado local, acceso incierto a financiamiento multilateral adicional y mercado externo financiamiento debido a los altos costos de endeudamiento”.
En el comunicado dado a conocer esta semana, Fitch Ratings hace un análisis sobre las acciones que a nivel estatal se han ejecutado, pues señalan que la desconfianza que tiene sobre El Salvador es por la concentración de poder que actualmente tiene el presidente de la República, Nayib Bukele, quien de hecho, controla tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, incluso la FGR, con la llegada de sus diputados al congreso y quienes el primir hacer destituciones ilegalmente. Pero, además, señalan que la implementación del bitcoin como moneda de curso legal genera todavía más incertidumbre y evita que recupere una confianza crediticia.
“En opinión de Fitch, el debilitamiento de las instituciones y la concentración de poder en la Presidencia han aumentado la imprevisibilidad de las políticas, y la adopción de bitcoin como moneda de curso legal ha agregado incertidumbre sobre el potencial de un programa del FMI que desbloquearía el financiamiento para 2022-2023”, dijo en un comunicado.
Además, la agencia calificadora sostuvo que a pesar de que las autoridades salvadoreñas se comprometieron a pagar el servicio de la deuda, “El Salvador enfrenta riesgos crecientes debido a las altas y crecientes necesidades de financiamiento en 2022-2023”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo días atrás que “no había posibilidades de impago”, algo que contrasta con lo publicado por Fitch.
“Fitch estima necesidades de financiamiento totales de $4,850 millones en 2022 (16 % del PIB), aumentando a $5,400 millones en 2023 (18 % del PIB). Fitch espera que el déficit fiscal de El Salvador en 2022 se reduzca marginalmente a 5.5% del PIB desde 5.7% del PIB en 2021. La deuda a corto plazo ha aumentado considerablemente en los últimos dos años con Cetes y Letes aumentando la deuda a corto plazo a $2,600 millones en enero de 2022, de $896 millones en 2019, lo que se suma a las necesidades de financiamiento de 2022.
Sin embargo, las opciones de financiamiento en el mercado local son limitadas, dado que el Gobierno casi ha alcanzado el límite superior legal de $1,600 millones en deuda de Letes de corto plazo. “El gobierno también ha emitido casi $1,300 millones en Cetes a un año en el mercado local durante el último año. Los fondos de pensiones privados y los bancos locales tienen un apetito limitado por aumentar su exposición a dichos instrumentos. De hecho, las subastas de Letes de enero de 2022 no se suscribieron en su totalidad”, señala en su análisis, Fitch.
“El gran stock de deuda a corto plazo complicará la capacidad de servicio de la deuda del Gobierno, lo que aumentará los riesgos de renovación. Si bien Fitch espera que el soberano cumpla con los pagos del servicio de la deuda a corto plazo, las restricciones financieras se volverán más onerosas a medida que avance el año”, agregó Fitch.
Según puntualizó, el gobierno enfrenta una acumulación de vencimientos de deuda a corto plazo en agosto-octubre de 2022, con un total de casi $1300 millones con vencimiento en estos tres meses. Habrá que recordar que el GOES negocia un financiamiento de 1,300 millones con el Fondo Monetario Internacional para precisamente cubrir brecha presupuestaria, pero hasta el momento no lo han podido conseguir, esto le impediría pagar y conseguir más deuda.
Los diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado sobre esta calificación, y lamentan que el país atraviese por una situación de este tipo. El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, sostuvo que es la calificación más baja que ha tenido el país, “significa que estamos por debajo de la clasificación de bonos basura, lo cual nunca había existido”.
Por su parte, Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señaló que aún se pueden tomar medidas para tener una mejor calificación y evitar que esta disminuya, para ello, se debe respetar a independencia de los Órganos de Estado. Además, se debe establecer una priorización del gasto y el ordenamiento de las finanzas públicas. Mientras que el diputado Juan Carlos Mendoza, de GANA, le restó importancia e hizo una comparación, con las acciones que hace el Ejecutivo. Según dijo, el GOES ha hecho “una inversión bastante bonita, vemos construcción de aeropuertos, hay proyectos de calles (…) es un contraste escuchar esa calificación que pueda estar dando esa institución con lo que realmente podemos ver en el país”.
Hasta el cierre de esta nota, el GOES no se había pronunciado al respecto.
