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Deborah López
@DiarioCoLatino
La necesidad de desplazamiento forzado por violencia en El Salvador, según datos proporcionados por las instituciones socias del Sistema Regional de Monitoreo, Cristosal El Salvador, EDUCO-El Salvador y Plan Internacional El Salvador, es más significativa en los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz, Usulután y San Vicente, en los que se contabilizó la mayor incidencia de personas durante el año 2018.
En cuanto a cifras, en San Salvador, se registraron 228 personas, 128 en La Libertad y 62 en La Paz. Mientras, en Usulután se contabilizaron 54 y en San Vicente 53.
Karla Rodríguez, coordinadora nacional de la Unidad de Monitoreo de Cristosal, afirma que esto se debe a la falta de atención que el Estado salvadoreño brinda a las víctimas, a pesar de que la resolución del Amparo 4011-2017 de la Sala de lo Constitucional mandata hacerlo.
Asimismo, no reconoce que la mayor parte de las víctimas no buscan ayuda, debido a que no tienen conocimiento sobre a qué instituciones acudir, en caso de ser víctimas de desplazamiento.
Las condiciones económicas, sociales y políticas también influyen en la afectación de esta problemática, que a través de “conductores” o “facilitadores”, conceptos acuñados por el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) del Consejo Noruego para Refugiados, se puede explicar la vulnerabilidad en la población para experimentar desplazamiento.
Entre los conductores que destacan está el desarrollo humano-pobreza, es decir, “que las personas tengan poco o ningún acceso a servicios básicos, a entidades del Estado, a seguridad y a un entorno que les permita el desarrollo pleno, más vulnerabilidad presentarán de ser personas desplazadas internas ante la ocurrencia de un hecho delictivo”, indicó Rodríguez.
Además, el control territorial de las pandillas u otros actores delictivos ocasionan una mayor probabilidad de que las personas decidan desplazarse cuando son objeto de delitos, porque se tiene la percepción de que el peligro va a concretizarse si no ceden a las presiones de estos grupos. Las amenazas que provienen de parte de pandillas pueden ser de muerte, de violaciones, de secuestro, de extorsiones, entre otras.
“En la medida en la que se perciba, que el grupo pandilleril tiene el poder y el control sobre la localidad donde se asienta la víctima, la percepción de esta aumenta, por lo tanto la probabilidad de que la persona y/o familia que recibe la amenaza se desplace es mayor”, detalló Rodríguez.
Por otro lado, la desconfianza en la institucionalidad permite que la ciudadanía no active el sistema de protección cuando son víctimas de delitos. No obstante, la migración, según Rodríguez, es vista una como una alternativa de solución ante la violencia que experimentan.
Sin embargo, cuando las personas retornan pueden estar en riesgo de ser desplazados internos porque “el peligro por el cual migraron todavía está latente, así como también el estigma de las personas desplazadas internas, ya que muchas veces son percibidas como agentes delictivos en lugar de víctimas de la violencia”, explicó.
A pesar de que las instituciones del Sistema Regional de Monitoreo, reconocen que existe este fenómeno, requieren que ante el Estado también exista una visibilidad de esta problemática, para crear políticas y programas de atención específicos para esta población y se pueda destinar parte del presupuesto nacional, para la atención de personas desplazadas internas.
Hay que implementar políticas públicas “diseñadas de manera específica para la población, de manera que garanticen su protección. Además, deben contemplar la prevención del problema del desplazamiento y las soluciones duraderas para las víctimas”, puntualizó Rodríguez.
Asimismo, profundizó en que estas soluciones duraderas deben trascender el momento de crisis, donde se debe de proveer de seguridad a las víctimas, para asegurar el retorno de las personas a sus lugares de vida o generar una reubicación en alguna localidad, donde puedan retomar sus planes de vida.
