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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Este 27 de marzo se cumple un año de régimen de excepción en El Salvador. El Estado adoptó esta herramienta como una forma de “declaración de guerra” contra las pandillas del país, luego que tras el rompimiento de un pacto entre estos grupos delincuenciales y el gobierno, estos incrementarán el número de homicidios a escala nacional. Tras un año; diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado cientos de detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos y abusos de poder.
Desde que la medida fue aprobada, el 27 de marzo de 2022, los ministros de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, junto al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, han solicitado 12 veces al Pleno Legislativo la autorización para continuar aplicándola. Esto a pesar de que no se puede prorrogar un régimen de excepción por las mismas causas que le fueron motivados más de tres veces según la carta Magna.
Se han detenido a más de 65 mil presuntos pandilleros; se les ha incautado a las estructuras criminales más de $3 millones provenientes de extorsiones y de venta de drogas. Asimismo, más de 3 mil vehículos que utilizaban para cometer crímenes y 2,750 armas de fuego (entre industriales, artesanales y municiones).
Hasta el 15 de enero de este año, registraron 4,564 denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del régimen de excepción, según los datos de siete organizaciones sociales. La mayoría se trataron de detenciones arbitrarias cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC).
Para este lunes, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han convocado a la prensa a fin de actualizar datos.
El Gobierno no tiene una fecha para dejar de utilizar esta herramienta estatal; por el contrario, analistas políticos han alertado que el régimen podría durar incluso hasta el otro año, cuando se desarrollen las elecciones legislativas, presidenciales, concejos municipales y Parlacen. Dicha consideración no está tan alejada, ya que incluso el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, adelantó que, si el gabinete de seguridad considera que es necesario mantenerlo hasta los comicios, lo prorrogarán.
De encuentro, se llevan a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas, algunas han entrado por detención injusta y han salido de los penales con graves complicaciones en su estado físico, otros han salido de emergencia para hospitales y aproximadamente 90 personas han salido muertas. De esto, el Estado no se ha responsabilizado y por el contrario guarda silencio.
Cabe recordar que con el régimen de excepción se suspenden: la libertad de reunión y asociación, el derecho a defensa, la inviolabilidad de correspondencia y de telecomunicaciones y se extiende el plazo de detención administrativa.
