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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Me siento muy agradecido porque la Corte (IDH) ha hecho justicia, y el nombre de mi mamá se ha limpiado. Me siento orgulloso de eso y me siento dichoso de ser hijo de ella”, expresó Jesús, en reacción a la condena al Estado salvadoreño por negar atención de salud integral a Manuela.
La Colectiva Feminista, el Centro de Derechos Reproductivos, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, celebraron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a El Salvador por la responsabilidad en la criminalización y muerte de Manuela, una mujer analfabeta de la zona rural del país.
Con una vida de pobreza y marginación social Manuela comenzó a desmejorar su salud por el año 2007, cuando dolores de cabeza, estómago, cansancio y permanentes náuseas la llevaron a consultar en una Unidad de Salud.
El diagnóstico fue gastritis y le recetaron analgésicos, fue lo único que recibió del sistema de Salud Público, pero las masas que se habían formado en su cuello, no fueron examinadas y que a posteriori se identificó como un cáncer linfático que terminó con su vida encadenada a una cama hospitalaria, y bajo vigilancia policial.
La caída en un río mientras recolectaba agua y el cáncer linfático sin diagnosticar, le generó ese 27 de febrero de 2008 un dolor fuerte en la pelvis y abdomen de Manuela, y casi de inmediato experimentó la pérdida del embarazo estando en la letrina.
La atención médica se demoró porque fue trasladada en hamaca al centro de salud, que distaba a 2 horas distancia, Manuela presentaba síntomas de preeclampsia, era una emergencia obstétrica.
Las emergencias obstétricas se han definido en la atención médica como un estado que pone en peligro la vida de la mujer en estado grávido-puerperial o producto de su gestación. No obstante, la médica del centro de salud que atendió a Manuela, solo la interrogó y luego la denunció ante las autoridades policiales de provocarse un aborto.
“Me siento orgulloso de ser hijo de Manuela, que a pesar de todo lo que culparon a mi madre que ella debía no era culpable. Nos hace entender que lo hicieron con mi mamá no estuvo bien, no investigaron que ella estaba enferma, no investigaron que podía dejar a sus hijos huérfanos”, manifestó el hijo de Manuela.
“Hay muchas mujeres y hay muchos hijos así como yo, me duele haber perdido a mi mamá y muchos niños con sus mamás presas y le pido al presidente (Nayib Bukele) que no haga esas injusticias con uno de hijo, porque sufre uno y las familias”, afirmó Jesús.
Mientras, Morena Herrera, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, reiteró su agradecimiento a todas las personas e instituciones nacionales e internacionales que se involucraron en la búsqueda de justicia en el caso de Manuela, devolviendo la esperanza a mujeres acusadas injustamente por agentes del Estado.
“Esta es una lucha de todas y el movimiento feminista en El Salvador, América Latina y el mundo. Este proceso ha sido largo y queremos aclararle a la ciudadanía que no han juzgado a Manuela, el juicio ha sido sobre la responsabilidad interinstitucional del Estado, ante la violación de los derechos humanos de Manuela”, dijo Herrera.
Asimismo, explicó que desde la entrada en vigencia de la ley que penaliza absolutamente el aborto se ha incrementado la criminalización de las mujeres que han tenido abortos espontáneos o emergencias obstétricas, y que las mujeres han sido condenadas por homicidio agravado y no por aborto.
“La Corte IDH advirtió que la mayoría de las mujeres procesadas por estos hechos, tienen escasos o nulos recursos económicos, que provienen de zonas rurales o zonas urbanas marginales y tienen baja escolaridad, como Manuela que no sabía leer o escribir”, afirmó.
“Y frecuentemente las denuncias son presentadas por el personal médico de la institución de salud, pero con esta sentencia que es una buena noticia para El Salvador, el actual Gobierno tiene la oportunidad de establecer medidas para que hechos como este no se vuelvan a repetir”, subrayó Herrera.
Sobre las medidas de la sentencia, Carmen Cecilia Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, compartió que la sentencia de la Corte IDH tiene efectos para El Salvador y la región latinoamericana al exigir nueva jurisprudencia que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“La Corte IDH es la última instancia para la interpretación jurídica de la Convención de Derechos Humanos, creada por el Pacto de San José, fortalece el Estado de Derecho. Y en el caso de El Salvador se debe cumplir con lo decidido, porque la competencia de este tribunal ha sido ratificada desde 1965, creando estándares de obligatorio cumplimiento”, alegó.
“La Corte IDH da un paso adelante con la sentencia al reconocer que las emergencias obstétricas nunca pueden ser decididas por la vía penal y que la culpabilidad de Manuela no existió. Fue el Estado el que se equivocó y esto debe transmitirse a todos los Estados que han ratificado la convención y que han criminalizado a las mujeres”, aclaró Martínez.
Entre las medidas que debe observar el Estado salvadoreño se encuentra robustecer el “secreto profesional” del personal de salud con mujeres que buscan atención médica reproductiva y no ser denunciadas por supuestas conjeturas de un aborto, así también asegurarse que no se utilicen estereotipos de género en el ámbito judicial.
El Estado salvadoreño tendrá un año para garantizar protocolos adecuados en atención a emergencias obstétricas desde servicios de salud accesibles y de calidad, y reparar de manera integral a la familia de Manuela, entre otros compromisos.
“Nos sentimos muy contentos, yo primeramente por ser hijo de Manuela, se ha dado justicia por lo que mucho tiempo se luchó. Ellos hicieron una injusticia y yo le pido a todo El Salvador entiendan lo que hicieron con mi mamá”, manifestó Jesús.
