Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Gabriela Colocho, coordinadora del Área de Investigación del Servicio Social Pasionista (SSPAS), fue el encargada de presentar el Informe sobre violencia y violaciones de los Derechos Humanos. “Este informe da cuenta de cómo el país ha transitado de una dinámica de violencia social mayoritariamente generada por grupos de pandillas a una violencia desde el Estado”, manifestó.
“El Informe sobre Casos de Violencia y Violaciones a Derechos Humanos” (2021-2022) se realizó con datos obtenidos desde el Observatorio de Derechos Humanos “Rufina Amaya”, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), con el apoyo de Bilbao, que ha documentado un total de 416 víctimas, de las cuales 196 corresponden a hechos de violencia social y 223 indican presuntas violaciones a derechos humanos.
“El informe hace un balance de la seguridad ciudadana y como se ha comportado en la administración (presidente Nayib) Bukele, y nos parece bastante preocupante como se han generado ciertas expectativas en el manejo del tema de los homicidios”, dijo.
“
Admitimos que hay un descenso importantes de ellos, pero tenemos que acotar que todo lo que existe alrededor de este descenso y los costos que significa para el país, la democracia y los derechos humanos es muy alto”, sostuvo Colocho.
A esta dinámica, agregó la investigadora social, se suma el tema de las negociaciones que han existido con estos grupos de pandillas, así como el debilitamiento del acceso a la información, la falta de transparencia y la ausencia de la rendición de cuentas con respecto a los datos oficiales, que actualmente son difíciles de verificarlos.
“Esos datos ahora no parecen confiables y se han perdido niveles de desagregación (información en unidades más pequeñas para definir tendencias o patrones subyacentes) que nos imposibilita conocer en realidad como están impactando estas políticas”, agregó.
“Hemos criticado que si el Plan Control Territorial es una política pública, por qué entonces no hay conocimiento público de este. Así como sus indicadores y cómo ha impactado contra la violencia social. Todo esos datos no los conocemos y ni sabemos con seguridad que estas políticas impactan de forma positiva en la población”, reafirmó Colocho.
En otro ámbito, el informe señala que las mujeres siguen siendo la mayoría de las víctimas por las pandillas -que sigue ocurriendo-, y también de otros victimarios muy cercanos a ellas, como los familiares, parejas o exparejas. Y como las mujeres se encuentran en estos contextos graves que las ponen en riesgo más allá de la baja de homicidios en El Salvador.
En los hechos de violencia social, el 69.38% de las víctimas son mujeres y el 30.61% hombres. El análisis se centró en cuatro elementos: de las víctimas, de los hechos, de los presuntos victimarios y las afectaciones de estos hechos de violencia.
En 196 casos atendidos por el SSPAS, identificaron diversos rangos de edad de las víctimas el 48% para personas adultas (31 a 59 años); luego el 35.71% es de personas jóvenes (19 a 31 años) y otros casos de grupos vulnerables como la niñez (10.20%) y personas adultas mayores (6.12%), que al cruzar las variables de edad y sexo de las víctimas las niñas y mujeres son las más vulnerables.
“Las mujeres siguen siendo la mayoría de las víctimas por las pandillas -porque sigue ocurriendo-, y también de otros victimarios muy cercanos a ellas, como los familiares, sus parejas o exparejas. Y como las mujeres se encuentran en estos contextos graves que las ponen en riesgo más allá, de la baja de homicidios en El Salvador”, alertó.
“Nos preocupa que los datos sobre violencia contra las mujeres que está monitoreando -por ejemplo-, por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que documenta todo tipo de violencia contra las mujeres, pues ha descendido de manera significativa su información (2021-2022), y con datos parciales hasta julio 2022, no hay nuevos reportes, bueno se ha perdido calidad”, acotó Colocho.
Colocho criticó el silencio desde la institucionalidad como el ISDEMU, ante hechos de violencia contra las mujeres, y debería estar garantizando la Ley para una Vida Libre de Violencia para las mujeres salvadoreñas.
“ISDEMU no se ha pronunciado cuando hay violencia contra las mujeres o cuando hay violaciones contra mujeres jóvenes y niñez, que son casos gravísimos o cuando hay feminicidios tampoco se pronuncia”, observó.
“El ISDEMU no se pronuncia tampoco cuando hay un marco de régimen de excepción que está impactando la vida de las mujeres. Y nos preguntamos ¿Cómo puede haber disminución de hechos de violencia si los datos ante estas políticas y la ausencia de las instituciones que deben garantizar estos derechos, no dicen nada?”, alegó Colocho.
En cuanto a la impresión desde la población sobre la “seguridad social”, la investigadora explicó, “que hay un tema de percepción de la violencia” y que se ha medido a través de los homicidios, que consideró “una pequeña trampa”, ya que los homicidios no es la totalidad de la violencia, porque hay otras expresiones que también son violencia y El Salvador, ha sido identificado por ser violento.
“Claro, al descender el número de homicidios que bien pueden ser dudosas, las cifras ponen en tela de juicio a las autoridades. Si la población encuentra con menor frecuencia la violencia de homicidas en sus territorios, sumado a una campaña mediática diciéndole a la gente que no hay homicidios, pues crea una falsa expectativa”, acotó.
“Es más, hay días en donde señalan (autoridades) cero homicidios, pero si hacemos otro tipo de ejercicio de verificación como los medios de comunicación y prensa, allí nos damos cuenta que si hubo homicidios, entonces, eso forma parte de las dudas que tenemos con los datos oficiales. Por un lado, la PNC reporta cero homicidios y, por el otro, informan de enfrentamientos con supuestos grupos de pandilleros y esas muertes no las están contando y no sabemos por qué”, expresó Colocho.
Sobre las conclusiones del informe del SSPAS, Gabriela Colocho manifestó que se está conformando un escenario complejo. Una opinión que comparten con otras organizaciones de defensa de derechos humanos y así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el manejo de la violencia social en el país.
“Hemos transitado de un contexto de violencia social que mayormente golpeaba a la población y era ejercida por particulares como los grupos de pandillas, en donde las víctimas aún no encuentran justicia. Y ahora, estamos en un contexto de violencia estatal, esta violencia del Estado en manos de la Policía Nacional Civil y los militares con tintes más represivos”, aseguró.
“Es un escenario adverso, pero nuestro deber es advertir a la sociedad como se está comportando la institucionalidad sobre todo aquella que se encarga de mantener entornos seguros como la PNC. Lo que esperamos, es que el Estado recapacite, y sus funcionarios entiendan su papel en la sociedad, y que la sociedad y organizaciones buscamos ejercer una contraloría para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia para entendernos y construir escenarios diferentes”, concluyó Colocho.
