Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Luis González, integrante del Equipo de Incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), señaló que el paso de la Tormenta Tropical Julia evidenció la poca preparación en la gestión del riesgo; cuyo impacto entre las poblaciones vulnerables solo se compara al evento extremo del Huracán Mitch que afectó a toda la región centroamericana hace 24 años.
“Como UNES plateamos que pese a estos eventos reiterados, en donde se es víctima de estos eventos, muy poco se ha aprendido para poder enfrentarlos adecuadamente y realizar una gestión de riesgo integral o la propuesta de nosotros que es el enfoque de Gestión Ecológica de Riesgos”, afirmó.
“Es lamentable que se siga sosteniendo un enfoque emergencista, reacción frente al desastre y no de prevención. Porque, actualmente no se toma el componente climático y tenemos un cambio climático global que exacerba los impactos y hace que las tormentas, ciclones, huracanes y sequías, sean más intensas y golpeen los medios de vida de la población”, sostuvo González.
Asimismo, señalaron que el “modelo consumista y extractivista” que se impulsa, eleva los riesgos de la población como los 1,586 permisos ambientales expedidos en un año por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que “pone presión en los territorios” que contribuye al cambio climático y afecta la biodiversidad, entre otras conmociones a la naturaleza. “El riesgo a desastres no se genera por sí solo, no son naturales -aclaro- son construcciones humanas y sociales, si bien el riesgo a desastre en una parte tienen que ver con fenómeno natural o humano que eleva el peligro, su contraparte es la vulnerabilidad”, acotó González.
Sobre las vulnerabilidad, agregó, se relaciona con la falta de capacidad de enfrentar el peligro por falta de organización, infraestructura que deben ir acompañadas de políticas económicas y sociales. A partir de la educación y participación, pero consideraron que se ha hecho muy poco desde las autoridades gubernamentales.
“No puede ser que nos quejemos o estemos tristes por un derrumbe cuando previamente han dado un permiso para hacer viviendas o deforestar la punta de un cerro. Entonces, en un país en donde se han dado en un año 1,500 permisos ambientales a proyectos que pueden tener un impacto ambiental, obviamente, están poniendo en vulnerabilidad a la población y los ecosistemas”, sostuvo González.
Asimismo, desatacaron que la desarticulación de las Comisiones Comunales de Protección Civil, en el territorio nacional también ha contribuido a elevar el riesgo de las comunidades en situación de vulnerabilidad. Sumado, a las Comisiones Municipales de Protección Civil, que carecen de recursos humanos y financieros para atender de inmediato las emergencias.
Mientras, Fátima Romero, de la UNES, afirmó que la Gestión Ecológica de los Riesgos, se trata de conocer todos los componentes naturales de los ecosistemas y así poder prever los peligros y minimizar así los impactos de los fenómenos climáticos.
“Si hablamos de los bosques salados o manglar, que han sido identificados que brindan de gran manera protección a los medios terrestres como lo fue con el evento hidroclimático de la Tormenta Tropical Julia. Hay evidencias científicas que estos ecosistemas responden como barrera natural ante la entrada de huracanes, ciclones y tormentas tropicales”, señaló.
“Como UNES sabemos que las respuestas basadas en la naturaleza son efectivas en la prevención de riesgos, pero desde ecosistemas sanos, porque protegen a las comunidades en su territorio, así como, infraestructuras y salvaguardan un futuro estable y biodiverso”, acotó Romero.
No obstante, indicó que debe hacerse una inversión en la conservación y restauración de esos ecosistemas como los bosques salados, reconocidos como “Ecosistemas Centinela” por constituirse en una barrera viva frente a las inundaciones, que deberán ser “prioridad” en los planes de gestión de riesgos.
“Lamentamos que con estas tormentas tropicales no se haya hecho prevención ni que se haya aplicado la Ley de Protección Civil, en sus aspectos correctiva y reactiva del riesgo, porque es evidente que las autoridades gubernamentales no la han aplicando y se evidencia en la desarticulación de las comisiones territoriales de protección civil”, sostuvo.
“El 95% del territorio de El Salvador se encuentra en vulnerabilidad”, acotó Alejandro Labrador, técnico territorial de la UNES, al presentar los cifras del monitoreo que realizan las comunidades de sus ecosistemas e infraestructura que la rodea en el occidente del país.
Labrador resaltó que toda la información que proviene de la Red de Monitoreo Climático Comunitario se basa en los conocimientos de los pobladores que viven la vulnerabilidad de sus territorios, y quienes trabajan en la gestión de los riesgos desde la prevención, organización y monitoreo de los fenómenos climáticos. “Esto es un paradigma para la población en la gestión de los riegos, porque no solo es llevar ayuda cuando hay emergencias o auxiliarle cuando ocurrió una desgracia en el territorio. Cuando las personas pueden participar de un modelo efectivo y eficiente en la prevención por estar en la zona marino costera de Ahuachapán y Sonsonate”, señaló.
“Los reportes que tenemos son cuatro fallecidos en Sonsonate, de los cuales 2 de ellos en su territorio y los otros dos fuera del departamento. Sabemos que 262 personas han sido albergadas en diferentes espacios comunitarios, municipales, centros escolares y casas privadas, para resguardar a las personas en forma preventiva”, informó.
No obstante, lamentó el retardo de la asistencia por parte de Protección Civil y las municipalidades que consideró “ineficiente” en aspectos tan básicos como la alimentación y otros insumos que demanda la población en situaciones de emergencia.
Sobre los impactos a los territorios, la UNES reiteró que desde la Red Monitoreo Comunitario informan de personas y familias evacuadas, daños en puentes, sistemas de comunicación, sistema de energía eléctrica y sistema de distribución de agua potable, así como la inseguridad alimentaria por pérdida de cultivos.
En el departamento de Ahuachapán, los daños a la infraestructura son viviendas a las que cayeron árboles por la fuerza de los vientos, así como derrumbes y deslizamientos de tierra. Amenazas de inundación por el río Paz, que afectarían a las comunidades La Hachadura y Zanjón del Chino en San Francisco Menéndez.
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) reiteró el llamado al gobierno para que aplique la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en todas las actuaciones frente a los riesgos de desastres y que se cuente con el financiamiento público.
Que desde el gobierno central retomen en enfoque de la Gestión Ecológica de Riesgos, en las acciones a realizar y en los proyectos en proceso de autorización, a fin de que no se permitan obras que a un mediano plazo generen vulnerabilidad frente a una amenaza ya sea de origen natural o humana.
