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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El reciente proceso para elegir presidente de la República y diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador se ha caracterizado por una clara y aguda crisis electoral –antes, durante y después de las elecciones– debido a irregularidades y acciones que pueden llegar a constituir el delito de fraude electoral“, manifestó en un comunicado público CRISTOSAL.
“Como CRISTOSAL realizamos un monitoreo del proceso
electoral donde identificamos violaciones a la Constitución y a las normas electorales”, agregó la fundación.
Los señalamientos de un fraude denunicados por parte de los partidos políticos de oposición, los cientos de testimonios del fallo del sistema de conteo de votos por miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), y el supuesto rompimiento de la cadena de custodia de paquetes electorales ha marcado el tumultuoso señalamiento sobre el resultado de las elecciones del pasado 4 de febrero.
Sobre las normas electorales violentadas, CRISTOSAL señaló que el gobierno usó el “régimen de excepción” como herramienta para “coerción e intimidación de la población”, al explicar que semanas previas a estas elecciones también hubo un despliegue militar en algunas zonas del país.
“La Asamblea Legislativa aprobó la reducción de municipios y diputaciones sin ninguna base técnica, favoreciendo electoralmente al oficialismo y sin dar margen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para adecuarse a estos cambios”, afirmó CRISTOSAL.
“La Asamblea y el gobierno central ahogó financieramente a sus oponentes al negarles el derecho, que por ley les corresponde, de acceder a la deuda política para su campaña”, agregó CRISTOSAL.
La fundación CRISTOSAL afirma, en su comunicado, que tanto el presidente de la república, que era un candidato inconstitucional a la reelección, como sus ministros y sus diputados se valieron de sus cargos para “usar recursos estatales para la campaña”.
En cuanto al día de las votaciones, CRISTOSAL dice que “Violaron la normativa electoral al haber entregado paquetes alimenticios e inaugurado obras públicas; y tuvieron injerencia indebida en el proceso electoral con la pasividad del TSE. Y la negligencia al permitir una candidatura inconstitucional, no asegurar igualdad de participación entre partidos e ignorar irregularidades en la campaña y elecciones”.
“El TSE no administró de manera transparente el voto en el exterior al no informar sobre los mecanismos para garantizar la fiabilidad de este proceso y no garantizo la certeza en los resultados por fallas logísticas, administrativas y tecnológicas. Tampoco aseguró la cadena de custodia de papeletas electorales y actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)”, argumentó CRISTOSAL.
A lo que sumó en sus observaciones los “informes presentados por diversas delegaciones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales”, que en su reciente rendición de informes al Tribunal Supremo Electoral, sobre el proceso de votación “comparten estos hallazgos y la preocupación de que el proceso no ha cumplido los estándares internacionales de legitimidad”.
“La suma de estos elementos violenta los derechos políticos de las salvadoreñas y salvadoreños al desincentivar su participación a todo nivel: como votantes, como candidatos, como observadores o miembros de JRV o como miembros activos de partidos políticos y organizaciones sociales”, indicó.
“En otras palabras, elimina la pluralidad política y contradice el artículo 85 de la Constitución, que detalla que la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución”, aclaró CRISTOSAL.
Por todo lo anterior, CRISTOSAL hizo un llamado a las instituciones salvadoreñas para que cumplan su rol en garantizar un “proceso electoral justo y transparente”.
CRISTOSAL también invitó a la comunidad internacional y a la ciudadanía a estar vigilantes, y dar seguimiento el proceso a fin de garantizar el respeto a la voluntad popular.
