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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
En el contexto de los 12 años de haberse implementado la Ley Especial integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV), la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó su informe anual sobre la situación de violencia contra la mujer; en él destaca que, si bien ha habido un descenso en los feminicidios, El Salvador no sale de la lista de los países de América Latina con altas tasas de feminicidios de pareja.
En este informe se presentó un estudio cualitativo en torno a la jurisdicción especializada con la finalidad de analizar y discutir cómo se cumple la ley a 12 años de su implementación. Según dijo la organización, la violencia contra las mujeres ha sido reconocida como una grave violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, por lo cual, los Estados están obligados a prevenirla, atenderla y sancionarla de manera oportuna y efectiva.
“A 12 años de la aprobación de la LEIV, son evidentes los avances, retos y necesidades en cuanto al y sanción de las diversas formas de violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos: familiar, comunitario, educativo, institucional o laboral”, planteó ORMUSA.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2021, once países de América Latina registraron una tasa igual o superior a una víctima de feminicidio por cada 100.000 mujeres (Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay).
Las mayores tasas de feminicidios se registraron en Honduras (4,6 casos por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,7 casos por cada 100.000 mujeres) y El Salvador (2,4 casos por cada 100.000 mujeres).
Vilma Vaquerano, coordinadora del observatorio de ORMUSA, reveló que si bien existe una disminución de feminicidios principalmente durante 2022, se han registrado 61 mujeres asesinadas, 16 de ellas fueron víctimas de su pareja o expareja.
“Precisamente uno de los señalamientos que hace el observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL es que El Salvador continúa dentro de los once países de Latinoamérica con altas tasas de feminicidios de pareja. Esto es de suma importancia porque cuando hablamos de violencia en nuestro país, es poner en la agenda la violencia contra las mujeres”, agregó Vaquerano.
La organización instó a que El Salvador debe atender los retos y necesidades para fortalecer la aplicación de la LEIV si se desea eliminar las causas estructurales de la violencia contra las mujeres.
Para Vaquerano los feminicidios “solo son la punta del iceberg”, ya que debajo de ese flagelo se encuentra la violencia sexual, intrafamiliar, trata de personas; en ese sentido, ayer mismo ORMUSA, con el apoyo de la Fundación AVON y agencias de cooperación presentó una campaña informativa en contra de la cultura de la violación.
Gerardo Martínez, encargado de comunicación corporativa de Fundación AVON, recordó que desde hace años apoyan a este programa de ORMUSA en beneficio de las mujeres y concientización para eliminar todo tipo de violencia.
“Nosotros como empresa que se preocupa por los temas que son más importantes para las mujeres; damos un acompañamiento y apoyo a través de las organizaciones; esto lo hacemos gracias al donativo que entregamos anualmente”, comentó Martínez. La fundación entrega anualmente $50,000 para la ejecución de sus proyectos. Con ello se benefician a un aproximado de 72 mil mujeres.
De acuerdo al informe elaborado por el observatorio, con base a entrevistas a funcionariado judicial, usuarias del centro de atención legal y psicológica de ORMUSA, análisis de sentencias y documentos oficiales, un avance importante propiciado por la LEIV es ampliar la mirada a otras formas de violencia que antes eran poco sancionadas como la violencia simbólica.
“Esta modalidad está inmersa en delitos como expresiones de violencia contra las mujeres, difusión ilegal de la información y acoso a través de las tecnologías de la información y comunicación, además, a ley ha facilitado sancionar algunos casos de violencia mujeres y niñas en el ámbito laboral o educativo, lo cual antes de la LEIV era más difícil”.
La organización no gubernamental sostuvo que es necesario la creación de más tribunales para que las víctimas no tengan que esperar tanto tiempo para obtener justicia, pues actualmente los casos demoran “hasta tres años”, lo cual es demasiado tiempo para lograr justicia y una reparación efectiva, aumentando el desgaste físico, emocional y económico de las víctimas.
Solo en 2020, el observatorio de violencia contra las mujeres de ORMUSA registró 133 casos de feminicidios, en el 2021, se registraron 131 y en el 2022 (hasta noviembre) se registran 61.
Vilma Vaquerano planteó que el Estado debe crear una oficina encargada de la atención a las víctimas y dar seguimiento a las medidas de reparación que se dicten judicialmente.
Dicha oficina sería responsable de supervisar que tales medidas se cumplan considerando el enfoque de derechos e interseccionalidad para ofrecer opciones diferenciadas de acuerdo a las necesidades, características e identidades de las mujeres.
Lo anterior facilitaría tener un mapeo de instituciones con responsabilidades en la atención de la violencia en los departamentos y municipios de residencia de las usuarias.
También, se debe fortalecer los servicios de atención a las víctimas de violencia de género para que cuando las mujeres se presenten a un juicio estén mejor preparadas para enfrentar el proceso judicial y a su agresor.
