El Salvador fuera del Acuerdo de Escazú
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Adela Bonilla, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, afirmó que este 22 de abril (jueves), entró en vigor el Acuerdo de Escazú, un compromiso sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, con el fin de generar precedentes democráticos y gobernanza ambiental en la región.
“Como colectivos de organizaciones ambientales, acompañadas por la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), consideramos que es urgente y necesario elevar el nivel de voluntad ética y política con el ambiente. Y convertir al país en un Estado parte del Acuerdo de Escazú, es esencial para crear garantías sobre el legítimo derecho del pueblo salvadoreño a vivir en un ambiente sano y desarrollo sustantivo”, afirmó Bonilla.
ACAFREMIN, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, el Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, junto a la PDDH, reiteraron la necesidad de un país más democrático, con vocación participativa y con enfoque de derechos humanos.
César Artiga -coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú- celebró la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en 24 países que firmaron y ratificaron este tratado internacional, al que El Salvador y Honduras, que participaron en el Comité de Negociaciones del Acuerdo de Escazú en Costa Rica, rechazaron al final firmar dicho acuerdo.
“Este es un hecho sin precedentes en la historia de América Latina y el Caribe, y a nivel global, porque el Acuerdo de Escazú, es el único instrumento en materia de derechos humanos, surgido de un proceso multilateral de Naciones Unidas (ONU), que contempla disposiciones y mandatos específicos a los Estados, para proteger a las personas defensoras de derechos ambientales”, explicó.
Asimismo, manifestó que Latinoamérica y el Caribe ha sido identificada como la “región más peligrosa del mundo para ejercer la defensa de los derechos ambientales”, por lo que alegó que era urgente y necesario que El Salvador, honre este tipo de compromisos internacionales.
“Hacemos un llamado al ciudadano presidente Nayib Bukele, a reconsiderar su posición, recordamos que el pasado 24 de septiembre de 2020, en cadena nacional -anunció- que no firmaría el Acuerdo de Escazú, y todavía no están claros los motivos del rechazo a la firma del acuerdo; y nos preocupa que exista una intención deliberada de cerrar todos los espacios de participación pública en el país, y que hay un rechazo en temas de transparencia y rendición de cuentas, que son precisamente, los derechos que contempla el Acuerdo de Escazú”, sostuvo Artiga.
Asimismo, manifestó que de los 24 países que han firmado están habilitados para ratificarlo, la cual no tiene fecha límite para ratificarse, mientras El Salvador la única vía posible para convertirse en un “Estado Parte del Acuerdo de Escazú”, es por la vía de la adhesión.
“Al ser un Estado republicano debe ser a iniciativa del ciudadano presidente, presentar el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa y con 43 votos nos podríamos convertir en un Estado parte del Acuerdo de Escazú. La comisión de Relaciones Exteriores del órgano Legislativo no puede estudiar la adhesión al Acuerdo de Escazú, si el ciudadano presidente no presenta el proyecto de ley”, manifestó.
Mientras, Omar Flores, abogado del Departamento de Derechos Económicos de FESPAD, compartió que toda sociedad que tenga “aspiraciones democráticas”, no puede negarse a suscribir acuerdos, como Escazú, ya que fortalece la gobernanza ambiental.
“En una sociedad democrática se promueve la justicia, en una sociedad democrática la participación ciudadana y se promueve la transparencia. Y por supuesto, la protección a las personas defensoras de derechos ambientales y humanos y todo esto se da, en una sociedad democrática. Y en este sentido, nos regocija que entre en vigencia este acuerdo. No obstante, nos preocupa que en El Salvador pues no se haya suscrito en el período establecido en el Acuerdo de Escazú, y mucho mas lamentable que no identificamos las causas de por qué no se suscribió”, acotó Flores.
José David Sandoval, procurador adjunto de Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lamentó que se perdiera la oportunidad el año pasado de firmar el Acuerdo de Escazú, pese al llamamiento de la institución tutelar de derechos, a honrar este compromiso que fortalecería las garantías de la población.
“Para la PDDH, es sumamente importante la ratificación de este acuerdo internacional, ya que la columna vertebral del tratado permite el acceso a la información, justicia y participación ciudadana. Hemos sido testigos, de lo esencial de este tratado para el país. Y citó el caso de la represa en el río Sensunapan (Sonsonate), el año pasado en donde se dio una consulta pública en medio de la pandemia o el caso de Valle El Ángel, que la población ignora cómo se dio la consulta pública para ese proyecto, entonces, es importante la aprobación del Acuerdo de Escazú”, ejemplificó Sandoval.