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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe Anual 2022, en el cual evalúa los avances y desafíos en materia de derechos y democracia de los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), reiteró, con respecto a El Salvador, su “preocupación” en la garantía y protección de los derechos humanos de su población.
La CIDH reconoce al avance de El Salvador en la reducción de cifras de homicidios, las medidas para promover la igualdad de género (2021-2025), la Ley del ISDEMU y modificaciones al Código Procesal Penal para evitar la revictimización a víctimas o testigos en casos de violencia de género, de libertad sexual, así como la reforma a la Ley de Nombre en la persona natural para el cambio de nombre por razones de identidad de género.
No obstante, la CIDH advierte al Estado de El Salvador de sus “desafíos” ante la reiterada intranquilidad respecto a la suspensión de derechos y garantías de la población en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo del 2022.
A las que suman las diversas denuncias recibidas por la CIDH, en materia de violaciones a derechos humanos como los informes sobre detenciones masivas y arbitrarias que se relacionaban con “criterios discriminatorios”, las violaciones a la protección judicial y las garantías judiciales, así como severas restricciones a los derechos de las personas privadas de libertad.
La CIDH instó al Estado salvadoreño a asegurar las políticas de seguridad ciudadana y penitenciaria, implementando el respeto a los derechos humanos, luego de conocer las respuestas que el Estado de El Salvador le enviara ante la solicitud de información del ente regional presentadas el 22 de noviembre y 12 de diciembre de 2022.
Sobre temas específicos, la CIDH señaló la preocupación surgida a lo largo del año pasado por los hechos relacionados a la seguridad ciudadana, la institucionalidad democrática y el acceso a la justicia en El Salvador.
El Estado salvadoreño informó a la CIDH que la seguridad pública “ha sido establecida como un tema de prioridad nacional” a través del Plan Control Territorial (2019), que fue estabñecodo debido a una “ola de violencia, como respuesta de los grupos delincuenciales que arrebató la vida de al menos 92 personas el año pasado.
El Estado aseguró a la CIDH que con la perturbación del orden público hubo una evidente “emergencia nacional” , para adoptar un Régimen de Excepción, porque amenazaba la independencia y seguridad del Estado, en donde las instituciones encargadas de la seguridad pública podrían cumplir la obligación del Estado en la tutela efectiva de los derechos de la población.
“En ese contexto, la CIDH conoció el despliegue de operativos nacionales conjuntos entre la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas, así como la preocupación de organizaciones de la sociedad civil respecto a detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”, afirma.
Ante dicha información la CIDH reiteró que tuvo conocimiento sobre la aprobación con dispensa de trámite de un conjunto de iniciativas legislativas que reformaron la legislación penal y procesal penal para el combate al crimen organizado, por lo que la Comisión solicitó información al Estado salvadoreño, sobre las razones, objeto y fin de esta declaratoria de excepción, sobre los operativos de seguridad y las detenciones realizadas, y cómo aseguraban las “garantías judiciales” de las personas detenidas.
“De acuerdo a información difundida por la Fiscalía General de la República, al 13 de diciembre de 2022 se habían detenido 59,600 personas, de las cuales 2,100 fueron liberadas y 53,146 se encontraban en prisión preventiva decretada”, señala el informe.
“Las organizaciones denunciaron la práctica de detenciones masivas ilegales, arbitrarias, basadas en perfiles discriminatorios a partir de la edad, condición socioeconómica, apariencia física o lugar de residencia. También informaron sobre la decretación automática de la prisión preventiva, las audiencias masivas y con restricciones a las garantías judiciales y a la protección judicial”, reseñaron.
En este contexto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque reconoció la importancia de reducción de las tasas de criminalidad y en particular las referidas a los homicidios cometidos en El Salvador, no omitió advertir que las acciones de prevención y disuasión de la violencia y los delitos deben ser adoptados sin comprometer los derechos humanos, y cuya plena vigencia es la regla en un estado de derecho
“En este contexto, la CIDH manifiesta su disposición para realizar una visita al país y colaborar técnicamente en la implementación de los estándares interamericanos en ese sentido”, añade.
Mientras, en el tema de personas operadoras de justicia y el estado de la independencia judicial en El Salvador, la CIDH expresó, “que la independencia judicial continúa siendo un aspecto de preocupación” con la reforma a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (2021).
Añade que la Comisión recibió el año pasado información de actos de acoso por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en contra de jueces. Y sobre citaciones presuntamente injustificadas ante la Fiscalía General de la República.
Y sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, la CIDH, observó, que durante el 2022, hubo desafíos en cuanto al ejercicio de la defensa de derechos humanos que realizan estas personas.
La CIDH destaca la hostilidad hacia las organizaciones de la sociedad civil, quienes compartieron información que entre enero a junio de 2022 hubo un registro de 81 agresiones en contra de 40 defensoras de derechos humanos, las que fueron realizadas a través de medios digitales.
El organimso hemisférico también se refiere al incremento en los discursos estigmatizantes y de desprestigio en contra de las asociaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos, las cuales provinieron de las más altas autoridades del Estado y sus funcionarios.
“La Comisión recuerda que, la descalificación de las labores realizadas por estas personas defensoras de derechos humanos a través de pronunciamientos de funcionarias del Estado, genera una estigmatización, y a la vez, puede promover un clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población que dificulte el ejercicio legítimo de su libertad de asociación”, afirma el informe.
En cuanto a la materia de Memoria, Verdad y Justicia, la CIDH reseñó que el conocimiento de la derogación de la conmemoración del Día Nacional de la Paz, en el día 16 de enero por medio de decreto legislativo (267), por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, tuvo que ser materia de consulta pública.
La CIDH reconoció que diferentes sectores sociales expresaron insatisfacción por esa decisión ante la relevancia de la firma de los Acuerdos de Paz, por lo que la Comisión recordó al Estado salvadoreño que las iniciativas en reconocimiento a la memoria de las víctimas deben ser desarrolladas con la participación de toda la sociedad buscando construir una paz inclusiva.
