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Nelson de Jesús Quintanilla Gómez
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El FODES es el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de EL Salvador. Además, es un fondo constituido por las transferencias de recursos financieros del presupuesto nacional que por ley corresponde a las municipalidades del país. Desde luego, es una Ley que fue aprobada el 8 septiembre de 1988, por medio del Decreto Legislativo No. 74, mediante el cual se asignó el monto inicial de la transferencia por valor de ¢ 25 millones de colones ó US$ 2,857,142 .80 provenientes de los Ingresos Corrientes del Presupuesto del Estado, equivalente a aproximadamente a 0. 97% del mismo y desde esa fecha hasta la llegada del gobierno de Bukele esta había llegado a un 10% del presupuesto general de la nación.
Con el nuevo gobierno no se les pago a las municipalidades por casi un año. Desde luego, dicha medida afectó severamente el desarrollo local y el normal funcionamiento de algunas alcaldías, sobre todo, las mas pequeñas. Dicha acción no solo violenta la ley, sino que afecta derechos de trabajadores municipales que recibían sus salarios con parte de ese fondo. A la fecha se ha pagado una parte, pero además se ha dicho que ya no se dará ese porcentaje, ahora se dará 1.5% y el resto se centralizará en una nueva institución del Estado.
Este día y sin discusión alguna los diputados oficialistas aprobaron una nueva Ley de creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) que en teoría y en discurso pretende dar mayor liquidez a las alcaldías y optimizar el uso de los recursos para beneficio de los territorios. Dicho fondo, estará constituido por un aporte anual del Estado, igual al 1.5 por ciento de los ingresos corrientes netos del presupuesto general del Estado, según establece el artículo 1 de la ley. Además, en la nueva normativa se determina que el Ministerio de Hacienda asumirá el pago de créditos de las alcaldías con instituciones financieras, en donde esté comprometido dinero del FODES, que suma en total $629 millones. Es decir, las municipalidades no asumirán el pago de la deuda, debido a que no será cargado al porcentaje del FODES que se les otorgará, sino que será la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda la que hará el pago de todo el déficit hasta finalizar su liquidación.
Ahora el gobierno central contara con 8.5% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado para invertir en el desarrollo de las municipalidades, pero no hay un mecanismo que permita la transparencia y la rendición de cuentas de dichos fondos, por lo que se presta para el mal manejo de los mismos sin que el pueblo se de cuenta. Desde luego, anteriormente el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) era el encargado de liquidar las deudas de las alcaldías respecto al FODES. Sin embargo, cobraba una comisión por brindar ese servicio a las municipalidades pero que ahora ya no se recolectará y seria absurdo puesto que es el gobierno central el que asume dicha responsabilidad.
Los diputados oficialistas en sus discursos plantearon que la ley pretende velar por el desarrollo de los municipios y «acabar con la mafia en las alcaldías», a la vez criticaron que en administraciones pasadas el dinero no era ejecutado para beneficio de las personas. Desde luego, “la mafia ahora pasa a manos del ejecutivo”, ahora habrá más corrupción y menos desarrollo local porque cubrir la demanda de 262 alcaldías en un periodo de 2 años 4 meses aproximadamente será imposible cumplir. Además, en la ley se establece que el ISDEM debe trasladar al ministerio toda la base de datos, historial y deuda de cada municipio para cancelar directamente a las entidades crediticias del sistema financiero nacional los montos correspondientes.
La bancada oficialista de diputados hizo un posicionamiento de aprobación de la nueva Ley asumiendo que anteriormente el FODES perdió completamente el espíritu de su creación, porque servía para pagar campañas electorales o se redestinaba el dinero a las cuentas personales de los alcaldes corruptos. La pregunta es ¿si tienen pruebas de ello porque no hacen las denuncias correspondientes? Es de tener en cuenta que un 25% son fondos con libre disponibilidad y servirán para gastos generales de las comunas y un 75% para obras de desarrollo. Según la nueva normativa, el primer porcentaje se entregará a las municipalidades; mientras que el restante (75%) será administrado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para la ejecución de proyectos de infraestructura.
Otro argumento del oficialismo para aprobar la nueva normativa es que la ley vigente tiene más de 30 años (1988) y ha experimentado más de 37 prórrogas y disposiciones transitorias. Según ellos, era necesario actualizar esta ley para poder hacer proyectos con gran impacto social y económico. El progreso y el desarrollo sí van a llegar a los diferentes municipios del país. Hasta no ver no creer dice el dicho y por lo mostrado hasta ahora la suerte de los municipios queda sometida a la voluntad del presidente y sus asesores.
Hay que tener en cuenta que los partidos ARENA, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos no dieron sus votos para la conformación de la ley y cuestionaron que no se haya consultado con los alcaldes para su aprobación. Es decir, es una ley inconsulta y si discusión alguna, la opinión de los alcaldes no cuenta no se toma en cuenta para este gobierno. Esta acción no es mas que un retroceso en la gestión del desarrollo local y un espacio mas para la corruptela galopante en el gobierno. Adiós participación ciudadana en la gestión de proyectos comunales, la orden viene desde casa presidencial de que hacer.
