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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Se ha institucionalizado la violación al debido proceso en El Salvador, y por ello, están surgiendo otros abusos como la práctica de la tortura, las muertes en cárceles y la falta del debido proceso, que es atropellado a diario en el país a partir de este régimen”, explicó David Morales, abogado y ex procurador de la PDDH.
En el conversatorio promovido por la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, sobre las “Normativas Nacionales e Internacionales sobre el Debido Proceso a Personas Detenidas Arbitrariamente”, permitió que varios expertos jurídicos y en derechos humanos abordaran el tema y las posibles implicaciones de un Estado autoritario en la población salvadoreña.
Morales señaló que en este contexto del régimen de excepción se infringe el derecho a la defensa de las personas capturadas, la ausencia de jueces o juezas independientes porque la mayoría han sido nombrados de “ manera casi ilegal” , junto al accionar de la Fiscalía General de la República, que va en contra de miles de personas inocentes.
“El régimen del presidente Nayib Bukele y sus diputados, que han impuesto reformas penales que atentan contra la Constitución. Ya no se trata de un régimen de excepción, si no de una situación de tiempo indefinido y normalizadan que viola los derechos en la Constitución”, agregó.
“El presidente (Nayib) Bukele es el promotor de esta política y sus funcionarios de seguridad, así como la imposición del Fiscal General y los puestos judiciales que deberían respetar la Constitución y actuar para combatir la criminalidad y el Crimen Organizado, especialmente de las pandillas, pero en el marco de la ley, con respeto a los derechos humanos”, expresó Morales.
Morales desvirtuó que para “ser efectivo en seguridad se tiene que torturar”, tras considerar que el maltratar, matar y desbaratar la independencia judicial no se contribuye a un Estado de Derecho. Al contrario, existen diversos ejemplos de países en el mundo que sus prácticas son de leyes respetuosas efectivas en el combate de la criminalidad.
“Este tipo de políticas genera graves abusos en miles de personas inocentes, y ha destruido el Estado de Derecho en El Salvador. Ahora se ha instalado un Estado autoritario, no hay una democracia en el país, y lo grave es que podemos llegar a un punto de no retorno en la construcción democrática relativamente exitosa que generaron los Acuerdos de Paz”, indicó.
“Una política del más alto nivel impulsada por el presidente y sus titulares de seguridad, que sistemáticamente violenta los derechos humanos, con un desbaratamiento del poder judicial a partir del Golpe de Estado que sabemos se dio el 2021, con la destitución de la Sala de lo Constitucional, al imposición del Fiscal General y la purga de 100 jueces, que fueron colocados o impuestos porque son leales al régimen autoritario”, acotó Morales.
El coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Ovidio Mauricio González, señaló como “graves violaciones” las detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción.
González señaló que solo existen dos situaciones por las cuales se autoriza a una detención: por orden escrita o cuando se encuentra una persona en momento de “flagrancia” (cuando comete el delito) y muchas de las últimas capturas ninguna encaja en la ley.
“Han realizado las capturas, a veces con engaño, otras con artimañas, por los agentes policiales o soldados, que les han pedido a las personas que salgan de sus hogares y los acompañen para hacerles unas preguntas o han allanado sus casas, pese a no tener facultad para hacer eso y reiteró aunque esté vigente el régimen de excepción es ilegal el procedimiento”, sostuvo.
“La situación termina en la detención de la persona que pierde su dignidad, que en el recinto solo les dan un tiempo de comida y eso es atenta contra la dignidad de una persona, y es tortura porque es trato cruel y denigrante. Ese espantoso video en donde sacan a los -supuestos pandilleros- que ha sido criticado por muchos países que lo comparan con un campo de concentración, esa es la situación grave en nuestro país”, acotó González.
Esta situación de “ausencia de justicia”, indicó el coordinador de Tutela Legal MJH, deja en evidencia el “autoritarismo del régimen”, cuando lo comparó con investigaciones apegadas a ley que realizan en Estados Unidos, las cuales respaldadas por investigaciones con pruebas técnicas y científicas, no los exime de cometer injusticias que llevan a personas inocentes a la cárcel, por lo que consideró vital la fiscalización social para evitar abusos desde el Estado como históricamente se ha hecho en el país.
“La detención de los directivos de Santa Marta, allá en Cabañas, un sólo testigo de preferencia -que dijo que le contaron- fue lo que hizo falta para capturar a las personas. Ese es el sistema de justicia que tenemos. Muchas familias están viviendo estos procesos amañados, fraudulentos en donde los familiares ni reciben información o son liberados de noche exponiéndolos”, sostuvo.
“Es una problemática grande la que tenemos y ese video de esa megacárcel es a propósito de una campaña, está hecho para propaganda que la gente vea como llevan a los reos y los golpean porque la persona pierde su dignidad. Es actuar venganza por venganza , odio por odio, y esto es solo para ganar las elecciones y mantener el poder”, aseguró González.
Celia Medrano, consultora en Derechos Humanos, refirió sus valoraciones al contexto actual y la violación del debido proceso que se constituye en un conjunto de derechos contenidos en diferentes instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por el Estado salvadoreño y como tal son vinculantes.
“Solo quiero señalar algunos aspectos, y creo que deberíamos dejar de hablar del régimen de excepción, porque de excepcional no tiene nada o de las condiciones de excepcionalidad que la motivó”, afirmó.
“La Constitución de la República y la normativa internacional permite que un Estado en un momento inusual tome medidas extraordinarias para enfrentar esa situación en ninguna parte del mundo se ha planteado que un Régimen de Excepción cumpla doce meses de vigencia”, indicó Medrano.
Del régimen, acotó Medrano, ya no debería ser citado por los periodistas y la ciudadanía como de “excepción”, porque esto “alimentaba” la propaganda publicitaria y propagandística oficial que algo se estaba haciendo en el tema de la criminalidad en el país.
“En lugar de llamarle régimen de excepción, es un Régimen de Suspensión Permanente de Garantías Constitucionales y de Garantías de Derecho de Protección a los Derechos Humanos de las Personas, en eso debemos reflexionar y no repetir más la propaganda oficial, porque hace 11 meses dejó de ser excepcional”, aclaró.
“El otro aspecto que debo mencionar es que hay situaciones y normativa internacional que es clara, independientemente de la emergencia que pueda darse en una situación nacional hay un núcleo duro de derechos humanos que no puede ser violentado aún invocando un régimen de excepción o un régimen de calamidad”, recordó Medrano.
Sobre la “popularidad del Régimen de Excepción” , la analista en derechos humanos expresó que era “indiscutible el alivio que muchas personas pueden sentir temporalmente” con esta situación en diferentes zonas en donde han vivido durante décadas en un gobernanza criminal realizada por pandillas.
“Se entiende que esa gobernanza criminal que llegó a sustituir la autoridad estatal en determinadas comunidades no pudo jamás haberse desarrollado sin la ausencia o la inacción de las autoridades, y eso también es una violación por parte del Estado, entonces, la reacción que toma con mucha beligerancia en el mundo es la gobernanza punitiva en respuesta a la gobernanza criminal, que muchos actores públicos y gobernantes les agrada porque es populismo punitivo que no apela a los deseos de justicia de la población, si no a provocar, motivar, incentivar y azuzar los sentimientos de venganza de la población”, puntualizó Medrano.
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