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Por Luis Beatón
Corresponsal jefe de Prensa Latina en El Salvador
Tal vez sean pocos los países donde los asesinatos, aun conociéndose sus ejecutores, se mantienen sin solución por el aparato judicial y no por falta de pruebas sino por la poca voluntad política de enfrentar los hechos.
Uno de los casos es El Salvador con miles de personas que claman por justicia concluido el conflicto de los años 80 del pasado siglo que enfrentó a salvadoreños con salvadoreños y dejó una larga estela de muertos y desaparecidos.
Hay casos conocidos y sonados en el mundo, la masacre de El Mozote, donde murieron cerca de mil civiles, muchos niños, a mano de militares armados y entrenados por estadounidenses, cuyo gobierno inyectaba a la contienda casi un millón de dólares diarios, según denunció hace meses el presidente Nayib Bukele.
Tampoco se olvida el caso de cuatro comunicadores de Países Bajos, emboscados y eliminados por fuerzas élites en un afán de evitar que la barbarie que vivía el pueblo salvadoreño fuera divulgada en el exterior.
La lista es larga e incluye, entre otros a los jesuitas muertos por militares y con la complicidad y consentimiento del entonces presidente Alfredo Cristiani, del partido Arena.
Otro crimen que se mantiene impune y es recordado ahora al cumplirse en estos días el 15 de agosto, el 106 natalicio del único santo salvadoreño.
San Oscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, San Miguel, y fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba una misa en la capilla del hospitalito de la Divina Providencia en San Salvador.
El 23 de mayo de 2015, Monseñor Romero fue beatificado ante una multitud reunida en la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador.
Luego fue santificado en Roma. Pero pasaron ya más de 43 años y su asesinato continúa cubierto por el manto de impunidad que todavía reina en El Salvador, dijo a Prensa Latina Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos.
Cuesta entender a un pueblo que se dice y reconoce como cristiano, y que todavía a estas alturas acepte que los asesinos de su único santo se mantengan en la impunidad, pese a que se conocen algunas figuras implicadas.
Fue el caso del fundador del Partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Roberto d’Aubuisson, militar y político de extrema derecha, quien se llevó a la tumba secretos sobre el asesinato de Romero.
Según Pérez, no hay dudas que la impunidad de ayer es la de hoy. Hace un año en el séptimo aniversario de la beatificación de San Romero, el Cardenal Rosa Chávez y el postulador de la Causa de canonización, Monseñor Rafael Urrutia, realizaron dos profundas reflexiones sobre este santo, modelo, ejemplo a seguir para todos los católicos, perseguido por defender a los más débiles, explicaron.
Esa prédica le costó la vida al quinto Arzobispo de El Salvador. Según la historia, a Romero se le atribuye de la curación inexplicable de una mujer salvadoreña embarazada cuya vida estaba en peligro en el momento del parto, milagro elevado para ser canonizado por el papa Francisco en el Vaticano.
Sin embargo, y pese a las demoras, ese proceso terminó mientras los responsables de su muerte viven sin ser juzgados, al igual que los culpables de tantas otros delitos durante la guerra en este país, financiada con fondos extranjeros.
Los esfuerzos y reclamos populares poco lograron por llevar ante la justicia a los culpables, algunos ocultos en Estados Unidos o en Guatemala u en otros lugares, según denuncias.
Monseñor Romero, a 106 años de su nacimiento, encabeza la lista de las víctimas de la impunidad en este país y es una vergüenza que le hagan santo y todavía aquí no le hagan justicia, aseguró hace meses a BBC Mundo José Lazo, coordinador de Probúsqueda, una ONG que investiga casos de desaparecidos de la Guerra Civil (1980 y 1992).
El hecho de que todavía no se hayan sentenciado a los responsables de su muerte y que no se esté haciendo prácticamente nada para encausarlos es un símbolo de cómo la justicia no llegó para los que sufrieron en carne propia el conflicto armado, dijo entonces Lazo.
Un día antes de su asesinato, el prelado, durante una homilía en la Catedral de San Salvador, llamó a los militares a desobedecer las órdenes de reprimir y matar al pueblo, un pronunciamiento que lo sentenció a muerte, según cronistas de la época.
Los presuntos culpables, como el ya fallecido D´Aubuisson, y los capitanes Alberto Saravia y Eduardo Ávila, así como a Fernando Sagrera y Mario Molina, nunca respondieron ante la justicia.
Mientras, como decía un cronista recientemente, en El Salvador, los altares lloran y el pueblo clama por justicia tanto por Romero como por las miles de víctimas inocentes de aquella guerra, entre los cuales se encuentran los jesuitas mártires de la Universidad Centroamericana (UCA).
Recientemente, la Conferencia Episcopal de El Salvador inició el proceso para la canonización de un «grupo grande» de «mártires» del conflicto armado interno, apuntó en días recientes el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.
El sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría y sus cinco compañeros y dos colaboradoras asesinados en la Universidad Centroamericana (UCA), en 1989, serán promovidos para ser declarados santos junto a una decena de sacerdotes y religiosos asesinados durante la guerra civil salvadoreña.
Como el crimen de San Oscar Romero también continúa impune el del padre Ignacio Ellacuría y otros religiosos y colaboradores por orden de Cristiani.
La masacre, perpetrada en la UCA el 16 de noviembre de 1989 por un comando militar del batallón Atlacatl, aconteció mientras se desarrollaba una intensa ofensiva guerrillera en San Salvador y su periferia.
Los asesinatos de los sacerdotes de 1977 y 1980, incluido Romero, quedaron sin castigo, pero hoy los salvadoreños aún tienen fe en que los culpables comparezcan ante la justicia.
