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Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Doctor en Ciencias Sociales mención Gerencia y profesor universitario de la UES
Con una larga experiencia en actos de corrupción el partido ARENA y GANA pretenden ganar las elecciones de febrero de 2019 con unos candidatos que tienen un discurso anticorrupción que el pueblo ya no se los cree, es más, no deberían de participar porque por esos delitos de lavado y peculado deben ser cancelados por el TSE y el fiscal general de la República está obligado a realizar la solicitud correspondiente.
La jornada de testimonios ha dado inicio en la vista pública contra exfuncionarios del último gobierno de ARENA, encabezada por el expresidente de la República Elías Antonio Saca, siendo el primero en relatar la utilización de fondos del Estado, de forma discrecional, mediante un mecanismo histórico heredado de gobiernos anteriores al suyo (Colatino, 2018).
El exmandatario admitió haber cometido el delito de peculado y lavado de dinero, con fondos provenientes de las cuentas del Tesoro Público de Casa Presidencial. Tal y como había acordado con la Fiscalía General de la República (FGR) para verse beneficiado con la reducción de pena y un proceso abreviado. Esto aunque la ley lo permite no debería hacerse así porque es burlarse del pueblo y dejar de aplicar una verdadera justicia.
De igual manera, en sus declaraciones reconoce que recibió a través de 47 cheques un monto de $13 millones 370 mil y luego que se los pasó a Elmer Charlaix para que luego se depositaran en sus cuentas bancarias.
El expresidente reconoció que en aras de mantener una “buena imagen” de su presidencia propuso un arreglo con empresas de publicidad, a quienes les entregó 100 mil dólares mensuales, entre estas instituciones destacó American Publicidad, Funes y Asociados y ANLE, entidades que sí prestaron sus servicios. En estos casos no aparecen los de democracia limpia justamente porque son los mismos o por lo menos son tapadera de la corrupción.
También acordó con estas agencias que el 80% del dinero recibido iba a destinarse a su grupo radial y el 20% quedaba en las agencias. Para buscar mejorar la imagen de la presidencia, se amplió el gasto en publicidad con fondos de gastos reservados. Este tipo de acciones no deben ser perdonado con media pena, eso es dejar en la impunidad parte de los delitos de corrupción.
En tal sentido, Jorge Hernández, periodista de profesión y exempleado de TCS, también se vio beneficiado con fondos del Estado a través del pago por servicios prestados para la presidencia que oscilaba entre 10 mil dólares mensuales, ya que según Saca ayudaba a mantener “la buena imagen de la presidencia”. Saca confesó que le pidió a Jorge Hernández crear sociedades para triangular dinero y justificar el desvío de los fondos. Jorge Hernández guarda prisión domiciliar, luego que aceptara ser testigo criteriado de la Fiscalía General de la República.
El expresidente Saca dijo que se hacían compras a nombre de empresas o sociedades para evitar ser rastreado. Algunas de estas compras se hicieron entre el año 2009 al 2012, entre las que se encuentran lotes, apartamentos y casas. Solamente en el año 2007 Saca compró 12 propiedades a través de testaferros, incluyendo ocho lotes en La Paz y dos casas en Antiguo Cuscatlán.
Saca reconoció que en su gobierno se continuó con una tradición proveniente de gobiernos anteriores, en la que se les entregaba un salario extra a funcionarios, titulares de ministerios e instituciones del Gobierno. Este es el modus operandi de los gobiernos de ARENA; Cristiani y Calderón Sol no han sido enjuiciados porque los delitos de corrupción prescriben a los 10 años y al primero que se enjuició fue al expresidente Francisco Flores.
“Antes de asumir la presidencia también me enteré sobre salarios que se le cancelarían en cada uno de los miembros del gabinete de gobierno y cuando asumí le ordené a Elmer Charlaix que se le pagara a los funcionarios, como pagos de gastos compensatorios por medio de la secretaría privada de la presidencia”, dijo en la audiencia el señor Saca.
Por otro lado, Elías Antonio Saca confirmó que se le entregaban cheques a través de Pablo Gómez, que no sabía a quiénes entregaba dinero del Estado al partido ARENA, en promedio dijo Saca que eran 400 mil dólares, no obstante, luego admitió que “eran otros millones”. Más tarde la Fiscalía reconoció que 7 millones 650 mil dólares más fueron destinados al partido ARENA.
En este sentido, el partido ARENA, a través de las redes sociales, manifestó que durante el periodo 2004-2009 Antonio Saca fue presidente de la República y de la entidad política simultáneamente. Y que sus registros contables de esa época “desaparecieron”. Esto es matar la evidencia y mostrar su verdadero interés por ocultar la corrupción galopante.
La Fiscalía General de la República este día 10 de agosto procedió a inmovilizar 35 bienes inmuebles vinculados al expresidente Elías Antonio Saca y el resto de imputados en el caso ”Destape a la corrupción”. Estos inmuebles pasan desde hoy bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
El fiscal general de la República Douglas Meléndez ha asegurado que en la semana se han incautado 35 inmuebles, 25 de estos a nombre de Elías Antonio Saca, producto de la investigación que se está llevando a cabo por actos de corrupción de uno de los gobiernos del partido ARENA.
Además, se han incautado: 46 vehículos, 36 productos financieros, 86 frecuencias, con sus licencias o permisos, 16 signos distintivos o marcas, 11 locales en San Salvador, San Miguel, Sonsonate, Usulután, Ahuachapán, La Libertad y La Unión. Entre algunos inmuebles la Fiscalía reporta una residencia de Saca ubicada en el cantón El Carmen, en las faldas del volcán de San Salvador, valorada en 8 millones de dólares.
