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Luis Armando González
Esta visión de El Salvador como un país que goza de una “paz social” obvia el malestar social acumulado que, por ejemplo, hizo eclosión en la huelga convocada por ANDES en 1968, y que está dando lugar a un proceso de organización campesina que encuentra en la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), creada en 1969, su mejor expresión. Detrás de ese malestar, están las dificultades para vivir que enfrentan los sectores populares en la ciudad y el campo1. Solo para apuntar un dato contundente: en 1970 los sectores alto y muy altos de El Salvador, que constituyen el 20% de la población, registran un nivel de ingresos de un 60%, mientras que el sector bajo, que absorbe al 50% de la población, percibe solamente el 16%, lo cual introduce una desigualdad económica extrema entre los sectores populares y la élite de poder económico2. A estas desigualdades se añade no solo la conciencia de lo lacerante de ellas, sino la convicción cada vez más firme de que el Estado militarizado es su garante y sostén político.
Esta convicción es la que permite articular la alianza política que competirá como Unión Nacional Opositora (UNO) en las elecciones de 1972. Esta alianza –que integra al Partido Demócrata Cristiano (PDC), al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y a la Unión Democrática Nacionalista (UDN)— pone a prueba los presuntos principios democráticos de los que hace alarde el gobierno de Sánchez Hernández y el régimen no pasa la prueba. La UNO lleva como candidato a la presidencia al ingeniero José Napoleón Duarte, mientras que el PCN al coronel Arturo Armando Molina. En un proceso electoral plagado de irregularidades y en el cual las sospechas de fraude son cada vez mayores, ninguno de los dos candidatos obtiene la mayoría absoluta, por lo que la Asamblea Legislativa debe elegir al Presidente y Vicepresidente de la República (tal como lo establece la Constitución de 1962, Art. 77, numeral 5º).
La elección recae sobre el candidato oficial, lo cual genera descontento en quienes se consideran legítimos ganadores. El 25 de marzo de 1972, un alzamiento liderado por el coronel Benjamín Mejía –que se opone al nombramiento del coronel Molina como presidente— obtiene el apoyo de los comandantes de los cuarteles de San Salvador y da lugar a refriegas armadas entre los militares rebeldes y los sectores leales del Ejército. El alzamiento fracasa y, además de varios muertos y heridos, lleva al exilio al ingeniero Duarte y otros líderes de la oposición3.
El gobierno del coronel Molina se inicia con el estigma del fraude y la violencia política. El encumbramiento de Molina a la presidencia de la República constituía la negación de los principios democráticos suscritos por su antecesor en la silla presidencial. No obstante eso, Molina intenta continuar con la idea de convertir al Estado en el motor de las transformaciones sociales y económicas requeridas por El Salvador. Se trata de la concepción según la cual el Estado es un “árbitro”, no identificado con los intereses de grupos particulares, sino con un proyecto más amplio: un proyecto de desarrollo nacional. Hay un tema que preocupa fuertemente a distintos sectores de la vida nacional: el tema agrario.
Es evidente que no solo las condiciones de vida campesina son extremadamente precarias4, sino que es necesario introducir reformas en la estructura agraria, de forma que se potencie, desde esas reformas, el relanzamiento del proyecto de industrialización iniciado con Osorio. Este fue el propósito del coronel Molina cuando decide promover una “transformación agraria” en 1976. Al proponerse tal meta, quiso hacer realidad el precepto constitucional de 1962, que otorga al Estado la facultad de realizar expropiaciones si las mismas convienen al interés nacional y ayudan al fomento de la justicia social.
Este espíritu es el que se plasma en el Decreto Legislativo No. 31, del primer proyecto de transformación agraria, según el cual “de acuerdo con la Constitución Política, el régimen económico de la República debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano, y que, asimismo, se reconoce y garantiza la propiedad privada en función social”5. Se trata, no obstante, de un proyecto al que no le son ajenas las pretensiones de reducir la conflictividad en el agro. “En un intento por reducir la tensión en el campo –dice un documento de la CEPAL—, el Gobierno anunció un plan de reforma agraria en 1976 y se creó además el Instituto Salvadoreño para la Transformación Agraria (ISTA). El proyecto afectaría a un área equivalente a menos del 4% de la tierra agrícola del país y estipulaba una fuerte compensación a los propietarios”6.
El Proyecto de Ley de Transformación Agraria desencadenó, en su apoyo, una movilización social inmediata. En esta dinámica participan activamente la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS) y la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), que organizan seminarios de discusión y elaboran propuestas para las autoridades. Sectores del gran capital y terratenientes, organizados en el Frente de Agricultores para la Región Oriental (FARO) se oponen con virulencia, usando como medio de expresión a La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, al proyecto reformista del gobierno de Molina, al punto de obligarlo a desistir de sus propósitos. En la visión de Ignacio Ellacuría, plasmada en un importante editorial de la Revista ECA –cuya publicación le costó a esa universidad el subsidio gubernamental que entonces recibía— el gobierno de Molina no tuvo más opción que decir “a sus órdenes mi capital”.
La transformación agraria, sin suponer un cambio radical en la estructura económica salvadoreña, apuntaba a una reconversión del aparato económico que, por un lado, se orientaría más fuertemente hacia la industria y, por otro, restaría presión a las demandas campesinas, motivadas por las graves precariedades socio-económicas. Se trataba de un seguro de vida para el capitalismo y los capitalistas salvadoreños7; pero, sus sectores más cerrados y fanáticos se negaron a entenderlo así. Y del fracaso del proyecto reformista de Molina se siguió una agudización de las demandas populares, obreras y campesinas, sostenidas por la conciencia cada vez más clara de que el orden económico y social vigente urgía de cambios impostergables.
El clima de discusión creado en el país en el marco del lanzamiento y fracaso del Primer Proyecto de Transformación Agraria favoreció la profundización del proceso de organización popular campesina, que contaba con el respaldo activo de un sector de la Iglesia católica –especialmente de los jesuitas—, preocupado no solo por la precariedad de las condiciones de vida de la población campesina, sino por la violencia que se cernía sobre los campesinos organizados cuando reclamaban por sus derechos8. A FECCAS se había unido la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) en 1975, y ambas eran parte –junto con los maestros de ANDES 21 de Junio, los estudiantes organizados en el MERS, UR-19 y FUR-30, los pobladores de tugurios de la UPT y sindicalistas del Comité Coordinador de Sindicatos (CCS)— del Bloque Popular Revolucionario (BPR), nacido el 5 de agosto de 1975. Junto al BPR operaba el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), que había sido fundado en 1974, y que también contaba en sus filas con campesinos, jornaleros, obreros, estudiantes y profesionales9.
Hacia 1976, estas organizaciones populares han irrumpido con fuerza en el ambiente socio-político nacional. Sin embargo, todavía no tienen la capacidad de precipitar una crisis en el orden establecido. Y es que, aun con el fracaso de la transformación agraria de Molina y con toda la secuela de demandas sociales insatisfechas, hay quienes siguen apostando por un cambio político enmarcado en los cauces de la institucionalidad vigente. Es así como un sector de la oposición se alista para librar la batalla contra el candidato oficial en las elecciones del 20 de febrero de 1977. Se trata de probar si un relevo político de carácter pacífico y transparente es posible.
La UNO se prepara lo mejor que puede, con su candidato a la presidencia, el coronel retirado Ernesto Claramount Rozeville –y su compañero de fórmula, Antonio Morales Erlich—, para desafiar al general Carlos Humberto Romero, candidato por el PCN10. Este último resulta ganador, pero con graves anomalías que deslegitiman su triunfo a los ojos de amplios sectores sociales. El detalle de estas anomalías está recogido en el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado Derecho del sufragio y de participación en el gobierno, en el que incluso se detallan abusos cometidos en la elección de 1976, para alcaldes y diputados, en los que tuvieron un papel importante, amenazando a candidatos de la oposición, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Alfonso Rodríguez, jueces y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, policías y miembros de las organizaciones paramilitares FALANGE y ORDEN11.
La protesta pública no se hace esperar, casi inmediatamente después del anuncio del gane de Romero por el Consejo Central de Elecciones (CCE). Las dos semanas que siguieron al día de las elecciones fueron de una intensa agitación social popular, cuyo epicentro emblemático era la plaza Libertad, tomada por militantes y simpatizantes de la UNO. Los militares tuvieron poca paciencia con la presión popular, y el 28 de febrero desalojaron con lujo de fuerza la plaza, obligando a muchos de los manifestantes a refugiarse en la iglesia El Rosario.
1. Cfr., M. C. Flores, Surgimiento y desarrollo de las organizaciones populares en El Salvador, 1970-1980. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO-Sede académica de México, 1983, pp. 50 y ss.
2. Cfr., GAFICA, “Perspectivas para el desarrollo y la integración de la agricultura en Centroamérica”. En CEPAL-ONU, Desarrollo y política social en Centroamérica. México, 1976, p. 122.
3. Cfr., “La modernización y la guerra con Honduras”, pp. 300-301.
4. Cfr., S. Montes, El agro salvadoreño (1973-1980). San Salvador, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, 1980.
5. Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), Leyes y reglamentos. San Salvador, 1977, pp. 58-68.
6. CEPAL, La estructura agraria y el campesinado en El Salvador, Guatemala y Honduras. México, 7 de septiembre de 2001, p. 15.
7. Cfr., R. Zamora, “¿Seguro de vida o despojo? Análisis político de la transformación agraria”. ECA, No. 335-336, septiembre-octubre de 1976, pp. 511-534.
8. Cfr., L. A. González, “Iglesia, organizaciones populares y violencia sociopolítica”. En R. Cardenal y L. A. González, El Salvador: la transición y sus problemas…, pp. 232-258.
9. Cfr., S. Montes, El Salvador: las fuerzas sociales en la presente coyuntura (enero 1980-diciembre 1983). San Salvador, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, 1984.
10. Para un examen de estas elecciones, Cfr., S. Gordon, Crisis política y guerra en El Salvador. México, Siglo XXI, 1989, pp. 215 y ss.
11. CIDH, Derecho del sufragio y participación en el gobierno, en http://www.cidh.org/countryrep/ElSalvador78sp/cap9.htm.
